5 claves para entender la controversia por cambio que Gobierno le dio a última hora al Presupuesto

El Presupuesto General de la Nación (PGN) representa el principal medio de gestión financiera dentro de la política fiscal de Colombia, siendo el documento en el cual se planifica y documenta el gasto público junto con sus fuentes de financiamiento.

Por esta razón, aumenta la preocupación sobre el destino de los 13 billones de pesos asignados para inversión en el Presupuesto General de la Nación de 2024, especialmente que esta inversión su gran parte va dirigida el sector del transporte, debido a decisiones de última hora supuestamente ordenadas por la Presidencia.

El Gobierno no separó el decreto de liquidación el Presupuesto del anexo que contiene el detalle del gasto, como lo exige el propio Estatuto Orgánico de Presupuesto, además, no distinguió recursos de inversión por 13 billones de pesos, destinados en su mayoría a obras de infraestructura, que terminaron en un partido global y sin destinación determinada.

Por lo que eso pondría en peligro cerca de 108 rubros y programas que por el momento no cuentan con una asignación específica, así lo publico el diario Portafolio de El Tiempo, en los que se menciona la primera línea del metro de Bogotá o el metro ligero para Medellín.

Fuentes consultadas por El Tiempo, mencionaron que estos dichos documentos sí habrían salido bien desde el Ministerio de Hacienda, sin embargo, fueron modificados a última hora en Presidencia. Con esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó que operación es una estrategia solicitada por el presidente Gustavo Petro para así entregar recursos a las obras en función de su nivel de avance, por lo que el resultado sería la renegociación de algunas de las vigencias futuras

Además, Bonilla le declaró a El Tiempo, que esto “es un ejercicio de priorización que nos pidió el Presidente para ver en qué van cada una de las obras y que comencemos a ver qué hacemos porque necesitamos el recurso para otras. Esto implica renegociar las vigencias futuras viendo el grado de avance de cada una de ellas. No se trata de ninguna opacidad en el Presupuesto”.

Bonilla aseguró que lo que habrá que examinar es si lo que está previsto para el metro de Bogotá este año, refiriéndose de un presupuesto de alrededor de 776.139 millones de pesos, debería entregarse “dado el nivel de retraso de la obra”. A pesar de esta situación, el alcalde Carlos Fernando Galán afirmó a el medio mencionado, que el proyecto avanza al 29,53 por ciento. “Tiene un leve retraso frente a lo proyectado, que realmente es muy poco para una obra de tal magnitud, y estamos trabajando para que se resuelva”, expresó el alcalde de Bogotá.

Aumentan las alarmas

Según exministros de Hacienda y diferentes expertos consultados por El Tiempo, esto podría conllevar a demandas ante un juez de constitucionalidad, pues estas practicas se encuentran prohibidas, así lo exige las normas orgánicas, ya que se puntualiza que cada gasto del Presupuesto debe ser siempre preciso y verificable.

“Las partidas globales quedan en manos del Ejecutivo al poder asignar gasto que no ha sido autorizado con precisión en el Presupuesto y que se presta, por tanto, a la politiquería”, aseguró el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo al medio anteriormente mencionado.

Incluso el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño afirmó a El Tiempo que los ciudadanos pueden de demandar el decreto de liquidación ante el Consejo de Estado y solicitar su suspensión provisional, con lo que se imposibilitaría ejecutar el Presupuesto.

“Por ejemplo, en materia de transporte no se podrían ejecutar los recursos porque no están identificados en las partidas presupuestales para pagarlos. Si se llegan a necesitar para el puente Pumarejo no se podrían usar”, explicó el exviceministro

Asimismo, el exministro y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, dio detalles a este medio citado, en el que mencionó que existe riesgo de demandas en algunos proyectos que ahora tienen vigencias futuras aprobadas, siendo así la situación, no se tendría la disponibilidad de los recursos

De hecho, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, aseguró a El Tiempo ayer, que se empezaron a paralizar la ejecución de algunas obras claves.

“El Estado cometió un error de base. No puede tener libre disposición de recursos. Al contrario, tiene que cumplir con lo que la norma y la Constitución pregonan en el sentido de que es el Congreso el que define las distribuciones de gasto a nivel de detalle”, aclaró Restrepo.

A su veces, otros expresaron que esta situación hacen cuestionar la transparencia que se les pueda dar a los recursos públicos. “La imposibilidad de conocer su destino específico le da opacidad al proceso de ejecución presupuestal, dificultando así su supervisión, lo que genera riesgos de corrupción”, aseguró Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Las posibles salidas

Los expertos consultados por El Tiempo aseguraron que una solución podría ser ante este panorama sería sacar un decreto de yerros en el que se reconozca que hubo una equivocación y que se busca corregirla. “El decreto carece de sustento. Resulta increíble que hasta la fecha no lo hayan remediado si ya se ha advertido el riesgo”, alertó el exviceministro Londoño.

Otra de las posibles soluciones que se han mirado es la de pasar nuevamente por el Congreso a través de una adición presupuestal. Sin embargo, para el rector de la EIA, el riesgo es que esa discusión sería muy compleja. “No veo tan clara cuál podría ser la solución. Algunos dicen que pasar de nuevo por el Congreso, yo creo que hay un error más de fondo. Como ya se sabe que hay necesidad de disminuir algunos rubros de gasto para lograr cumplir con las metas de déficit fiscal, de pronto ahí podría haber una oportunidad”, opinó la fuente consultada por El Tiempo.

Ante ello, este El Tiempo conoció que Planeación Nacional esta dispuesto a buscar una solución rápida para poder enmendar el error, pero el de Hacienda no estarían tan convencidos, ya que señalan que esto no lo ven tanto como una equivocación.

El presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, aseguró al medio, que observa con gran preocupación que en el decreto de liquidación del Presupuesto se omita la desagregación de 12,5 billones de pesos para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI.

“Esta situación está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta. La no corrección del problema pone en jaque proyectos estratégicos como la primera línea del metro de Bogotá, la operación del túnel de La Línea e, incluso, la licitación de la doble calzada Pasto- Popayán”, sentenció el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura a El Tiempo.