Contraloría alerta sobre los efectos de rangos diferenciales en las tarifas del SOAT y su sostenibilidad financiera

Un estudio sectorial que fue liderado por la Contraloría General de la República, con el apoyo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), dio señales preocupantes, respecto a la sostenibilidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia.

El estudio ha evidenciado riesgos relacionados con la siniestralidad vial y la coordinación deficiente entre entidades responsables, como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la ADRES, que podrían afectar la capacidad del sistema para cubrir los gastos en salud y la atención integral a las víctimas.

En el marco de la implementación del Decreto 2497 de 2022, se establecieron categorías de rangos diferenciales según el riesgo, lo que resultó en una reducción del 50% en el valor de las pólizas del SOAT para propietarios de vehículos como ciclomotores, motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c., motocarros, triciclos, cuatriciclos, autos de negocio, buses y busetas urbanos, y servicio público intermunicipal.

No obstante, estos cambios también representaron algunos ajustes en los montos establecidos para los pagos de la cobertura de servicios de salud para las víctimas de siniestros viales.

La situación planteada ha generado varios impactos notables, incluyendo:

Insuficiencia de Recursos: De acuerdo con el ente de control, hay una afectación en la suficiencia de recursos para financiar los servicios de salud que superan los 300 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV) y llegan hasta los 800 SMDLV. Esto implica un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación, proyectando un déficit de $810.000 millones para este año.

Disminución en las Contribuciones y Transferencias: La reducción de la tarifa del SOAT ha llevado a una disminución en las contribuciones y transferencias de ley para la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los recursos administrados por la ADRES del Fondo de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT). Se estima que esta disminución supere los $300.000 millones en 2023.

Problemas en los Trámites y Pagos: La falta de claridad en los procedimientos y el retraso en el alistamiento institucional para implementar el Decreto 2497 de 2022 ha generado un represamiento en los trámites de reclamaciones y pagos, lo que podría sumar más de $650.000 millones para alrededor de 58.000 reclamaciones de servicios de salud.

La Contraloría dijo que el análisis técnico de rangos diferenciales por riesgo en el SOAT, presentadas en diciembre de 2022 por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte al Ministerio de Salud y Protección Social, tuvo conclusiones equivocadas, puesto que estas tarifas diferenciadas tuvieron el potencial de impactar negativamente los recursos destinados a la atención de víctimas de siniestros viales.

De igual manera, el incremento en la siniestralidad vial, con un aumento del 2,72 % en víctimas fatales en comparación con el año anterior, subraya la importancia de priorizar la prevención de siniestros viales en la agenda de salud pública.

La Contraloría ha instado a las entidades involucradas a tomar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del régimen del SOAT y abordar los problemas actuales, como el fraude y la evasión del seguro.

Esto es fundamental para proteger a las víctimas de siniestros viales y liberar los recursos represados en el sistema de salud.