¿Cuánto le cuesta el contrabando al Estado colombiano?: director de la Dian respondió

El director de Impuestos y Aduanas Nacionales, Luis Carlos Reyes, anunció este jueves la identificación de unas mejoras que se llevarán a cabo en las importaciones y exportaciones del país, y así luchar contra el contrabando.

“Basándonos en unos análisis que hemos hecho en los últimos meses, hemos identificado unas mejoras en el proceso de exportaciones e importaciones, para fortalecer la lucha contra el contrabando en el país y así empezar a debilitar estas economías ilegales que tanto daño le hacen al país y a los ciudadanos de Buenaventura”, dijo Reyes.

Así mismo, anunció que se nombrará un nuevo director seccional de Aduanas de la Dian en Buenaventura, que será elegido a través de “un proceso supremamente riguroso y meritocrático”.

Respecto a las cifras económicas que deja esta problemática en Colombia, explicó que “le cuesta al país de varias maneras, la primera es con dinero, que pierde el Estado cuando no se le pagan los tributos con la entrada de mercancías al país. Estimamos que esta puede ser una cifra cercana a los $6 billones en el total nacional, y Buenaventura es una fracción importante”.

Y aclaró: “También representan costos en términos de vidas humanas y seguridad de la ciudadanía”.

Vale la pena recordar que la DIAN le madrugó al contrabando y desde las 5:00 am de este jueves 29 de enero, llegó a San Victorino, en Bogotá, acompañada de la POLFA, Policía Fiscal Aduanera, para realizar un operativo, luego de conocer que en la zona tenía grandes volúmenes de mercancía que no cuente con los documentos necesarios de legalidad.

En esa zona, las autoridades iniciaron los allanamientos en varios de los locales a medida que los propietarios o trabajadores empezaban a llegar, sin embargo, muchos de ellos empezaron a mostrar su inconformidad, pues, según ellos, las autoridades se estaban llevando la mercancía sin dar oportunidad de mostrar que todo estaba bajo el margen de la ley.

Los allanamientos se ejecutaron en diferentes centros comerciales del sector, pero la mayor parte del megaoperativo fue en los establecimientos que están ubicados en la calle 11 con carrera 10 y en la calle 10 con carrera 10 de la capital colombiana.

De acuerdo con información publicada en el portal de Semana, portavoces de esa zona aseguran que actualmente hay 17 manzanas, 54 centros comerciales y 4 megacentros, en donde se mueve el consumo a través de la venta de ropa, electrodomésticos, calzado, alimentos, papelería, entre otros.

Por esa razón, tanto la DIAN como la POLFA tenían sus ojos puestos en ese sector, pues ya llevaban varios días con la preparación de operativo por las irregularidades en los precios, dado que la mercancía que ahí se comercializa es mucho más asequible en comparación con otros lugares de la ciudad.

Durante la actividad, las autoridades incautaron 5 camiones de mercancía, que al parecer era de contrabando, proceso en el que la Policía estuvo custodiada en todo momento. El allanamiento se realizó en la localidad de Los Mártires.

Al respecto, el Coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar, director de Gestión de POLFA, aseguró que “en este lugar, gracias a información de la ciudadanía, suministrada a través de la línea anticontrabando 159 y labores de verificación de nuestros funcionarios de policía judicial, se ha logrado extraer de estos establecimientos gran cantidad de elementos como textiles y bisutería los cuales no contaban con los documentos soporte que acreditaran su legal ingreso al país”.

Sin embargo, la abogada de los comerciantes, Ruth Magnolia Gamba, denunció que la DIAN y la POLFA se llevaron la mercancía de manera irregular, dado que ellos omitieron la documentación que tenían los trabajadores y dueños de los locales.

“Este operativo fue totalmente irregular, dentro de las actas que se presentaron se indica que los comerciantes tuvieron tiempo de mostrar los documentos de legalidad, lo que es falso. Los mismos funcionarios se encargaron de llenar los espacios de las actas y de las resoluciones, diciendo que ellos habían dado el tiempo para demostrar la legalidad de esos documentos”, dijo.

Además, añadió que “es fundamental que las instituciones del país cumplan con lo que tiene que hacer y que velen por el cumplimiento de la norma, ya que la norma aclara que se le debe permitir a los comerciantes enseñar los documentos que acrediten la legalidad, cosa que no se hizo en este caso. La alternativa de las autoridades fue pasar por alto todos los derechos al debido proceso”.