Invasiones, mora en impuestos y otros líos que enredan a predios de antiguos narcos en Cali

Casas en ruina, invasiones, compradores que aseguran haber sido asaltados en su buena fe al adquirir predios de ‘narcos’ y una cuantiosa deuda de impuestos con el Distrito de Cali, que asciende a $137.000 millones.

Estos son algunos de los líos que enredan los terrenos incautados al narcotráfico en la ciudad, administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE. En total, son 3.700 inmuebles, según información entregada por el Vicepresidente de bienes de la entidad, Andrés Ávila, hace dos semanas cuando hizo presencia en Cali para buscar solución a la disputa que generó el proceso de venta del lote del antiguo Club San Fernando, donde la Alcaldía quiere construir un parque tecnológico.

Predios que, para el director de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, son “cicatrices urbanísticas” que deben desaparecer y abrir paso a espacios de utilidad pública y bienestar de la comunidad.

“Cada predio abandonado se vuelve un botadero de escombros, de basura, cada predio abandonado se vuelve foco de violencia, de criminalidad, entonces lo que se quiere hacer es tratar de sanear eso. La SAE va a hacer una venta masiva de bienes en Colombia, creo que en Cali van a salir 2.700 bienes, y en la medida que ellos hagan esa venta van a poder esos predios recuperarse y desarrollar proyectos”, asegura Barreras.

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Según la Dirección de Hacienda, Cali tiene un registro de 5.142 predios en extinción de dominio, que deben $137.116 millones en predial a la ciudad, una cifra casi similar al aumento que tuvo el presupuesto de Cali en el último año.

“Creo que las administraciones han sido supremamente flexibles en cuanto a la exigencia del pago de impuestos a la SAE y ahora que tenemos una oportunidad, a raíz del tema del Club San Fernando, se debe mirar cómo cruzar deudas para que no haya mayores erogaciones, sobre todo conociendo que Cali hoy tiene limitados sus recursos para inversión porque recuérdese que la administración pasada hizo un empréstito y el compromiso es cancelarlo en cuatro vigencias”, señala el concejal Harvy Mosquera.

Por su parte, el director de Planeación añade que los predios que la SAE tiene alquilados son productivos y de ahí se pagan los impuestos, “pero ellos tienen un montón de bienes improductivos y no están autorizados por la ley para pagar con recursos propios los impuestos”.

“Nosotros estamos conversando con la SAE para tratar de cruzar cuentas con ellos y adquirir esos predios”, asegura Barreras.

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Liliana Cruz fue administradora durante 14 años del Conjunto Residencial La Alquería B, ubicado en la Carrera 83 con Calle 6. La señora cuenta que en el 2004 cerca de 200 apartamentos del conjunto fueron sometidos a extinción de dominio porque la constructora UMV, dueña del proyecto, fue relacionada con el narcotraficante ‘Pacho Herrera’. Tras las investigaciones, en el 2014 la Fiscalía concluyó que el 80% de los bienes era improcedente para la extinción, “pero luego el proceso se va a otro paso de consultas y el mayor jerárquico del Fiscal revisa el expediente y decide que todos son procedentes para la extinción de dominio”.

“La gente está pidiendo que se les respete el derecho a la defensa, que sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero si hay personas que tengan nexos o sean testaferros, que en el momento en que la juez decida que alguien no pudo soportar sus ingresos para comprar un apartamento así, pues que la SAE entre a manejar el tema, pero la SAE ya tiene en internet montados todos los apartamentos en venta, y en el evento en que algún incauto o supuesto inversionista diga que va a comprar estos apartamentos vienen y sacan a la gente de su propia casa sin importar si son adultos ni en qué condiciones están”, expresa Cruz.

Otro predio en disputa con la SAE es el ubicado en la Calle 9 #82-10, en el barrio Mayapán. Según el pastor y representante legal de la iglesia Misión Carismática al Mundo, compró el terreno en el 2007, pero en el 2009 el mismo entró en extinción de dominio porque también habría pertenecido al narcotraficante ‘Pacho Herrera’.

“La SAE nos desalojó el 30 de junio del año pasado, ahí teníamos 11 años predicando la palabra de Dios, invertimos $400 millones en el templo, en arreglos físicos y la SAE vino a destruirlo. Lo que hicieron fue una violación a la libertad de cultos, a la Constitución Política y esto ha ocasionado que yo me dirigiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo sigo con mi proceso, defendiéndome ante el juzgado, porque la iglesia sigue siendo compradora de buena fe”, precisa el pastor Villavicencio.

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La Comuna 22 es uno de los sectores de la ciudad con varias de las “cicatrices urbanísticas” que dejó el narcotráfico.

“Los jefes de esas mafias tenían muchas viviendas grandes acá y no tenían una, sino dos, tres y cuatro y a veces se interconectaban por túneles, entonces hay sectores donde usted va y encuentra varias casas o parte de manzanas desocupadas”, dice Hugo Salazar, miembro del Comité de Planificación de la Comuna.

El señor añade que frente al Lago de la Babilla se pueden observar algunas de estas viviendas, sobre la Calle 16 con carreras 108 y 109, y ambos costados de la iglesia de Ciudad Jardín.

“Hay muchos predios que están abandonados, otros que han sido alquilados indebidamente para casas de eventos, otros para negocios donde no corresponde, es decir, cambian el uso del suelo... lo que uno observa es que no hay un control completo sobre eso por parte de la SAE”, afirma Salazar y agrega que en muchas ocasiones se ha solicitado que esos predios sean cedidos para espacios comunitarios.

El País intentó contactar a un vocero de la SAE para conocer su opinión en este informe, pero la entidad indicó que la información debe ser consolidada en siete áreas y una vez la tenga lista será entregada.

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Además del terreno del Club San Fernando, la Alcaldía ha manifestado especial interés por los predios ubicados frente a Cosmocentro, donde, según el director de Planeación “se desarrollará un parque que rescate los valores de la vida y la reconciliación con el ánimo de resignificar esos símbolos de la violencia (por su nexo con el narcotráfico)”.

Para Laidini Hernández, habitante del Lido, estos anuncios generan expectativa y si se traducen en realidad “sería maravilloso, porque esta zona es muy sola y hay mucha inseguridad”.

Por su parte, Gloria Ríos, habitante de ‘Villa del Lido’, la invasión que se creó en uno de los predios que compraría la Alcaldía, asegura que le están solicitando al Gobierno que les permita legalizar ese terreno para que puedan constituir sus viviendas ahí de manera digna.

Entre tanto, al lote del Club San Fernando, le siguen surgiendo enredos y reclamos. El más reciente fue una carta emitida por el ingeniero Claudio Borrero, quien asegura que este terreno pertenece a los ejidos municipales y la Alcaldía no tendría por qué pagar para adquirirlo.

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“Hasta ahora no tenemos evidencia de eso, pero haremos todo el estudio para descartar esa posibilidad, entonces puede ser que sea una gran noticia y no nos toque pagar por él, lo cual sería muy bueno”, dice el director Roy Barreras.

Por otra parte, el presidente de la Corporación Club San Fernando Víctor Hernández, asegura que el lote les pertenece y debe ser restituido a su favor. “Nosotros estamos dispuestos a dialogar sobre el tema con la Alcaldía y colaborar. El objetivo de la Corporación es adelantar un proyecto para la ciudad”, precisa Hernández.

La SAE dio plazo a la Alcaldía de Cali hasta el próximo 29 de febrero para la adquisición del inmueble donde se ubicaba el antiguo Club San Fernando, de lo contrario continuará con el proceso de venta de dicho terreno, que estaba siendo subastado por $30.000 millones.

Al respecto, el director de Planeación de Cali señala que entre el lunes y martes de la próxima semana presentará al Concejo Municipal el proyecto de acuerdo que autorice la compra de este predio, de los tres que se encuentran frente a Cosmocentro (donde opera la rueda, la carpa de la 50 y donde se ubica la invasión Villa del Lido), que también pertenecen a la SAE, y de otros cuatro ubicados en Pance , para ampliar el ecoparque, que son propiedad de un privado.

“Luego de que se apruebe la autorización de compra en el Concejo, el Alcalde hace la declaratoria de utilidad pública de los predios por decreto, para posteriormente desarrollar los proyectos”, explica Barreras y añade que estos predios están avaluados en cerca de $122.200 millones.