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Acto Legislativo radicado en el Congreso propone que las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) aumenten a partir de 2027 durante un periodo de 10 años,

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Anif hace dura advertencia sobre aumento de las transferencias del Sistema General de Participaciones, ¿de qué se trata?

Si el Gobierno intentara mantener los niveles actuales de gasto en estos rubros, el déficit fiscal se incrementaría al 10,1% del PIB, violando la Regla Fiscal.

27 de septiembre de 2024 Por: Redacción Economía

El Centro de Estudios Económicos, Anif, lanzó una advertencia sobre el Acto Legislativo N° 18 de 2024, una iniciativa parlamentaria que continúa en trámite en el Congreso y que podría llevar al colapso financiero del Estado colombiano.

Según un informe presentado por el Centro de Estudios, este Acto Legislativo, propone que las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) aumenten a partir de 2027 durante un periodo de 10 años, hasta alcanzar una proporción fija del 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN).

Estos son los recursos que fueron transferidos al Valle del Cauca por la Nación a través del Sistema General de Participaciones, SGP, en el 2023. Fuente Secretaría de Hacienda del Valle.
Estos son los recursos que fueron transferidos al Valle del Cauca por la Nación a través del Sistema General de Participaciones, SGP, en el 2023. Fuente Secretaría de Hacienda del Valle. | Foto: Imagen de El País

Lo anterior podría generar un aumento sustancial en las transferencias (que actualmente se calculan con base en el crecimiento de los ingresos corrientes (ICN) de los cuatro años anteriores, pero no están atadas a un porcentaje fijo, conforme al Acto Legislativo 04 de 2007).

Asimismo, llevaría a que se presente una completa inflexibilidad presupuestal, eliminando el margen para la inversión social del Gobierno y su funcionamiento. “En la práctica, esta reforma conduciría a la quiebra del Estado colombiano”, dice el informe.

Para ilustrar el impacto de esta medida, en el estudio se explica que si las transferencias del SGP en 2024 estuvieran atadas al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, el monto transferido ascendería a $148 billones, representando una presión adicional de $77 billones frente a los $71 billones programados para este año (22,2% de los ingresos corrientes).

• Transferencias del SGP (46,5%)

Pago de intereses (25,1%)

El Acto Legislativo N° 18 de 2024, es una iniciativa parlamentaria que continúa en trámite en el Congreso | Foto: Esteban Vega

• Vigencias Futuras (6%).

Esto dejaría al Gobierno con apenas $15 billones disponibles para inversión pública y funcionamiento.

Si el Gobierno intentara mantener los niveles actuales de gasto en estos rubros, el déficit fiscal se incrementaría al 10,1% del PIB, violando la Regla Fiscal. Ambas opciones serían insostenibles y comprometerían gravemente la capacidad del Gobierno para enfrentar emergencias fiscales o crisis económicas, afectando sectores clave como la inversión social e infraestructura”, afirma Anif.

En su informe, el Centro de Estudios Económicos argumenta que si bien es necesario avanzar en la descentralización, esto no debe hacerse a expensas de la sostenibilidad fiscal del país. “Modificar la fórmula actual del SGP para que represente un porcentaje fijo y alto de los Ingresos Corrientes de la Nación, sin una delimitación clara de competencias, pondría en riesgo la solvencia del Gobierno Nacional”, advierte.

Por estas razones, Anif considera que el Acto Legislativo 018 de 2024 no debe ser aprobado e invita a un debate amplio sobre la profundización de la descentralización y la autonomía territorial, teniendo en cuenta los factores macroeconómicos que afectan la sostenibilidad fiscal del país.

Modificar la fórmula actual del SGP para que represente un porcentaje fijo y alto de los Ingresos Corrientes de la Nación, sin una delimitación clara de competencias, pondría en riesgo la solvencia del Gobierno Nacional, dice Anif | Foto: Pixabay

Es fundamental que cualquier avance en materia de descentralización esté acompañado de un análisis riguroso de su impacto en las finanzas públicas, de manera que se fortalezcan las capacidades de los territorios sin comprometer la estabilidad económica nacional”, sostiene la entidad.

Igualmente, hizo un llamado a que este proceso se realice de manera responsable, asegurando que las reformas propuestas se alineen con los principios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

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