Ley de sometimiento de bandas: 'ABC' para entender por qué ha causado tanta polémica

Luego de que el miércoles fuera presentado por el ministro de justicia, Néstor Osuna, el proyecto de ley que busca el sometimiento de las bandas criminales que operan en Colombia, hay opiniones divididas de expertos y políticos.

Este proyecto fue discutido hace aproximadamente un año y radicado, primero bajo el procedimiento especial legislativo fast track y, posteriormente, iniciando este año para el trámite ante el Congreso de la República.

En el texto queda claro que la ley contempla penas efectivas de cárcel de máximo ocho años y el procesamiento por parte de la justicia ordinaria, por lo que no habrá una justicia especial. También habrá garantías de reparación a las víctimas luego de que los implicados paguen las penas en prisión.

El proyecto es claro en que no contempla garantías de no extradición para los narcotraficantes e integrantes de bandas criminales.

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Solo aplicará para las estructuras criminales de alto impacto, como el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Rastrojos, entre otros. Todo grupo que quiera participar no puede tener un origen político. Además, las bandas delincuenciales deben basar sus delitos en crímenes como el narcotráfico, la extracción ilegal de oro o el secuestro.

Las organizaciones criminales deben estar compuestas por un alto número de integrantes que estén estructurados de forma jerárquica o en red.

“Tener una ley de estas es bueno porque dentro de la Paz Total que plantea el Gobierno se está diferenciando lo que son los grupos criminales de los grupos rebeldes que tienen carácter político. Hacer esta diferenciación es muy acertada porque cada uno tiene características particulares y eso le da un poco de legitimidad, pues queda listo un plan de sometimiento y desmantelación a seguir”, afirmó Álvaro Garzón, director del área de derecho penal del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario.

“Esto se ha propuesto desde hace mucho tiempo, es decir, un sometimiento directo a la justicia con unos beneficios por colaboración. El punto clave es que negociar con delincuentes es muy difícil y esperar que ellos cumplan todas esas condiciones para acceder a los beneficios es ser ingenuos”, explicó el profesor e investigador Wilson Alejandro Martínez.

Los miembros de las bandas se deberán reunir en la fecha y lugares definidos por el Gobierno Nacional para iniciar el proceso de judicialización. Allí entregarán todos los menores de edad que se encuentren en el Grupo Armado Organizado.

Luego están en la obligación de entregar todos los elementos ilícitos como armas, municiones, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, listado de testaferros, sustancias psicoactivas ilícitas, entre otros.

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Ariel Ávila, senador y vocero del proyecto, dijo que mientras el proceso de paz con la guerrilla del ELN es una negociación política de agenda social, el sometimiento es una conversación socio-jurídica, donde hay una negociación de la pena en el aspecto jurídico, pero también una política de reincorporación y evitar la repetición en lo social.
“No habrá nuevas curules, no va a haber una negociación de la agenda ni planes de desarrollo nuevos y no tomarán estatus político”, sostuvo el Senador.

“El Gobierno busca que le entreguen los laboratorios, rutas de narcotráfico, armas, listas de los proveedores, la cadena de valor y los bienes para que solo se queden con el 6% de todo el dinero. Desde mi punto de vista creo que eso no pasará”, dijo el profesor Martínez, y añadió que estos grupos quizás entreguen parte de la información de rutas, pero las que permanezcan ocultas es probable que se las vendan a otras estructuras que sigan vigentes.

Los miembros de estas bandas criminales podrán tener una reducción de penas de entre seis y ocho años de prisión efectiva en las cárceles del sistema nacional y sin beneficios. Luego, tendrán cuatro años más de actividad restaurativa y libertad condicional.

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“Para los que son cabecillas y comandantes, pagar una pena de 6 u 8 años está muy bien, pues si son capturados fuera de las negociaciones su paso por la cárcel sería mínimo de 20 años”, dijo el profesor e investigador Wilson Alejandro Martínez.

Sobre la justicia restaurativa que deberán cumplir con las víctimas luego de salir de prisión, el académico dice que en nuestro país tenemos un código penitenciario y carcelario para el cumplimiento de penas, pero no hay un régimen de justicia restaurativa. “Quiero ver cuál será la institución que se va a encargar de crear los programas de restauración y de controlar que se cumplan. Uno puede colocar en la ley cualquier cosa y tener muy buenas intenciones, pero el problema es de efectividad y de que en realidad se pueda cumplir lo que está escrito”.

“Este tiempo detenido no es menor, es decir, 6 y 8 años en un establecimiento carcelario es algo representativo y cuando uno dimensiona realmente lo que implica estar en prisión, esto termina siendo deplorable. La idea de un proceso de negociación es generar incentivos para que la persona encuentre atractivo someterse a la justicia, pero si le decimos que van a estar 30 años encerrados nadie se acogerá”, dijo el docente Álvaro Garzón.

Según el documento, tras la entrega de bienes, dinero y demás durante el proceso, estos grupos se podrán quedar en su poder con el 6 % para ellos y sus familias.

“Aquí no hay nada nuevo”, señala Ariel Ávila, quien explica que estas condiciones ya existen en la ley de extinción de dominio implantada desde 2014, donde “toda persona de una estructura criminal de alto impacto que entregue miles de millones de pesos, se podría quedar hasta con un máximo del 6 % para que pueda vivir después de pagar la condena. Eso sí, el 94 % del dinero restante va para el Estado”.

La visión del profesor Wilson Martínez es distinta: “Ellos solo entregarán lo que el Estado les encuentre, pero lo que el Gobierno no les halle no lo van a entregar. Además, mucha de esa plata no está en Colombia”.