Esto destacó EE.UU. de la JEP y lucha por derechos humanos en Colombia

El Gobierno de Estados Unidos destacó, al presentar el primer informe anual sobre Derechos Humanos, los avances de la JEP para acabar con la impunidad en medio de las crecientes denuncias de abusos a los Derechos Humanos en Colombia y los esfuerzos del Gobierno Nacional para erradicar los cultivos ilícitos.

Como primera medida, el gobierno de Joe Biden resaltó que desde la creación de la JEP se han tomado medidas efectivas para sancionar a los perpetradores de graves violaciones de Derechos Humanos de una manera compatible con el derecho internacional, incluyendo las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército.

Celebra además los avances para sancionar a los máximos responsables del conflicto armado, “pues al 31 de agosto la JEP había recibido 250 ‘versiones voluntarias’ de los presuntos perpetradores que relatan en sus versiones los hechos ocurridos durante el conflicto. Dichos testimonios llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en Antioquia”.

El informe se refirió también a quienes decidieron regresar al conflicto armado alegando que el Gobierno no había cumplido con sus obligaciones en virtud del acuerdo de paz, pero que esto no “resultó en una respuesta significativa de los excombatientes de las Farc-EP que han estado participando en el proceso y que siguen comprometidos con los tres mecanismos creados fruto del Acuerdo Final de Paz: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas”.

Finalmente, el informe anual destacó que la JEP “continúa investigando sus siete macro casos priorizados con el objetivo de identificar patrones y establecer vínculos entre los perpetradores, con el objetivo final de identificar a los más responsables criminalmente por los abusos más graves durante el conflicto”.

Igualmente, Estados Unidos certificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y destacó la erradicación de cultivos ilícitos y los logros en incautación de precursores químicos y la destrucción de laboratorios durante el 2020, pese a la pandemia.

La certificación entregada por el departamento de Estado, permite al Gobierno norteamericano entregar a Colombia el 20% de los recursos que da cada año para la lucha contra el narcotráfico, unos US$25 millones.

El informe que sustenta la certificación a Colombia resalta la importancia de una estrategia integral contra el narcotráfico, como la que está adelantando el gobierno de Iván Duque.

Es así como a pesar de las restricciones de tráfico aéreo, el Gobierno colombiano extraditó a 82 miembros de organizaciones criminales internacionales para ser juzgados en EE.UU. y reconoció la labor que se realiza para reducir la reincidencia y el reclutamiento forzado, y seguir desmantelando las organizaciones delictivas.

Igualmente destacaron el trabajo continuo para combatir las actividades ilícitas de los grupos criminales más allá del tráfico de drogas como los delitos ambientales y la minería ilegal.

El Departamento de Estado afirmó que la erradicación adelantada por el Gobierno en el 2020 fue la más eficiente de los últimos diez años, pues se destruyeron más de 130.000 hectáreas a través de la erradicación forzosa, cumpliendo las metas que se habían pactado a pesar de los desafíos del Covid-19, un aumento dramático de las protestas de los cocaleros que se oponen a la erradicación manual y un aumento de los ataques violentos contra los erradicadores.

Aseguraron que estos resultados se han logrado con “un programa de erradicación de la coca dirigido por Colombia, limitado y con plazos definidos, que cumple con los requisitos administrativos y de supervisión establecidos por la Corte Constitucional colombiana”.

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Sobre incautaciones
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El gobierno de Estados Unidos también se refirió a la significativa incautación de 22.868 toneladas métricas de precursores químicos sólidos para la producción de droga y cerca de cinco millones de precursores químicos líquidos.

Se suma a ello la destrucción de 4.990 laboratorios para procesar base de coca y otros 236 para el refinamiento de cocaína y la incautación de 579 toneladas métricas de esta droga en Colombia y en el extranjero.