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El 24 de noviembre de 2016, tras las modificaciones que se le introdujeron, se firmó el Acuerdo de Paz definitivo entre Gobierno y Farc. | Foto: Colprensa

FARC

Cuatro años de la firma del acuerdo de paz, ¿cómo va la implementación?

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, y el exnegociador Juan Fernando Cristo, dan su visión sobre lo avanzado en la implementación, tras cuatro años de la firma del Acuerdo.

23 de noviembre de 2020 Por: Kelly Sánchez / Reportera de El País

“Todos queremos la paz y esta se consigue trabajando”: Emilio Archila

¿Qué balance hace del cumplimiento de los Acuerdos de Paz?

En cada uno de los frentes de la implementación hemos logrado, primero, que exista una manifestación política inequívoca de que la Administración del presidente Iván Duque entiende su responsabilidad y que estamos implementando a través de nuestra Política de Paz con Legalidad. Segundo, en todos los frentes hemos desarrollado una planeación de largo plazo para aprovechar la oportunidad histórica que tenemos de resolver tantos temas que debieron haberse resuelto hace décadas, con o sin Acuerdo, y que ahora tenemos esa oportunidad única como país, que debe hacerse durante tres administraciones continuas. Y, adicionalmente, cuando se analizan los resultados en cada uno de sus frentes, hemos obtenido unos resultados que van a hacer que el proceso sea irreversible a diciembre del 2021.

Desde el Gobierno se ha dicho también que están tomando las medidas para evitar los asesinatos de excombatientes y líderes sociales, pero lo cierto es que el número de muertes siguen creciendo...

La decisión del presidente Iván Duque de proteger a los excombatientes que están en proceso de reincorporación es absolutamente férrea. Esto se traduce en que desde hace unos 14 meses constituimos una mesa interinstitucional en la que están presentes más de 15 entidades que tienen responsabilidad en la seguridad de los colombianos; tenemos más de 40 medidas especiales para proteger a los excombatientes; para los cerca de 3000 que están en los antiguos espacios territoriales tenemos un batallón de 100 hombres del Ejército y otro batallón de 100 hombres y mujeres de la Policía; tenemos un miembro de la Fuerza Pública por cada 16 excombatientes en los otros municipios, cuando el promedio en Colombia es de un policía por cada 500 habitantes, y hemos implementado muchas otras medidas. En materia de judicialización, la Fiscalía avanza el 50% más rápido en estos casos que en el promedio de sus casos.

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La Administración Duque ha agradecido el apoyo de la comunidad internacional al Acuerdo, pero por otro lado el partido de Gobierno promueve un referendo para derogar la JEP, ¿qué opina?

En las democracias existe el Congreso de la República y el Ejecutivo. El presidente Duque fue electo con el apoyo de varios partidos políticos, a los que yo les tengo absoluto respeto. Con respecto a la Justicia Especial para la Paz, JEP, y los otros dos componentes del esquema transicional, hay que decir que el Gobierno ha sido absolutamente respetuoso de su independencia. No ha habido ninguna interferencia en el accionar de la JEP, ni de la Comisión de la Verdad, ni en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Han sido de las entidades que han obtenido uno de los mayores porcentajes de los presupuestos que han pedido y eso ha permitido que puedan operar. Yo mantengo una agenda muy fluida de colaboración con las tres instancias.

¿Qué opina sobre el hecho de que la Paz se convirtió en bandera política?

Este es un tema que es políticamente relevante y lo es porque para Colombia implica cambiar las condiciones en que se han dado distintas formas de violencia durante muchos años y, en esa medida, debe ser un tema de análisis, un tema en el que ojalá se presenten distintas alternativas de cómo hacer mejor lo que estamos haciendo. Pero yo creo que lo que sería relevante es que el país eleve el nivel de la discusión política para que podamos darla con conocimiento de causa, sabiendo lo que se ha hecho y no solo con discursos politiqueros. Si logramos que eso pase, en diciembre del 2021 deberíamos tener muchos candidatos que sepan lo que hemos logrado y que estén discutiendo cómo se puede hacer mejor.

¿Cree que hay un compromiso real de los exfarianos con el Acuerdo?

Yo le creo a la gente lo que dice, pero, más allá de creerle, lo que veo es a 13.000 colombianos que dejaron las armas gracias al apoyo que tienen en el Gobierno, más del 75 % de ellos ven el futuro con optimismo y, a pesar de las invitaciones y los cantos de sirena de los salvajes de la ‘Segunda Marquetalia’, se mantienen dentro de su proceso de reincorporación. En algunos temas nosotros sí quisiéramos que hubiera una mayor dinámica en el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden, en particular la información que deben dar sobre los eslabones del narcotráfico y respecto a la entrega de los bienes con los cuales se debe reparar a las víctimas.

El Gobierno ha avanzado en ciertos aspectos, pero lo que se dice es que en otros, como la reforma agraria, lo hecho es poco significativo...

Lo dicen porque no se toman el trabajo de leer los resultados. Si se mira lo que se ha avanzado en el catastro multipropósito, hemos logrado más en estos dos años de lo que se había hecho en la historia del país; si revisan, el banco de tierras debía llegar en quince años a tres millones de hectáreas, nosotros ya hemos puesto un millón de hectáreas. En materia de distribución y formalización de tierras, en quince años se debe llegar a 7.000.000 y ya vamos casi en 800.000... Tenemos muchos otros resultados qué mostrar.

¿Cuáles son los retos en materia de implementación para lo que resta del mandato Duque?

El gran reto es que no vayamos, por ningún motivo, a llegar a diciembre del 2021 en esta discusión que divide a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz, y que entendamos que todos queremos la paz y que esa paz se consigue es trabajando.

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“Colombia es mucho más seguro que hace cuatro años”: Juan F. Cristo

¿Qué es lo que más destaca del Acuerdo de Paz, cuatro años después de su firma?

Hoy tenemos un país en donde desapareció el movimiento armado con mayor presencia en todo el territorio nacional y se transformó en partido político, se logró la desmovilización de 300 mil excombatientes de las Farc y, sin duda alguna, las cifras demuestran una disminución sustancial, a nivel general, de la violencia en Colombia en materia de homicidios, secuestros, tomas de poblaciones y muertes de soldados y policías. Los resultados objetivos del Acuerdo son evidentes, Colombia es un país mucho más tranquilo, más seguro que hace cuatro años.

¿Ha avanzado la implementación del Acuerdo como esperaba?

No. Lamentablemente creo que ha habido dos grandes lunares en el Acuerdo de Paz, tanto por parte del Estado como por parte de las Farc. En el caso del Estado, el Gobierno del presidente Duque no ha hecho trizas el Acuerdo no porque no haya querido, sino porque no ha podido, pero lo que sí pudo fue engavetar la implementación. Me parece que hay una ausencia de voluntad y de decisión política del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo en estos dos años y hay numerosas evidencias de ello.

Por el lado de las Farc, la decisión de ‘Iván Márquez’, de ‘Santrich’ y de algunos de los comandantes de desconocer los acuerdos en los que ellos mismos participaron, y retomar las armas, ha significado también un duro golpe para el proceso y para la implementación del mismo.

¿Qué opina sobre el hecho de que la Paz se haya convertido en una bandera política?

Cualquier proceso de paz tiene un alto contenido político. Ni más ni menos, se trata de tomar decisiones de negociación que permiten que quienes han empuñado las armas de manera equivocada para defender unas ideas finalmente se desmovilicen y las defiendan en democracia, no hay nada más político que ello. Lamentablemente, más allá de que la Paz sea o no una bandera política, lo que ha sido novedoso y dañino del Acuerdo es que por primera vez en la historia del país un acuerdo de paz tiene la feroz oposición de un sector político en Colombia. Este proceso con las Farc ha tenido enemigos desde el principio, incluso desde antes de que comenzará la negociación, y eso ha conducido a una polarización de la sociedad colombiana que es inconveniente para la implementación.

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Una de las críticas a las Farc es que no tienen la voluntad de contribuir con la verdad, ¿cree que están mostrando un verdadero compromiso?

Ellos han vivido un proceso en los últimos años, que es natural y que lo hemos visto en distintos procesos de paz en el mundo entero, que es enfrentarse a la verdad de los horrores de la guerra, y cuando usted ha sido protagonista y ha contribuido a este clima de violencia y de barbarie, la aceptación de una responsabilidad a veces no es fácil. Creo que las Farc duraron un tiempo en esos debates internos, temiéndole a afrontar la verdad ante la JEP y, finalmente, entendieron que el eje fundamental del sistema de justicia transicional que se construyó en Colombia es el de la verdad, y creo que de unos meses para acá han venido en un cambio de actitud muy positivo y favorable para el Acuerdo y para la credibilidad del proceso.

Así también, hay mucha gente en desacuerdo con que los excombatientes estén de congresistas sin antes haber reparado a sus víctimas...

El Acuerdo de Paz no fue un acuerdo de rendición de las Farc ante el Estado colombiano, fue una negociación política y, como ha sucedido en todos los acuerdos de paz en el mundo, el eje fundamental fue la dejación de las armas por parte de la guerrilla y, en el caso del Estado, permitir que actuaran en política y crear las condiciones favorables para que pudieran constituirse en partido político. Seguramente muchos hubiéramos querido que se hiciera la participación política de manera distinta, en la negociación insistimos mucho en mirar fórmulas alternativas. Esa es una discusión válida en la sociedad colombiana, pero la verdad es que es un acuerdo firmado, avalado por el Congreso y la Corte Constitucional, que hay que cumplirlo. Lo que me preocupa de este debate es que hay quienes quieren que sigamos estacionados en el plebiscito de 2016 y paralizar la historia del país. Ya llevamos cuatro años y quieren llevar el tema a las elecciones de 2022, eso es totalmente inconveniente para el país.

¿Cuáles son los retos que le quedan a la implementación de la Paz?

El primero y el más importante es parar el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc. Me parece que la incapacidad y la indolencia y la indiferencia del Estado colombiano y de este Gobierno para proteger la vida de líderes sociales y de excombatientes de las Farc no puede continuar. Allí hay un abierto incumplimiento del Acuerdo por parte del Estado colombiano que no se puede tolerar. Lo segundo, es entender que se necesita una implementación integral del Acuerdo de Paz, que no se puede dar por pedazos porque, mientras no haya una implementación integral, vamos a seguir teniendo los problemas de violencia focalizados en varios departamentos. El tercer gran desafío es que quienes comparezcan ante la JEP, tanto las Farc, como los agentes del Estado, como los terceros vinculados en el conflicto, puedan contribuir ante esa Jurisdicción a contar toda la verdad con respecto al conflicto armado. Eso es fundamental para que podamos cerrar este ciclo de violencia en Colombia.

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