Caso Laura Sarabia: fiscales involucrados en las chuzadas ilegales revelaron cómo los engañaron para autorizar interceptaciones

La escandalosa novela del caso de Laura Sarabia aún está lejos de terminar, esto debido a las múltiples interrogantes que surgen a raíz del proceso irregular que se realizó al realizar interceptaciones ilegales, usando tecnología de la nación, para investigar un robo de carácter personal.

Cabe recordar que Laura Sarabia se vio involucrada en una polémica tras conocerse a la luz pública que ella había ordenado usar el polígrafo con su exniñera, Marelbys Meza, al parecer, por ser sospechosa de la perdida con una maleta repleta de dinero.

Sin embargo, todo este entramado de irregularidades se conoció el viernes 26 de mayo, cuando Marelbys Meza acudió al despacho de la Fiscalía General de la Nación para revelar los detalles de un escándalo en el que Laura Sarabia, quien en ese momento era la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, es la protagonista.

Esto dicen los fiscales involucrados

En diálogo con Revista SEMANA, dos fiscales involucrados en las interceptaciones ileales, afirman que son víctimas de un engaño y que hubo procesos turbios a la hora de ordenar chuzar el teléfono de Meza.

Según relatan los fiscales, el entramado de mentiras comenzó con el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales, encargados de entregar informes, los cuales eran falsos, para poder realizar la intervención. En pocas palabras hicieron pasar a Marelbys Meza como una integrante de un grupo armado, para poder acceder a sus conversaciones.

Se tratan de los fiscales Marbel Morales y Óscar Gutiérrez, quienes aseguran que tienen miedo de denunciar las irregularidades por temor a represalias, dentro y fuera de la institución.

“Me solicitan la interceptación de un abonado telefónico y búsquedas selectivas. En ese momento, como lo dije en la declaración anterior, les advertí que no tenía un motivo fundado para interceptar ese abonado que me pedían y que necesitaba la ampliación de denuncia de la víctima, de la señora Laura Sarabia”, dijo la fiscal Morales en su declaración.

Por su parte, en Medellín, el fiscal Óscar Gutiérrez fue víctima de una trampa, que según él, fue tendida por el patrullero John Fredy Morales y el capitán Carlos Andrés Loaiza, dos investigadores de la Dijín, quienes le pasaron un informe en donde manifestaban que Marelbys Meza, era integrante del Clan del Golfo en Chocó.

“Ellos se comunicaron conmigo, me solicitaron las líneas, les dije ‘mándame la información’. Yo verifiqué la fuente, vi la perfilación de las dos integrantes y ordené la interceptación. Con ellos nunca había tenido ningún inconveniente”, afirmó Gutiérrez.

Asimismo, en Bogotá también se fraguaba parte del plan, en un principio el fiscal Morales se negó interceptar las conversaciones, los investigadores, quienes ahora están en prisión, descubrieron una supuesta prueba que aclaró las incertidumbres y finalmente logró conectar las líneas de un sospechoso delincuente, quien era conocido en el hampa bajo el nombre de Pini. Al final, en realidad era amigo de Marelbys Meza.

“Ellos llegan nuevamente al despacho el 3 de febrero, y ese día me llevan otro informe donde me dan a conocer que ya tiene un motivo fundado, que se habría presentado en la Sijín una fuente no formal y me dan a conocer la declaración de esa fuente no formal. Además, piden que se intercepten tres abonados telefónicos más”, señaló la fiscal Marbel en su declaración ante la Fiscalía.

Después, los dos patrulleros que redactaron los informes afirmaron que fueron manipulados por aquellos que actualmente están detenidos. Según la denuncia, los superiores de estos patrulleros les dictaron las respuestas que debían dar a la Fiscalía.

Sus superiores los llamaron y les dijeron que presentaran el informe que se subió al Spoa (Sistema Penal Oral Acusatorio) que debían declarar que el informe que se había presentado era el único. La fiscal que cayó en la trampa de la Dijín advirtió que están muy asustados y se han sentido intimidados.

Ahora se espera que se tomen las medidas judiciales correspondientes para aclarar ente enredo de engaños.