Avanza traslado de 600 presos de Cali a cárceles del Valle

La semana pasada el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció el traslado de 600 personas recluidas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata, URI, de Cali.

La medida busca descongestionar los centros de detención transitoria, donde hasta la semana pasada, según cifras de la Secretaría de Seguridad de Cali, se encontraban 1800 internos en condiciones de hacinamiento.

Los traslados, según explicó el jefe de la cartera de Justicia, se realizarán en los próximos días a cárceles y penitenciarías de la región.

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Aunque la noticia fue recibida con beneplácito en la ciudad, diversos sectores y analistas consultados por El País, coincidieron en que no resuelve una problemática que exige soluciones estructurales de infraestructura carcelaria, como cambios en política criminal.

El personero, Hárold Andrés Cortés, afirmó que ningún Gobierno ha tomado decisiones de fondo frente a la situación de hacinamiento.
“El hacinamiento en las cárceles es cada vez más escabroso, más miedoso, y va en aumento. Las medidas que se están tomando no sirven de mucho. Es decir, aumentar cupos en las cárceles o construir nuevos centros no son una solución de fondo”.

Una solución real, dijo, sería generar un cambio en la política criminal del país, que debe ser redireccionada a la resocialización y penas alternativas.

El derecho penal tendría que ser, por tanto, la última medida en el tema de conductas punibles.

“El Ministro viene haciendo un buen trabajo, pero en Cali estamos urgidos porque tenemos una cárcel con seis mil internos cuando el cupo es para 2046, es decir, un hacinamiento de casi el 300%, sin contar los más de 1700, entre condenados y sindicados, en las estaciones”, reiteró Cortés, y agregó que la única manera de que el traslado de las 600 personas surta efecto, es que se realice en un solo bloque y no por grupos de 20 o 30 internos, pues mientras salen 30 llegan otros 50.
Asimismo, pidió dar prioridad a los condenados y tener en cuenta las estaciones y URI donde hay mayor hacinamiento o que amenazan ruina.

Entre tanto, el concejal y exdirector regional del Inpec, Harvy Mosquera, expresó que el hacinamiento en estos centros alcanza el 74%, lo que representa, además, la ocupación de un alto número de policiales en funciones de custodia.

Sin embargo, por la urgencia de la situación comparte la decisión de Minjusticia de trasladar 600 personas a cárceles del departamento, “aunque esto solo sean pañitos de agua tibia”.

“Aquí se requieren medidas estructurales, como la construcción al interior de Villahermosa de un Centro de Detención Transitoria, que genere alrededor de 3000 nuevos cupos, reduciendo el hacinamiento y liberando a la Fuerza Pública de la responsabilidad de custodia de los detenidos”, insistió.

Esto se podría materializar apelando al Acuerdo Marco suscrito entre el Inpec, la Uspec, Minjusticia, Alcaldía de Cali y Gobernación en el 2018, que propone cofinanciar con recursos de la Nación y de los gobiernos local y departamental, la construcción de dicho centro al interior de Villahermosa.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Carlos Soler, coincidió con los anteriores en que “las soluciones son a largo y corto plazo”, para descongestionar las estaciones y URI de Cali.

La primera fase, aclaró, será la reubicación de las 600 personas que ya arrancó con el trasladó, el pasado miércoles, de cien reclusos.

Soler reveló que la idea es que en veinte días ya estén todos en las cárceles de Palmira, Cali y Jamundí.

Pero, recordó que antes de hacer los traslados se deben realizar pruebas covid, además de un aislamiento preventivo para evitar un contagio masivo en las cárceles.

“Entonces quedarían 1200 personas para reubicar en las cárceles que tienen otro tema de hacinamiento. Esto es algo que vamos a tener que discutir en muy corto tiempo porque en derecho penal, la mitad de la pena es resocializadora, y es ahí donde usted se pregunta si esa función se está cumpliendo”, cuestionó.

Para el Secretario, habrá que dar un debate sobre cuánto le cuesta al país el desayuno, almuerzo y comida, así como servicios de salud de un recluso.

En ese orden de ideas, el Estado tendría que pensar si terceriza el manejo de estos centros o cómo, de una manera controlada, permite que estas personas trabajen y sean productivas, como sucede en algunas cárceles de mujeres, donde ellas generan algunos recursos para sus familias.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos León, manifestó que luego de la reunión con Minjusticia y el director general del Inpec, general Mariano Botero, se acordó el traslado de estas personas para descongestionar las estaciones y para que los policiales que cumplen esa función de custodio pasen al sistema de vigilancia en las calles de la ciudad.

Entre tanto, el concejal Fernando Tamayo, calificó como supremamente conveniente el traslado por las condiciones infrahumanas y violatoria de los derechos humanos, en que se encuentran los detenidos.

Pero también porque en Cali se están produciendo gran cantidad de detenciones a diario y con las estaciones llenas, muchas veces no se le da trámite a las mismas porque no hay donde recluirlos.

Indicó que sacar estas personas sería solo una medida paliativa, al tiempo que propuso adecuar de manera temporal la estación de la carrilera para generar un espacio de retención para las personas capturadas en flagrancia.

El cabildante insistió en la necesidad de construir una nueva cárcel, de carácter regional, que le dé prioridad a Cali, donde el orden público está desbordado.