Delitos sexuales, otra 'papa caliente' para la JEP

"A mí me reclutaron a los 15 años. Me violaron y quedé embarazada”. Así recuerda Yamile Noscué la etapa de su vida en la que no solo le arrebataron su adolescencia, sino la posibilidad de estar con sus padres y estudiar.

“Me sacaron de la casa de mis padres en el sur del Tolima, en Herrera. Fui violada por varios cabecillas, no tengo conocimiento si siguen vivos o no. Entre ellos están Jerónimo y ‘El Abuelo’”, dijo la excombatiente de las Farc, que denuncia que fue víctima de reclutamiento forzado y la convirtieron en trofeo sexual de hombres que la torturaron durante los dos años que estuvo en el frente 21 de esa guerrilla.

Desde que la guerra sacudió a Colombia, la violencia sexual hizo parte del conflicto. Y tal ha sido su gravedad, que desde hace cinco años se conmemora el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual, promovido por Jineth Bedoya, víctima de este delito por paramilitares, iniciativa que se convirtió en el Decreto Presidencial 1480 de 2014.

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En 2017, Sisma Mujer, organización que visibiliza y defiende los derechos de femeninos, contabilizó desde 1985 17.669 colombianas víctimas de la violencia sexual, tanto de miembros de las Farc como de paramilitares.

En 2016, el Instituto de Medicina Legal estableció que de los 20.820 exámenes que se realizaron por presuntos hechos de violencia sexual, 17.740 correspondieron a mujeres, es decir el 85,21 %, y 3080 a hombres, el 14,79 %. Esto significó que, por cada hombre agredido, cerca de seis de ellas fueron víctimas de violencia sexual.

Este año, con corte a 28 de febrero, Medicina Legal reportó 3263 casos de presunta violencia sexual contra la mujer. Este delito se lleva el 85,7 % de las cifras de abuso sexual.

Yamile hace parte de esas cifras. Entró a esa estadística desde que era guarda personal de Alirio Rojas Bocanegra, ‘El Abuelo’, jefe de seguridad de ‘Alfonso Cano’, abatido en 2011 en la vereda Rionegro, Rioblanco, Tolima.

“Aparte de que yo tenía que poner el pecho por ese señor, tenía que someterme a la violencia sexual, cargarle los medicamentos y estar pendiente de las horas en las cuales se los tenía que aplicar”, cuenta una de las catorce mujeres entre los 13 y 17 años que tenía ‘El Abuelo’ para que lo cuidaran en los combates y satisfacer sus deseos sexuales. Recuerda que cuando ella o una de sus compañeras eran llamadas a “la oficina”, lugar del campamento donde permanecía el guerrillero, era para ser abusadas sexualmente.

“La intención de ellos solo era satisfacer su necesidad sexual. En ese momento estaba la situación más o menos así: dejan que nosotros nos saciemos como hombres o te mueres. No teníamos otra opción”, contó Noscué.

Producto de las múltiples violaciones de ‘El Abuelo’ y de varios comandantes, en 2005 quedó embarazada y cuando tenía seis meses de gestación fue obligada a abortar.

“Eso lo hicieron sin ninguna medida adecuada para practicar esos procedimientos. El mío me acarreó un problema, luego de que me aplicaron dos inyecciones para matar la criatura. Me introdujeron unas pastillas y como el feto ya estaba formado, no se moría, por lo que me aplicaron una inyección en cada glúteo y desde ahí, cuando hace mucho, frío no puedo caminar”.

El caso de Yamile, fugada de la guerrilla en 2007, hace parte de un grueso de denuncias que ahora están en el centro del debate sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a propósito de las objeciones hechas del presidente Iván Duque.

En el fallo en que declaró exequible la Ley Estatutaria de la JEP, emitido el 16 de agosto del año pasado, la Corte Constitucional avaló que los delitos sexuales cometidos con ocasión del conflicto sean investigados por la justicia transicional y, por ende, puedan ser susceptibles de penas alternativas.

Este es uno de los puntos de la ley que no comparte el Jefe de Estado, quien anunció que buscará su reforma.

Mientras tanto, la JEP ya avanza en el ejercicio de esta competencia. A comienzo de mes, el tribunal anunció la apertura del caso 007, que busca indagar lo concerniente al reclutamiento de menores y su uso en el conflicto.

Es decir, el expediente investigará comportamientos que pudieron haber puesto en riesgo la vida, la integridad física o sicológica y el desarrollo de niños y niñas, y que afectan sus derechos, por ejemplo, la violencia y esclavitud sexual, la planificación y abortos forzados.

El proceso, sin embargo, está marcado por un contrapunteo entre la JEP y las víctimas, en especial las reunidas en la Corporación Rosa Blanca, quienes aseguran que no han sido recibidas por el tribunal de paz. No obstante, la Jurisdicción respondió con un listado de fechas sobre las reuniones que han sostenido con el colectivo al que pertenece Yamile.

Pero más allá de si la JEP se ha reunido o no con las víctimas, el problema de fondo, sea en la justicia ordinaria o en la transicional, será la posibilidad de probar la comisión de esos delitos.

Para Yamile, exigirles a las víctimas la prueba, las revictimiza, pues no hay cómo comprobar abusos sexuales que fueron cometidos, en su caso, hace más de una década.

A esto se suma la posibilidad de que por estos crímenes los responsables solo tengan que cumplir penas alternativas o, incluso, lleguen a ser amnistiados.

“La JEP se ha convertido en el refugio y en la entidad para proteger a los criminales y nos han dejado de lado a nosotras, las víctimas. Entonces lo que queremos es que el tema de delitos sexuales quede por fuera de esa Jurisdicción, para que sean juzgados por la justicia ordinaria con el fin de que efectivamente nos garanticen que los culpables sí van a pagar con cárcel”, indicó Yamile.

En eso coincide el penalista Camilo Burbano, pues este tipo de delitos, por su gravedad, exigiría penas mayores. “La violencia sexual ha sido siempre determinante como un arma de guerra, no solo en el conflicto armado colombiano. Lo que sí sucede es que para tan graves violaciones de derechos humanos, como sucede con la violencia sexual, las penas no parecen ser proporcionales, razón por la cual se tendría que hacer un análisis de proporcionalidad”, explica.

El penalista Francisco Bernate aclara, por su parte, que esto no va a ocurrir en todos los casos, pues la JEP solo asumirá aquellos relacionados directamente con el conflicto, lo cual tendrá que determinarse caso por caso.

“El debate está en determinar si las agresiones de tipo sexual forman parte o no del conflicto armado. Si forman parte, pueden ir a la JEP, pero si son crímenes cometidos de manera sistemática y masiva, pues no forman parte de los delitos conexos con el conflicto”, señala.

El tema promete un gran debate en el Congreso, en donde, precisamente, tienen curul algunos de los miembros de las Farc acusados de estos crímenes.

En el informe entregado por Rosa Blanca está consignado que ‘Raúl Reyes’ fue el presunto responsable de 19 casos de aborto, 3 casos de violación y 12 casos de reclutamiento.

En cuanto al comandante de Héroes de Marquetalia, Jerónimo Galeano, tienen registrados siete casos de aborto. Sobre uno de los máximos jefes de las Farc, Rodrigo Londoño, tienen el reporte de catorce reclutamientos, seis casos de aborto y tres casos de violación.

De Pastor Álape tienen registro de tres casos de aborto, catorce de reclutamiento y dos de violación. De Iván Márquez denunciaron nueve abortos, dos casos de violación y siete de reclutamiento.

Henry Castellanos, ‘Romaña’, es señalado de ordenar la práctica de 19 de abortos, violar a 3 mujeres y reclutar a 26 personas.

Hernán Velásquez Saldarriaga, ‘El Paisa’, no solo es señalado de violar mujeres sino también a hombres. A él se le acusa de 21 abortos, 3 violaciones y 64 casos de reclutamiento.

Carlos Antonio Lozada es señalado de promover 12 casos de aborto, 3 de violencia sexual a hombres y 32 de reclutamiento.

Victoria Sandino, actual senadora de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), y señalada por las víctimas de conocer las aberraciones cometidas, expresó en su cuenta de Twitter que “la JEP es un mecanismo de justicia transicional orientado a garantizar el acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición para todo el universo de víctimas del conflicto armado. En este sentido, quienes fuimos integrantes de las Farc nos hemos comprometido a comparecer a esta instancia para contar la verdad sobre los hechos ocurridos y asumir las responsabilidades correspondientes”.

En su comunicado expresó que “repudia a quienes hayan hecho actos de violencia basada en género en el marco del conflicto armado, invitamos a todas las víctimas de estos hechos a que acudan y respalden a la JEP para que se les garanticen sus derechos”.

La Corporación Rosa Blanca reúne fondos para ir a la Corte Penal Internacional (CPI) a denunciar los delitos sexuales cometidos por las Farc.