Estos son los riesgos que rondan las finanzas públicas del país

Las finanzas públicas colombianas afrontan un problema estructural: los ingresos no alcanzan para pagar los gastos y el Gobierno Nacional no ha podido solucionar el problema. Por el contrario, lo ha aumentado.

Así lo advierte Julio César Alonso, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Icesi, quien asegura que “el Gobierno de Petro aumentó el gasto público, apostando a que la reforma tributaria del primer año generaría los ingresos necesarios para financiar el aumento del gasto. Pero el recaudo no creció y, por el contrario, viene cayendo”.

Esto hace que sea necesario el recorte del presupuesto inicialmente aprobado para este año, lo cual ya fue anunciado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Se calcula que el recorte del 2024 será de unos $ 33 billones, lo cual se anunciará en los próximos días.

Pero, además, agregó Alonso, sin tener claro el panorama de cómo equilibrar los gastos e ingresos, hacen trámite en el Congreso proyectos de ley que seguro tendrán implicaciones en el gasto.

Dijo que, por ejemplo, y sin entrar en discusiones sobre la importancia de la autonomía de las regiones, el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, no aclara el problema y trae más interrogantes.

Insistió en que esta reforma está generando mucha incertidumbre sobre el futuro de las cuentas del Gobierno Central.

En esa misma línea, Juan Diego Lobo, director del Programa de Economía de la Universidad EAN, afirmó que “hay un gran riesgo en materia de finanzas públicas por los pobres resultados en términos de recaudo a lo largo del año”.

Aunque reconoció que el problema no es nuevo, también indicó que es claro que las proyecciones del Ejecutivo se basaron en cálculos con rubros que no estaban garantizados al proyectar de forma confiable una de las fuentes principales para financiar el presupuesto público.

“Ahora bien, surgen agravantes a raíz de los últimos proyectos de ley, que exigen un mayor esfuerzo en materia presupuestal, cuyas fuentes no garantizan una financiación adecuada”, subrayó el experto.

En ese sentido, como primera acción el Gobierno Nacional podría apalancar recursos mediante deuda, pero la inestabilidad macroeconómica podría incidir en mayores tasas de interés, al asumir los préstamos.

Los anuncios de default (se produce cuando un Estado no cuenta con el dinero líquido para hacer frente a una deuda) de hace unos meses, imprimen mayor riesgo a estos préstamos y es factible que las primas de riesgo también crezcan.

Lobo sostuvo que “sin una ley de financiamiento, reunir los recursos necesarios (para 2025) será muy complicado, pero el reto adicional del Gobierno es adquirir conciencia en materia de eficiencia y eficacia del gasto público, en medio de un entorno de inflexibilidades en muchos sectores institucionales”.

También hay un riesgo adicional: con la baja ejecución presupuestal en varios ministerios, la regla dicta que habrá un castigo de presupuesto autorizado para la próxima vigencia. “Quien no gasta lo que había presupuestado, tiene menor cantidad de recursos autorizados y debe reintegrar lo que se comprometió pero no se utilizó”, destacó.

Andrés Giraldo, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, anotó que, si se mantiene el nivel de gasto que espera el Gobierno, sin más ingresos, inevitablemente lo que sucederá es un aumento de la deuda.

“Ya los mercados están tomando la deuda colombiana como de alto riesgo y están cobrando una prima de riesgo como si ya hubiéramos perdido el grado de inversión. Con algunas calificadoras de riesgo ya no tenemos grado de inversión y el mercado está en una percepción de que estamos en alto riesgo de cesación. Entonces, una mayor deuda son más intereses, más servicio de la deuda”, puntualizó.

Este año la Administración de Gustavo Petro, hasta octubre, ha destinado $ 68 billones del presupuesto para pagar sus deudas. Entonces, señaló que depende del Gobierno en dónde hacer recortes.

“Qué va a recortar, ¿Defensa?, con un nivel de violencia creciente? ¿Educación? ¿Salud?, en dónde? Ese es el grave problema. Por eso, estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la reforma del Sistema General de Participaciones es inconveniente, porque es un gasto creciente, sin un reajuste de responsabilidades por parte de los entes territoriales”, insistió.

Anotó que el Gobierno no ha dado señal de que va a cumplir con la regla fiscal y, si esto no se hace, va a ser muy costoso para los colombianos en los mercados internacionales, porque son mayores tasas y mayor devaluación.

“Estamos en una encrucijada fiscal muy fuerte y lo peor es que las autoridades macro del Gobierno parecen no tener la intención de afrontar esto y, al contrario, con su actitud frente al aumento de los compromisos de la Nación con las regiones están muy poco preocupados por la estabilidad de las finanzas públicas”, dijo.

En otras palabras, si la política fiscal no se ajusta, esto va a llevar a que el Banco de la República endurezca la política monetaria y ahí sí habría poca capacidad del gasto público y se estaría en serios problemas desde el punto de vista macroeconómico.

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, dijo que, cuando entre en vigencia la reforma al Sistema General de Participaciones, cada que la Nación necesite un peso para solventar sus gastos, le va tocar conseguir dos, porque de cada peso que consiga 46,5 centavos se van a ir a las regiones y a los departamentos.

“Entonces, si usted tiene un hueco de un peso y le toca conseguir casi 2, casi 1,90, porque los 90 se van a ir para las regiones, es un absurdo, pero es a lo que lleva este esquema”, opinó.

De ahí, explicó el economista, que a largo plazo se crea un problema de sostenibilidad en el Gobierno y “créame ya eso estaba así cuando salió la Constitución del 91 y creó un problema fiscal en los departamentos y los municipios, porque si bien van a recibir más ingresos, les van a mandar los ingresos pregastados”.

Proyectos en el Congreso

El 10 de septiembre de 2024, el Ministerio de Hacienda presentó la Ley de Financiamiento ante el Congreso. Esta ley busca recaudar $12 billones que serán destinados a proyectos estratégicos en 2025. No obstante, algunos sectores de la sociedad han planteado que esta iniciativa es una reforma tributaria.

Como se sabe, la Ley de Financiamiento es fundamental para evitar recortes en los programas sociales del Gobierno.

El presupuesto de inversión para 2025 asciende a $ 82,46 billones, de los cuales $ 57 billones corresponden a gastos inflexibles.

En cuanto a la reforma al Sistema General de Participaciones, el Gobierno ha dicho que es una promesa de descentralización contenida en la Constitución de 1991 para dar más autonomía a las regiones.

Con esta reforma, los entes territoriales recibirán 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación.