Contraloría General lanza alerta sobre el deterioro que presenta la seguridad energética del país

La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre el deterioro que presenta la seguridad energética del país y la posibilidad de que la situación sea más comprometedora en el mediano plazo, si no se toman medidas al respecto, lo que podría reflejarse en energéticos menos asequibles y menos confiables, que posiblemente deberán suplirse con importaciones que generen mayores costos.

A través de un estudio sectorial denominado “Seguridad y Confiabilidad Energética (2010 - 2026)”, el organismo de control señala la inexistencia de una política definida y unificada en este tema, así como falta de articulación institucional. En el documento resalta que “anteponer la Transición Energética a la Seguridad Energética es un error que el país no debe permitirse”.

Para el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, “se está arriesgando la seguridad energética que se tiene hoy frente a escenarios inciertos mañana”. Hasta ahora, el país ha tenido la suerte de tener precios altos en épocas de baja producción y altas producciones en épocas de precios bajos, fenómenos que se contrarrestan mutuamente y permiten tener unos ingresos de regalías relativamente constantes, cercanos a los $10 billones anuales”.

Igualmente, agregó que este escenario no siempre se dará, por lo que el país “debe prepararse desde ya para una caída en los recaudos de regalías como consecuencia de la futura disminución de la producción petrolera y de gas si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestarla”.

A la vez, estimó que la transición energética no supone, a priori, la eliminación del uso de energéticos fósiles, pero sí la disminución paulatina de la demanda lo cual, en la teoría, debería tener consecuencias en la oferta. Actualmente el planeta demanda un poco más de 100 millones de barriles diarios, y la tendencia aún es creciente.

“En otras palabras, aunque el foco de atención actualmente está en la transición energética, es la seguridad energética la que está llamada a fortalecerse mientras ocurren los cambios en la matriz energética”, enfatizó y agregó que “seguimos sin tener luces de lo que será la transición energética”.

Debido a lo anterior, el contralor Rodríguez Becerra expresó su preocupación ante el hecho de que hoy no se conozcan aún actividades concretas de la transición energética, ni presupuestos, indicadores y metas. “Tampoco se conocen los análisis de concesión de actividades productivas y laborales, que permitan sustituir los recursos que obtiene el país de sectores como el de hidrocarburos y minería frente a la transición energética, así como la cuantificación de los recursos requeridos para ésta, atados a planes y programas concretos”, dijo.

Entre tanto, el Conpes 4137 de julio de 2024, avala una deuda de US$138 millones para apoyar la transición energética justa, recursos que serían suficientes para adelantar esta política, si se comparan con las necesidades identificadas en el CONPES 4075 de 2022 que definió la política en este tema.

Sin embargo, recalcó el Contralor, aún se queda corto este programa en aclarar qué instituciones, qué competencias y qué recursos específicos se asignan. “Además, las metas definidas son insuficientes para avanzar de manera importante en el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030″, dijo.

Por lo anterior, la Contraloría considera que esta situación “pone en riesgo no solo la seguridad energética del país, sino las diferentes actividades y proyectos incluso sociales que se financian con las regalías que se obtienen del sector minero energético”.

Por ejemplo, precisó, en materia de hidrocarburos el país actualmente cuenta con 301 contratos, la mayor parte de exploración y producción (71%) y el resto dividido en contratos de evaluación (17,61%), convenios de evaluación y exploración (1,33%) y 2,33% en acuerdos de evaluación técnica. Del total de contratos, se encuentran suspendidos 36 (12%) y 45 (15%) en trámite de terminación. Dentro de los suspendidos están los asociados a actividades en Yacimientos No Convencionales.

Así las cosas, su advertencia en este punto es que “hay que tener en cuenta que la exclusión de áreas potencialmente petroleras al no darse nuevos contratos de exploración puede ser un error. La política de exclusión de áreas potencialmente petroleras eventualmente implicará reducciones en inversión extranjera directa y propenderá por una importación más temprana de hidrocarburos, con las consecuentes repercusiones fiscales representadas por menores ingresos para la Nación y por un menor recaudo de regalías para las regiones, poniendo en riesgo no solo la seguridad y confiabilidad energética, sino las finanzas públicas y la obtención de recursos para funcionamiento pero especialmente para inversión”.