¿Cómo va la implementación de la paz dos años después de la firma?

El Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc llegó a su final hace dos años.

Desde entonces, el grupo subversivo que se consolidó como uno de los más antiguos del mundo, desarmó a cerca de doce mil hombres y mujeres, tiene ahora a nueve de exlíderes discutiendo sobre leyes en el Congreso de la República y puso un candidato presidencial en las elecciones de este año.

Sin embargo, no todo ha sido una maravilla. Más de 80 de sus excombatientes han sido asesinados en el país en este periodo por distintos motivos, una cifra aún inexacta regresó a la guerra y enfila los grupos de disidencias que pelean contra otros delincuentes por control de los cultivos ilícitos, y cientos de exguerrilleros permanecen en la incertidumbre porque aún no llegan proyectos productivos para su reincorporación.

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El líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia (Farc), Rodrigo Londoño, antes ‘Timochenko’, denunció que “han sido muy reducidos los avances” en la implementación del acuerdo de paz en estos dos años.

En carta enviada al jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, Londoño señala que los avances son especialmente escasos en “el acceso a la tierra”. Por ello, el líder del partido Farc, en que se transformó esa antigua guerrilla, le pide a Arnault que intervenga para “asegurar el cumplimiento de lo acordado” en los diálogos de paz de La Habana.

Sin embargo, Emilio Archila, alto consejero para el posconflicto en Colombia, dice que al menos, en los primeros cien días de este Gobierno, “hemos aprobado doce proyectos productivos, que benefician a unas 950 personas con una inversión de $10.500 millones, y 70 esquemas de protección y no hemos tenido incidentes. El presidente Iván Duque ha generado una tranquilidad muy grande”.

Así mismo, sostiene que “no ha habido ninguna actuación que implique una modificación de una coma de nada, porque el presidente “no solo cree que debe cumplirse con lo que está previsto, sino ir más allá, cerrar las brechas de las zonas afectadas con la violencia para acercarlos al resto del país y eliminar las condiciones que pueden”.

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Pablo Catatumbo, exmiembro del secretariado de las Farc, dijo que el 66 % de los 578 compromisos consignados en el acuerdo del Teatro Colón presentan algún avance y, de ese porcentaje, apenas el 22 % se han cumplido a cabalidad.

La reforma rural integral, la seguridad para los excombatientes, las garantías para las víctimas son las principales preocupaciones en la
era del posconflicto colombiano.

Leonardo González Perafán, coordinador de la unidad investigativa del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, sostiene que del primer punto del acuerdo, correspondiente al desarrollo rural y que permitiría superar las razones por las cuales se inició el conflicto armado en el país, “solo se cumplió el que prometió al sector agroempresarial que no se le tocarían sus tierras y se les darían garantías para la inversión (caso Zidres), pero a los pequeños campesinos les han hecho conejo ya que seguimos esperando el fondo de tierras, el catastro, las zonas de reserva campesina”.

Para ello, se requieren proyectos tramitados a través del Congreso de la República que necesitarían ocho debates debido a que el plazo de trámites vía ‘fast-track’ ya se venció.

González añade que pese a que la Justicia Transicional ya está andando hay reformas que quieren implantarle, como la sala especial para militares, que pone en riesgo la verdad sobre el origen del conflicto.
También preocupa que no se ha avanzado en sustitución de cultivos de uso ilícito, mientras el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anuncia las aspersiones químicas.

Andrés Macías, docente investigador de temas de paz en la Universidad Externado, indica que uno  de los “lunares” de la implementación son las disidencias, pese a que estas son comunes en este tipo arreglos. Argumenta que el efecto de este fenómeno ha sido notorio porque sumado a la presencia de otros grupos armados ilegales con el narcotráfico de por medio, ha dinamizado la violencia en muchos territorios.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), advierte que uno de los mayores retos que aún le queda al posconflicto es la reconciliación.

“No estábamos preparados para llevar seguridad a las regiones que estaban en disputa por los grupos armados. Que no tengamos una política antinarcóticos  que responda al posconflicto es otro reto, necesitamos una política de desarrollo rural y le estamos pidiendo demasiado a la JEP”.

Emilio Archila, alto consejero para el posconflicto, criticó que “lo que parece un Frankestein” es como la Farc está cumpliendo con su parte.

“En lo que nos corresponde (Gobierno) no ha habido ninguna actuación que implique ni una modificación de lo que son nuestras obligaciones; en cambio, del lado de las Farc existe la obligación de cumplir de buena fe y quienes tenían el liderazgo se desaparecieron y dejaron sola a su gente”, dijo Archila. Pastor Alape, invitó a que “no dejemos que la esperanza se marchite, asumamos el reto de construir un país reconciliado y con futuro de paz. La paz es de todos”.

Para Raúl Rosende, jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, pese a que el 90% de la reincorporación a corto plazo ha sido efectiva, el organismo que representa mantiene la preocupación sobre la seguridad de los excombatientes debido a que han sido asesinados más de 80 de ellos en diferentes circunstancias.

“El gran desafío que tenemos es evitar que este fenómeno crezca y se reproduzca. Uno de los aspectos claves es aumentar la presencia del Estado en zonas de conflicto. Creo que no es un secreto para nadie que  en muchos territorios de conflicto la presencia del Estado es muy baja o nula”, argumenta Rosende.

Sin embargo, el pasado viernes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó el Acuerdo como “un hito para el país y una inspiración para todos los que luchan para poner fin a los conflictos armados en todo el mundo mediante negociaciones”.

Dos años después de haberse firmado el acuerdo para la terminación del conflicto entre el Gobierno Nacional y las Farc, éstas son algunos de los logros:

1. Se le puso fin al conflicto armado que durante 52 años libraron el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc.

2. Dejaron 8994 armas largas, cortas, colectivas de apoyo al combate pertenecientes, además de municiones y material explosivo que estaba a cargo de cerca de doce mil hombres y mujeres.

3. Se firmó el acuerdo de amnistía que permitió que 2729 personas salieran de las cárceles. Aún faltan más de 380 personas por recobrar su libertad debido a decisiones de los jueces de l República.

4. Construcción de las 21 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), donde farianos vivieron durante cerca de seis meses tras dejar la selva. Se hizo un censo socioeconómico por parte de la Universidad Nacional para caracterizar la población y conocer sus necesidades e intereses de cara a la reincorporación.

5. Tránsito de las 21 ZVTN a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

6. Participación política con la creación del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), la llegada de nueve de sus integrantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Así como la participación en el Consejo Nacional Electoral con un representante.

7. Programas de reincorporación:  A 31 de octubre de 2018 hay 13.192 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, se han abierto 12.787 cuentas de ahorro para asignación Única de Normalización a 12.632 personas por $24.890.984.000. Hay 4311 personas vinculadas a la oferta SENA y 337 certificadas por competencias en 2018. Fueron capacitados 1130 excombatientes y se integraron a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Hay 295 iniciativas productivas, de las cuales 230 están en los Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Y hay 52 proyectos productivos colectivos radicados ante la Mesa Técnica del Consejo Nacional de Reincoporación, de ellos, ya 17 fueron aprobados y y 7 ratificados.

Emilio Archila, alto Consejero para el Posconflicto, explicó que: “La forma como se pensó la financiación en la administración pasada no dependía de recursos exclusivos del presupuesto de la Nación. Había recursos también de los Municpios, de los Departa- mentos, apoyos internacionales, incluso de los privados”.

“El ministro Carrasquilla hizo un esfuerzo y tenemos los recursos para cumplir las obligaciones previstas para antes de diciembre y se incluyó una partida importante para 2019.