REFORMA TRIBUTARIA
Buscarán subsidio de un salario mínimo para familias vulnerables con la nueva reforma tributaria
Un bloque de 54 senadores presentará el proyecto de ley para que sea estudiado en el segundo semestre del 2020. Gobierno dice que no hay recursos.
Un bloque integrado por la mitad de los senadores radicarán la nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio. La propuesta será uno de los temas de mayor discusión para el siguiente semestre, luego de la crisis derivada por la pandemia del coronavirus.
El anuncio se hizo este miércoles y participan en el proyecto senadores del Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal, Alianza Verde, Farc, Polo Democrático, Colombia Humana, Mais y Justa Libres.
En las últimas horas explicaron las bases de lo que se buscará en la nueva legislatura y destacan entre ellas el pago de un salario mínimo durante tres meses a familias de estratos medios y bajos, cuyos ingresos se vieron más afectados por la crisis económica que atraviesa el país.
Iván Marulanda, de la Alianza Verde, indicó que “somos una mayoría que presentaremos el 20 de julio una reforma tributaria que este en línea con el ordenamiento de la Constitución, una reforma equitativa, progresiva y eficiente y suficiente que le de al Estado todos los recursos suficientes para atender las necesidades de los colombianos”.
Dijo que será una reforma “que suprimirá todos los beneficios que se han entregado a lo largo de años para proteger privilegios que van en contra del beneficio de los colombianos”.
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Marulanda, junto a los senadores Roy Barreras, Rodrigo Lara, Andrés Cristo, radicaron el proyecto de ley por medio del cual se crea en el país la renta mínima de vida extraordinaria, con la cual se espera seguir atendiendo a colombianos afectados por la pandemia.
El proyecto permitiría dar a nueve millones de ciudadanos un subsidio equivalente a un salario mínimo durante tres meses. Estiman que favorecería aproximadamente a 30 millones de colombianos, es decir, el 60 % de la población.
Marulanda explicó que para la implementación de este programa serían necesarios $23.7 billones, "es decir 2.3 % del PIB. Si se prorroga por tres meses más, serían $40 billones".
“El Gobierno no resolvió el problema del hambre en el confinamiento, no giró recursos a los entes territoriales y las medidas paliativas – vía ínfimos subsidios, absolutamente insuficientes e insostenibles- no resolvieron necesidades para 30 millones de colombianos informales, vulnerables o en pobreza", afirman los ponentes.
Aseguran que esta situación obligó "a muchas personas a salir a la calle en busca del sustento. En la práctica, la cuarentena se hizo trizas por esa imprevisión, más las decisiones de reapertura económica a ciegas que el Gobierno ya implementó y que ya resultan incontenibles".
En un pronunciamiento de los senadores se señala que han hecho la exigencia de dicho alivio desde hace varias semanas pues consideran que los "entregados por el Gobierno, gota a gota y en cantidades misérrimas, no resuelven el problema del hambre de los colombianos".
También dijeron que "no bastan soluciones temporales, es indispensable construir soluciones permanentes para que esta sociedad sea justa, para que no haya ningún hogar de Colombia con hambre, y donde la gente no tenga ingreso para comprar el pan para su familia”.
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Gobierno dice que no hay recursos
Juan Pablo Zarate, viceministro de Hacienda, reiteró lo que ya había dicho el ministro Alberto Carrasquilla. Aseguró que el Gobierno Nacional no apoyará ese proyecto de ley porque no cuentan con los recursos y ni la logística para entregarlos.
“No podríamos hacer un esfuerzo de 20 billones como mínimo, con el Ingreso Solidario tenemos identificados a tres millones de personas y solo hemos llegado a dos millones. Logísticamente no es una alternativa en el corto plazo”, sostuvo.
Para los congresistas las fuentes de recursos son las que ya están aplicadas en programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción la devolución del IVA, los recursos del ingreso solidario, pero como no son suficientes dicen que se debe recurrir por parte del Gobierno a un crédito del Banco de la República, como también a refinanciar la deuda pública a mayores plazos y menores intereses.
Por la Alianza Verde, los congresistas firmantes son Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Angélica Lozano, Jorge Eduardo Londoño, Juan Luis Castro, Iván Name, José Aulo Polo, Sandra Ortiz y Jorge Guevara.
Por el Partido Liberal, Guillermo García Realpe, Luis Fernando Velasco, Rodrigo Villalba, Miguel Ángel Pinto, Andrés Cristo, Fabio Amín, Lidio García, Iván Darío Agudelo, Horacio José Serpa, Laura Fortich, Mauricio Gómez Amín, Jaime Durán Barrera, Mario Castaño y Julián Bedoya.
Por el Polo Democrático: Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Wilson Arias y Alberto Castilla.
Del Partido de la U figuran Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez, Juan Felipe Lemos, Miguel Amín, Eduardo Pulgar, Ritter López, Germán Hoyos, José Alfredo Gnecco, Berner Zambrano, Armando Benedetti, Maritza Martínez, John Besaile y José David Name.
Además, están por la coalición de los decentes: Gustavo Bolívar y Aída Avella.
Del partido Cambio Radical aparecen Temístocles Ortega, Rodrigo Lara y Édgar Díaz.
También apoyarán la iniciativa Feliciano Valencia, del partido Mais; Édgar Palacio, de Colombia Justa Libres; así como Criselda Lobo, Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Israel Zúñiga y Julián Gallo, del partido Farc.
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