420 firmas han solicitado acogerse a ley de insolvencia, dice Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades está lista para enfrentar el trabajo que se avecina por los problemas que tienen las empresas nacionales, a raíz de la pandemia.

Se teme que la crisis derive en más compañías acogiéndose a procesos de reorganización o insolvencia (esto se da cuando las empresas tienen problemas para funcionar y pagar sus deudas).

El superintendente Juan Pablo Liévano aseguró que la entidad calcula que entre el 18 % y el 37 % de las organizaciones se encuentran en riesgo de entrar en insolvencia, un tema que dependerá de cómo evolucionen los negocios y la reactivación de la economía en los próximos meses.

El funcionario también señaló que las pequeñas y micro empresas son las más sensibles frente a la crisis, sobre todo de sectores como servicios y comercio, que al día de hoy ya se encuentran bastante afectadas por las medidas restrictivas que ha originado el nuevo coronavirus.

Las empresas enfrentan una situación difícil por la pandemia, ¿cuál es el balance que tiene la Superintendencia?
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Nosotros tenemos un tablero de control que hacemos muy juiciosos todas las semanas y lo primero que hay que decir es que uno tiene que entender que el crecimiento económico y la insolvencia van de la mano, hay una correlación total y en la medida en que decrece la economía, aumenta la insolvencia de las empresas.

El estudio que hizo la Superintendencia pronostica que la economía caería entre -1,9 % y -7,7 % este año. Asimismo, se tomó información de datos históricos de una muestra de 18.000 y en el mejor escenario se podrían presentar 2600 solicitudes de insolvencia nuevas. Si miramos un peor escenario, se podrían presentar 5600 solicitudes. Esto quiere decir que entre el 18 % y el 37 % de las empresas van a estar en riesgo de insolvencia.

Una cifra bastante considerable...
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No es que se vayan a presentar todas estas solicitudes, sino que esas empresas están en riesgo de insolvencia. ¿Cuántas realmente se acogerán a esa figura? Eso depende de cómo evolucionen los negocios. Por eso, la gran preocupación del Gobierno Nacional es fortalecer el consumo, los créditos de las compañías, y la idea es que con esto y la apertura de las empresas vamos a evitar que las que están en riesgo entren realmente en ese proceso de reorganización.

¿Qué cifras tienen hasta el momento de solicitudes de insolvencia empresarial?
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Desde el 1 de abril, que es el punto de partida que nosotros tenemos, hemos visto varias cosas. Si uno mira los mapas de insolvencia de los años anteriores, el promedio mensual de solicitudes era de 100.

En el primer trimestre de este año pasamos a 70 promedio mensual, lo que quiere decir que había una recuperación interesante desde el punto de vista económico, con lo que se fortalecieron las compañías y bajaron las solicitudes. En ese momento la Superintendencia tenía 2788 procesos de insolvencia, más o menos 2000 de reorganización y el resto de liquidación. Con el confinamiento empezaron a presentarse solicitudes muy tímidamente y al 5 de agosto teníamos 420 solicitudes nuevas.

¿Cómo ha sido la situación de las regiones?
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De esa cifra son 223 solicitudes en Bogotá, 63 en Medellín, 45 en Cali, 39 en Bucaramanga, 18 en Manizales, 17 en Barranquilla y 15 en Cartagena.

De todas maneras, lo que sé es que el número ha venido creciendo. Por ejemplo, en abril fueron 36 solicitudes; en mayo, 65; en junio, 124; en julio, 134, y, solamente en 5 días de agosto, ya tenemos 61.

Del total de estas solicitudes, 339 fueron de reorganización y 81 de liquidación. Asimismo, por tipo de proceso tenemos que 196 organizaciones se acogieron a la Ley 1116; 169 se fueron por la liquidación simplificada o abreviada que permite el Decreto 772, y otras 55 compañías se acogieron al Decreto 560 de negociación de emergencia de acuerdos de organización.

¿Cuál es el tamaño de estas empresas?
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Si lo vemos por tamaños, en insolvencia la categoría A son las que tienen activos superiores a 45.000 salarios mínimos; las de B son las que tienen activos entre 45.000 y 10.000 salarios mínimos y las de C, las que tienen menos de 10.000 salarios mínimos. El 70 % de las solicitudes de insolvencia son C, pero cuando hablamos de empleados y de activos involucrados, la pirámide cambia.

De categoría A hay 29 organizaciones, pero esa categoría A representa 14.000 empleados y representa un activo de $3,7 billones. Los de categoría B son 73 solicitudes, estas representan 4564 empleados y $1,2 billones en activos, mientras que las compañías de categoría C, que son 318, representan 4181 empleos y $615.000 millones en activos.

¿Qué sector es el que se verá más golpeado con todo esto?
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Las insolvencias siempre golpean más a las pequeñas y a las micro porque tienen menos capacidad de aguante, de crédito, de ahorro en activos para poder apalancar y lo que estamos viendo en esta coyuntura es que pasamos de tener un 70 % a un 75,7 % más de solicitudes en este grupo de compañías. También se golpea, por ejemplo, el sector de servicios, en el que hay 139 solicitudes de insolvencia, que corresponde al 33,1 %.

En Comercio hay 108 solicitudes, que equivalen al 25,7 %; manufacturas tiene 56, con el 13,3 %; construcción 46, el 11 %; personas naturales comerciantes 38 solicitudes, con el 9 % y 6,2 % a agricultura, que son alrededor de 26 solicitudes, es decir los más afectados son servicios y comercio.

¿Qué retos ven ustedes en medio de todo este panorama?
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El mayor reto es manejar el alto volumen de insolvencias, que se puedan tramitar rápido, que podamos dar las soluciones ágiles para que se preserve la empresa y el empleo. En la medida que logremos sostener el tejido empresarial, mantenemos el empleo, ese es el reto mayor.

Para atender esto tenemos varios grupos de trabajo. Nos hemos movido rápido, pero necesitamos crear más grupos, por eso la idea de aumentar la planta de la entidad. Pasamos de tener cero contratistas a tener 30 y logramos organizar los recursos de tal forma que vamos a tener otros 30.