Inseguridad atemoriza a los pobladores de la zona rural de Cali

Ubicados a escasos 45 minutos del casco urbano, algunos territorios de la zona rural de Cali están presentando preocupantes transformaciones poblacionales, líos de predios, invasiones y el acoso de la inseguridad.

Según testimonios de los propios pobladores, hombres armados hacen cada vez más presencia en algunas áreas de la región. Se menciona que se trata de bandas criminales, disidentes de las Farc y el ELN.

El temor es tal, que muchos habitantes, especialmente de los corregimientos de Los Andes y Pichindé, por su cercanía al Parque Nacional de Los Farallones, prefieren guardar silencio y guarecerse desde muy temprano en sus casas para huirle al peligro.

Todo por el recrudecimiento de la minería ilegal, enfocada en las minas de El Socorro (corregimiento Los Andes), al igual que por la tala y la quema de bosques, más la deforestación en la parte montañosa.

La poca presencia policial y militar, afirman los moradores, ha contribuido a que el fenómeno siga creciendo, tanto que es un verdadero riesgo y una osadía adentrarse hacia algunos de esos territorios montaña arriba.

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“Esa inseguridad se está esparciendo por toda la zona rural de Cali”, denuncia el concejal Roberto Rodríguez, tras señalar que “la minería ilegal en Los Andes y Los Farallones es algo muy grave, y aunque se conformó un cuerpo élite de la Policía y el Ejército para controlar dicho fenómeno, eso no ha funcionado”.

En su concepto, esa situación “nos está generando violencia en los demás corregimientos porque son grupos que manejan armas, vehículos de alta gama y mucho dinero”.

La zona rural de Cali la conforman hoy 15 corregimientos y 103 veredas donde hay poca vocación agrícola por cuenta de la excesiva urbanización del territorio.

Eso lo corroboran algunos vecinos y residentes del corregimiento Los Andes que omitieron su identidad por razones de seguridad. Afirman que “en veredas como El Faro, El Cabuyal, Atenas, Peñas Blancas, Pueblo Nuevo y Quebrada Honda hay presencia de gente extraña que llega en motocicletas y camionetas a intimidar a la comunidad y a realizar invasión de predios”.

Los últimos casos se presentaron en las veredas de El Cabuyal (sector La Hamaca) y El Faro, donde ahora se erigen construcciones ilegales en áreas de reserva forestal.

A eso se añaden asaltos y atracos a personas a quienes les han robado sus motocicletas y exigido dinero para devolverlas. Y hasta ciclomontañistas han sido víctimas de los delincuentes que rondan esas zonas.

Además de la minería ilegal, ha cobrado especial auge un “cartel de la madera” por cuenta de la constante tala de bosques en las estribaciones de la zona alta de Los Andes, Pichindé, Villacarmelo e inclusive en Pance, casi en las goteras de la capital del Valle.

Asimismo, según las denuncias, en el río Chontaduro, jurisdicción de Jamundí, en la cuenca alta de Los Farallones —muy pegada al río Pance— se han establecido bandas que dominan el territorio debido a la extracción de oro. Todo esto con gran impacto sobre otras áreas rurales como Pance, por donde bajan.

El concejal Rodríguez recuerda que en el 2017 se firmó un contrato para construir el puesto de control en el sector de El Arbolito para vigilar precisamente los accesos a Los Andes y Los Farallones, pero hasta el momento no hay ningún avance por parte del Dagma o la CVC.

Por su parte, el también concejal Fernando Tamayo recalca que “hay que aumentar el pie de fuerza y la presencia institucional en la zona rural. Se habla allí de disidencias en Los Farallones y también de problemas en los corregimientos de Montebello y La Leonera”.
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Anota que “si bien no son muchos, sí generan ruido, temor y preocupación entre las comunidades. A la gente le da miedo denunciar, y más ahora cuando se han presentado extorsiones en la vía al mar”.
La explotación y el tráfico ilegal de madera ha crecido debido a que no existe o hay poca actividad de los guardabosques de la misma comunidad.

La Alcaldía de Cali sugiere a los ciclomonta- ñistas y ciclistas recreativos que no circulen solos por algunos sitios de la zona rural, sino en grupos, para evitar riesgos innecesarios
y asaltos.

“El Dagma invirtió mucho dinero en fincas que ahora están abandonadas (como La Yolanda). La Administración actual se está concentrando solo en Pance, lo que es loable, pero no se puede dejar de lado a los Farallones”, sostiene Tamayo.

Frente a tales denuncias este diario no pudo lograr una respuesta del Dagma, como tampoco del Comando de la Policía Metropolitana de Cali.

El concejal Juan Pablo Rojas dice que va a investigar a fondo lo que ocurre en la zona rural y sobre todo por denuncias de microtráfico.

Al respecto, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, afirma que “hace quince días, en uno de los paros se denunció la presencia del ELN en una zona de Villacarmelo y el Ejército intervino allí. Es un tema que estamos observando con mucho cuidado”.

En informes oficiales se señala que en toda la zona rural de Cali habitan alrededor de 40.000 personas, cifra que según los residentes y dirigentes comunales dicen podría llegar a 70.000, debido a la población flotante.

Ese desbordamiento poblacional obedece en gran medida al auge de las construcciones legales y los asentamientos ilegales que se viene presentando en los últimos años.

Al respecto, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali señaló en un informe reciente que “en el caso de la zona montañosa que incluye los corregimientos de Golondrinas, Montebello, La Paz, La Castilla, La Elvira, El Saladito, Felidia, La Leonera, Villacarmelo, Los Andes, Pichindé, La Buitrera y Pance, se presentan situaciones críticas en relación con la afectación al parque natural como zona de protección, con realidades como la minería ilegal, la presencia de actores armados y expresiones delictivas que generan inseguridad”.

A ello se agrega “un poblamiento desordenado marcado por falta de alternativas de construcción y el mejoramiento del hábitat y de la vivienda rural. Especial atención merece el descuido y la falta de regulación en la protección de las cuencas y en la prevención de daños ambientales”.

Esa presión social en esos territorios es la causante de toda esa problemática que afecta a la zona rural caleña, agrega el concejal Tamayo.

Generalmente las quemas de bosques y pajonales preceden a la invasión de tierras en las estribaciones de las zonas montañosas. Allí se han construido viviendas sin permisos. Muy pocas personas se han atrevido a denunciar esas prácticas.

Eso es lo que ha venido sucediendo en los últimos días en predios cercanos a Cristo Rey que están siendo ocupados luego de los incendios provocados, denuncia un dirigente, que omitió su identidad.

”La gente está limpiando esos predios aprovechando que no tienen vigilancia del Gobierno local para ocuparlos ilegalmente”, dice.

Frente a tal fenómeno, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, admite que hay mucha presión social, en especial por las migraciones desde Venezuela.

“Ese fenómeno hay que atenderlo por su complejidad y sobre todo porque el 90% de esas personas no quiere regresar a Venezuela debido a la situación económica que se vive en ese país”, agrega.

Precisamente, uno de los corregimientos con mayor grado de construcción es La Buitrera, al punto de que el número de habitantes ha crecido en alrededor del 80 % en los últimos años, lo que ha traído consigo también un auge de la inseguridad.

Lo anterior es consecuencia de la migración de personas desplazadas desde Chocó, Cauca, Nariño y la Costa Pacífica que se han asentado en esas zonas rurales de Cali, ocupando todo tipo de predios. Sin embargo, allí la población venezolana es poca.

Le sigue en esa tendencia Pance, donde las construcciones ocupan numerosos predios que están afectando las fuentes hídricas y los bosques. Igual ocurre en los corregimientos de Los Andes, El Hormiguero, La Elvira, Montebello y El Saladito.

Precisamente, John Jaramillo, edil de La Buitrera, destaca que la sobrepoblación del corregimiento se explica por la conformación de tres cuencas: Lili, Meléndez y Cañaveralejo.

“En la zona sur viven 15.000 habitantes, en el centro hay unas 26.000 personas y el norte (zona colindante con La Sirena) hay otros 17.000 pobladores”, dice.

Por ello, señala, “es difícil que una sola Estación de Policía atienda toda esa región, ya que también debe cubrir al corregimiento de Villacarmelo, por lo que muchos sectores quedan desprotegidos cuando los uniformados deben desplazarse a otros sitios, lo cual es muy grave”.

A su turno, un habitante del corregimiento de Montebello —que no quiso identificarse por su seguridad personal— señala que allí “hay mucho microtráfico de alucinógenos, invasión de terrenos, construcciones por encima de los parámetros legales, robo de motocicletas en la vereda Campoalegre y atracos a las personas”.
Lo peor, recalca, es que cuando capturan a alguien al poco tiempo esa persona está nuevamente cometiendo fechorías en la región.

Un panorama que preocupa a quienes viven en la zona rural de Cali.