Asociaciones del sector salud piden al Gobierno crear una mesa técnica para evaluar reciente aumento de la UPC

No cesa la polémica desde que el Gobierno a través del Ministerio de Salud anunciara el aumento de Unidad de Pago por Capitación, UPC, en 5,36% para el 2025, tomando como referencia la inflación causada a noviembre de 2024 (5,2%).

Desde los diferentes sectores han manifestado su desacuerdo y rechazan el ajuste de los recursos al sistema de la salud por considerarlo insuficiente.

De hecho, ya son varios los cuestionamientos al Gobierno por parte de asociaciones médicas y gremios quienes insisten en que este ajuste es grave para el sistema, pone en riesgo a la salud.

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, manifestó su preocupación por el futuro de la salud y la calidad de vida de millones de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo en el país. Para Catalina Bello, directora de Acceso y Sostenibilidad de Afidro, la falta de recursos financieros genera un cortocircuito en toda la cadena de suministro de medicamentos, pero el impacto más grave recae sobre la calidad de vida de los pacientes que no reciben a tiempo sus tratamientos o medicamentos.

“Desde Afidro, consideramos que el ajuste no corresponde con la realidad actual del sistema de salud colombiano. La salud inicia 2025 con un déficit superior a los 19 billones de pesos, problema que está lejos de solucionarse con esta decisión”, señaló.

En esta misma línea de pensamiento está la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi. Ana María Vesga, presidenta de la Asociación considera que el sector se enfrentará a un panorama crítico durante el 2025 debido a que el incremento de la UPC no reconoce plenamente la inflación en el país.

“Muy compleja la situación para el sistema de salud en el 2025 con el aumento de UPC decretado. Apenas un 5,36% que reconoce escasamente la inflación y que no guarda proporción con el aumento del salario mínimo de 9,5%”, afirmó.

La líder gremial explicó, que por cada 10 pesos movilizados en el rubro médico, entre 6 pesos y 7 pesos son destinados al pago de sueldos de los diferentes profesionales que prestan sus servicios. En ese sentido, hizo énfasis en el déficit de aseguramiento existente en el 2024 de $6,6 billones y que para el 2025 podría proyectarse en el orden de los $9 billones.

Por su parte, el exministro de Salud, Jaime Arias, se refirió al tema diciendo que es un alza inicua, que representa un desafío para los 50 millones de afiliados que todavía tiene el sistema de salud.

“Esta alza es la cuarta parte de lo que se requiere para entregar servicios. Si no se corrige las EPS solo podrán funcionar hasta donde el dinero alcance”, explicó y agregó que “el sistema viene ahorcado desde el comienzo del gobierno Petro, pero la soga está cada vez más apretada. El dinero de la salud se lo gastaron en viajes suntuarios, embajadas para los amigos, burocracia, apoyos a la primera línea y ahora dicen que no alcanza”.

Entre tanto, el también exministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que la UPC no puede ser fijada a dedo. “El Gobierno decidió desechar la información disponible y fijar la UPC de manera caprichosa. En un caso típico, el aumento de 5,3% se dividirá entre EPS e IPS (ambos enfrentan costos crecientes). Para un hospital público, por ejemplo, esta situación representará un aumento de los ingresos apenas superior a 2% mientras los costos laborales crecerán casi 10% y muchos de los otros costos crecerán también por encima de la inflación”, afirmó.

La Asocicaicón de Usuarios en Salud le solicitó al presidente Petro convocar una mesa técnica, para presentar argumentos sobre el desacuerdo del aumento. “Desde la mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud terminamos el 2024 con múltiples advertencias al Gobierno Nacional para que la determinación de la UPC del año 2025 debía tener un fundamento técnico y no político, desafortunadamente la decisión tomada fue todo lo contrario, aparte de que se hizo como muchos gobiernos anteriores el último día del año, cuando muchos colombianos nos encontrábamos concentrados en compartir con nuestras familias las festividades de fin de año”, sostuvo Álvaro Manrique Molina, uno de los voceros firmantes de la solicitud.

Pliego de cargos contra Minsalud

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, por su presunta responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el país durante 2023.

Según la investigación, el funcionario habría omitido acciones oportunas para mitigar la crisis, a pesar de las advertencias emitidas desde 2022 por diversas asociaciones médicas y el órgano de control.

El Ministerio Público señaló que el ministro Jaramillo solo expidió la Resolución 1896 y formuló un plan de acción para atender la emergencia en noviembre de 2023, tras una orden emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre del mismo año. De acuerdo con el auto disciplinario, el alto funcionario “solo planeó y ejecutó acciones concretas orientadas a prevenir y superar el desabastecimiento de medicamentos, mediando una orden de un tercero, cuando debió hacerlo por el simple cumplimiento diligente y eficiente de sus funciones”.