Estos son los detalles del nuevo plan para combatir la inseguridad en Cali

El 1 de septiembre entró en vigencia el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc) con el que se hará frente a la criminalidad en Cali hasta el 2023.

La Policía, que estuvo enfocada en el cumplimiento de las normas de bioseguridad para prevenir el contagio del covid, se centrará ahora en la lucha contra delitos de alto impacto como hurtos, microtráfico y homicidios.

El Piscc 2020-2023, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, contempla cinco dimensiones generales (ver recuadros) sobre las cuales se harán las intervenciones para garantizar un entorno seguro y la convivencia pacífica en la capital del Valle.

Paralelamente, se trabajará en programas de prevención de violencia y drogadicción; en la adquisición de herramientas técnicas, operativas y locativas para fortalecer las institucionales involucradas; habrá inversión en tecnología y se garantizará la gobernanza de la seguridad con apoyo de sectores de la sociedad civil.

“Estamos trabajando en la intervención de dinámicas de circulación ilegal de armas; la Policía viene implementando una estrategia fuerte porque en la medida que desarmemos y sigamos con la captura y desarticulación de estructuras criminales, reduciremos el impacto del delito en la ciudad”, aseguró Rojas.

Aunque todo lo relacionado con la seguridad recae siempre en la Secretaría, son ocho las entidades que responderán por la implementación y el logro de los objetivos del Piscc: la Fiscalía General de la Nación, la Tercera Brigada, la Fuerza Aérea, Migración Colombia, el Inpec, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Metropolitana de Cali.

Para el exalcalde Ricardo Cobo será fundamental la profesionalización de la Policía en medio de las nuevas dinámicas delictivas que enfrenta Cali.

“Hay que profesionalizarse porque se supone que el policía es integral y sabe de todo, y no es así. Hay que capacitarse y conformar grupos con gente muy bien preparada para que logren acciones que le permitan a la ciudadanía estar muy tranquila; que haya resultados claros y definitivos”, considera el exalcalde Cobo.

Un papel protagónico tendrá también la Policía Militar, que se encargará de fortalecer los programas de seguridad en horas y sectores críticos de la ciudad, así como organizar controles en las entradas y salidas de Cali, según el coronel Eliomar Erazo, comandante del Batallón No. 3 de la PM.
“El papel nuestro será de apoyo a las labores de seguridad que tiene la Policía y los programas de la Alcaldía de acuerdo a lo que nos soliciten, pensando siempre en Cali como una ciudad región. Es decir, que cuando se refiere a la seguridad de Cali se tienen en cuenta también los municipios aledaños y todo lo que tiene que ver con el departamento del Cauca, inclusive Nariño, porque todo lo que viene del narcotráfico y del microtráfico proviene del sur del país”, dice el Comandante de la Policía Militar.

El plan abordará, entre otros temas, según el secretario Carlos Rojas, delitos como el feminicidio, la recuperación de zonas críticas de la ciudad, el microtráfico, la recuperación del espacio público y un elemento nuevo en la lucha contra los delitos de impacto económico como es la lucha contra el lavado de activos.

Está enfocado principalmente en la prevención y contención del hurto dentro del Sistema de Transporte Masivo y en garantizar entornos seguros en los lugares de mayor concurrencia de turistas y la generación de entornos seguros para los ciudadanos que realizan actividades deportivas.

En referencia a los hurtos, es prioridad irrumpir en toda la cadena y perseguir delitos conexos como la receptación y la comercialización de autopartes, que es uno de los factores que eleva la sensación de inseguridad en la ciudad, mediante nuevas herramientas tecnológicas de identificación y seguimiento.

El Piscc contempla también, ante la cantidad de recursos que llegan del exterior a la ciudad producto del tráfico de drogas, el combate al lavado de activos.

El papel fundamental en esta dimensión de lucha está en cabeza de la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación.

Entendiendo que los problemas de violencia no tiene que ver solo con la seguridad, sino en muchos casos con un tema de salud pública producto del consumo de drogas, se busca lograr la ruptura del delito atacando estas estructuras.

Por eso este punto del Piscc se centra principalmente en la persecución de grupos de delincuenciales común, delincuencia organizada y/o actores criminales presentes en la Ciudad de Cali y dedicadas a la comercialización de sustancias psicoactivas en coordinación entre la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad.

“Es un trabajo que se articulará directamente con Salud Pública Municipal y nos interesa mucho el tráfico de estupefacientes en relación al impacto en la salud mental de los adolescentes. Por eso tenemos el proyecto ‘Perla’ con el que estamos trabajando en comunas y barrios con el objetivo de prevenir violencias en jóvenes”, explicó el secretario, Carlos Alberto Rojas.

El principal esfuerzo del Plan Integral se centra en enfrentar los delitos de mayor impacto contra la vida y la integridad, en especial el homicidio y el feminicidio.

Entre las estrategias establecidas se destaca el control y tenencia de armas, el desmantelamiento de estructuras criminales; la ruptura de las redes de valor de las rentas criminales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para proteger a las mujeres y a la comunidad LgbtiQ+.

También se contempla la lucha contra el hurto, contra los casos de violencia por razones de género y algunos delitos conexos relacionados con hechos que se cometen a través de internet.

La aplicación y responsabilidad de esta primera estrategia de combate contra el delito y la criminalidad estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad y Justicia, de la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

En un trabajo coordinado entre la Policía Metropolitana y las secretarías de Seguridad y Justicia, la de Paz y Convivencia Ciudadana y la de Bienestar Social, se trabajará en el establecimiento de un orden social bajo los principios de la legalidad, valores democráticos y el respeto por las normas sociales.

Este punto propende también el fortalecimiento y la legitimidad de las instituciones para que sean árbitros confiables de los ciudadanos en la resolución pacífica de conflictos y controversias.

Igualmente, fomenta procesos de aprendizaje y aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, evitar que las personas incurran en comportamientos contrarios a la convivencia, así como implementar estrategias de acompañamiento psicosocial y/o procesos de Justicia Restaurativa.

Estos programas promueven, además el civismo, construcción de valores y el respeto por la diferencia.

Se trabajará de manera articulada con otras entidades como el Dagma para fomentar la capacidad institucional y desarrollar de mejor manera actividades de impacto ambiental significativas sobre suelos y recursos naturales en las cuencas hidrográficas y zonas de reserva.

Esta dimensión estratégica contempla además la protección de especies animales del maltrato, el cierre de bocaminas ilegales en la periferia de la ciudad y un trabajo coordinado para evitar las invasiones, teniendo en cuenta el impacto negativo que tienen sobre el medio ambiente estos intentos por apoderarse de terrenos.

Contempla el Plan Integral de Seguridad “la creación de un pelotón ambiental para fortalecer la protección de las áreas de especial importancia ecológica y combatir los delitos ambientales”. El objetivo es construir una sociedad con valores y respeto por los recursos naturales, el cuidado de ecosistemas y la protección de los animales.