¿Es viable bajar la tarifa de energía eléctrica en el país?

Reducir los costos de la tarifa de energía es un propósito del Gobierno Nacional que, además de asumir el pago de la deuda por opción tarifaria, firmó un acuerdo con siete empresas comercializadoras de energía en la búsqueda de beneficiar a los usuarios más vulnerables del país, especialmente de la Costa Caribe, donde el kilovatio/hora está alrededor de $1200.

Sin embargo, el gran interrogante es si realmente se puede intervenir la estructura tarifaria en el país, donde cada día aumenta la demanda y fenómenos climáticos como El Niño dejan al descubierto la debilidad del sistema.

Gremios del sector energético coinciden en que sí se podría reducir la tarifa, pero con un marco jurídico claro que garantice la supervivencia y estabilidad financiera y técnica de las empresas generadoras, de transmisión, distribuidoras y comercializadoras.

En ese sentido, José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribución de Energía (Asocodis), explicó que la tarifa que se le cobra a los hogares contiene varios componentes que incluyen todos esos eslabones de prestación del servicio.

“La regulación es dinámica y siempre hay espacio de revisión y ajustes. Lo importante es que esas revisiones y ajustes brinden las señales que generen la confianza y lo más importante, un balance y un equilibrio que garanticen unas tarifas eficientes, minimizando el impacto a los usuarios, pero también la prestación futura del servicio”

Es decir “incrementando la cobertura, mejorando la calidad del servicio, disminuyendo las pérdidas de energía, adecuando y modernizando las redes para la transición energética, con empresas viables y sostenibles, así sean públicas, privadas o mixtas”, precisó.

En esa misma línea, Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, sostuvo que dentro del marco legal actual es totalmente posible ajustar las fórmulas tarifarias de energía eléctrica. “Primero, porque tanto el Costo Unitario (CU), como sus componentes de reconocimientos de costos, tienen más de 5 años y ya se pueden actualizar con una nueva fórmula que considere la eficiencia pedida por la ley y excluya las pérdidas no técnicas”.

Entre tanto, en relación con los costos de generación, también en la fórmula, según Fonseca, la regulación debe reconocer los costos eficientes derivados de la compra de energía en bolsa y con contratos. “Este mercado se puede ajustar en cualquier momento”.

Agregó que “simplemente se debe ejercer el deber regulatorio, que hace varios años está fuera de oportunidad en contra de los intereses de la demanda, es decir, los usuarios residenciales, comerciales e industriales”.

De otro lado, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, señaló que el principal componente de la fórmula que fija el precio de la energía es el CU (Costo Unitario de Prestación del Servicio), que incluye generación, transmisión, distribución y comercialización, “no es una fórmula estática, inamovible”.

“La regulación para cada uno de estos componentes está definida para que puedan reflejar las mejoras en eficiencia y en productividad. Todas las mejoras que se están dando permanentemente, por parte de las empresas o en su forma de contratar la energía, es cambiante, no es estático”, insistió.

“Si una empresa hace mejor su gestión de contratación de energía o de compras de energía a los generadores y es una empresa distribuidora y comercializadora, esto inmediatamente se traslada a los usuarios, ese tipo de cosas siempre están modificándose”, sostuvo Castañeda.

Pocos proyectos nuevos

Por su parte, Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, enfatizó en el reciente ‘Foro Energético Andeg’, en Barranquilla, que el costo de la tarifa de la energía golpea la calidad de vida de los hogares y el bolsillo de los usuarios y advirtió que “las intervenciones no han dado los resultados estructurados, hay que buscar otras soluciones”.

Por eso, dijo, se debe mantener la estabilidad financiera y técnica de cada una de las empresas que componen el eslabón de la cadena del sector energético en Colombia.

Además planteó, para mejorar el tema tarifario, aumentar la oferta de energía agilizando la entrada en operación de los proyectos que están retrasados, con el marco jurídico que ya existe, pero como Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, Pine. “Hay una cifra que preocupa, en el 2023, solo el 17% de los proyectos que estaban destinados a entrar en generación lo hicieron. La tasa de mortalidad de los proyectos pasó del 40% al 70%: de cada 10 proyectos solo 3 ven la luz. Esto por la dificultad para encontrar puntos de conexión, y los retrasos de licenciamiento ambientales y consultas previas”.

Al respecto, Juan Carlos Mejía, representante legal de la Central Hidroeléctrica Aures Bajo, en Antioquia, dijo que la reducción tarifaria sí puede hacerse, pero con paciencia, rigor y sinceridad en la discusión. “Hay algunos privilegios regulatorios para unos generadores que suben el precio artificialmente (corresponde a la Creg acabarlos ya y a la Superintendencia, controlarlos). Además, el país debe discutir si el monopolio de ISA en la transmisión está prestando un verdadero servicio público a unos precios razonables, esta es una tarea del Ministerio”, anotó.

Afirmó también que los operadores de red y los distribuidores no están invirtiendo ni controlando pérdidas, “tienen paralizada la generación, obran de manera oligopólica, están capturados por políticos, son ineficientes y retrasan proyectos”.

Según Mejía, los comercializadores trasladan sus malas compras a los usuarios y tienen perversos incentivos para ello, su mala gestión no es castigada, mientras los usuarios despilfarran y defraudan. “Hay que hacer campañas de educación, pero sujetas a un buen servicio a precios razonables; las señales de incertidumbre que da el gobierno asustan a inversionistas e impiden la llegada de nuevos proyectos que garanticen el suministro insuficiente”.

Finalmente, Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), expresó que la regulación actual establece que las fórmulas tarifarias deben pensar en el consumidor en el sentido de ser lo suficientemente altas para asegurar las inversiones necesarias para prestar el servicio, y los suficientemente bajas para cubrir solo los costos eficientes de prestar el servicio.

“Las dos cosas son claves para los consumidores. Y, por supuesto, hay subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que ayudan a los más vulnerables a pagar su tarifa”.

En cualquier caso, aclaró, la CREG tiene la potestad para cambiar las fórmulas para que se ajusten lo más posible a estos principios.

En cuanto a si esta revisión podría hacerse únicamente en algunas regiones del país, González recordó que las fórmulas tarifarias son para todo el país, aunque al aplicarlas puede haber diferencias regionales, expresó. “Por ejemplo, las inversiones requeridas en una zona del país para prestar el servicio pueden ser distintas a las de otra y eso va a hacer que las tarifas sean diferentes”.

Y agregó: “El país tiene que decidir si hay regiones que requieran un apoyo adiciona, por ejemplo la Costa Caribe, donde hay altos niveles de pobreza y subinversión y establecer los mecanismos para hacerlo”, dijo González.

Costos de las tarifas en Cali y el Valle

En Cali, la Gerencia de Energía de Emcali aseguró que, a corte de mayo, tenían la segunda tarifa más baja de todo el país, con $879 el kilovatio.

Para el gerente José David Insuasti, el mayor componente de la tarifa es la generación. En ese aspecto indicó: “Hay muchos retos, hay muchos temas que se han trabajado, pero mientras no se siga promoviendo nuevos proyectos, bajar el costo de la generación, que es el mayor porcentaje, es complejo”, dijo.

El segundo costo más alto es la distribución. “Nosotros ahí tenemos un problema y es que hacemos parte de un área de distribución (ADD). La región del Pacífico, junto con todo el Valle del Cauca, tienen un mismo cargo de distribución, nosotros le tenemos que devolver tarifa a otros operadores de la zona, por ejemplo a Celsia, lo que afecta nuestra tarifa”, explicó.

Para Emcali, reiteró, sí es viable modificar la fórmula que fija el precio de la energía, pero para ello tendrían que salir del área de distribución y el país revisar otro mecanismo que no afecte a los caleños, porque al final, usuarios de estratos 1, 2 y 3 de Cali, están compensando la distribución de estratos 4, 5 y 6 de otros municipios con capacidad de pago más alta.

Desde Celsia, informaron que entre junio y agosto, la tarifa en el Valle del Cauca bajó 10%, que equivale a una disminución de $97 por cada kilovatio consumido. Esta es una de las mayores disminuciones de la tarifa entre los operadores del país, recientemente, aseguró la empresa.

Esta reducción se explica en que los contratos de energía, los precios se fijan a largo plazo, mientras otra pequeña porción se adquiere en Bolsa, donde flutúan los precios, pero al concluir el fenómeno de El Niño y recuperarse los embalses, la energía se puso más barata. “La reducción de la tarifa de energía a los clientes de Celsia obedece a que en la compañía combinamos eficientemente las compras de energía en Bolsa, que con las lluvias están más favorables, y los contratos que suscribimos a largo plazo con los generadores” afirmó Ricardo Sierra, líder de Celsia.