Estudio revela las consecuencias que genera la violencia en la economía colombiana; ¿cuáles son?

La violencia en Colombia, que se ha prolongado a lo largo de más de 60 años, ha traído consecuencias devastadoras para la población civil, ya que los actores armados al margen de la ley han obstruido el progreso y los proyectos de vida de los familiares de las víctimas que han sido asesinadas o de aquellos que han padecido secuestros, desplazamientos o extorsiones.

A pesar de que durante las últimas décadas ha habido distintos procesos de paz con grupos con guerrillas y grupos paramilitares que se han desmovilizado, la guerra sigue haciendo de las suyas. Y las consecuencias no solo se han dado en materia emocional o de impunidad, sino también en la economía nacional.

En ese sentido, Fedesarrollo presentó un estudio, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que examina el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe.

El informe estima que los costos directos asociados a estos fenómenos en 2022 ascendieron al 3,44 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale al 78 % del presupuesto destinado a la educación y más del doble del presupuesto para la asistencia social.

En el caso de Colombia, los costos directos del crimen y la violencia fueron del 3,64 % del PIB de 2022, equivalente a $ 68 billones anuales.

Los tres tipos de costos directos identificados en el estudio en el caso colombiano

• Costos en capital humano (0,88 % del PIB): Estos costos incluyen la pérdida de productividad de las víctimas de homicidios, los delitos no letales y la privación de libertad de los agresores, lo cual reduce la capacidad productiva del país al limitar la contribución económica de las víctimas y las personas privadas de libertad.
• Costos para el sector público (1,0 % del PIB): Reflejan los recursos que el Estado asigna a la Policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Estos recursos, fundamentales para mantener la seguridad y el orden, limitan la disponibilidad de fondos para otras áreas esenciales como la salud y la educación.
• Costos para el sector privado (1,76 % del PIB): Son los recursos que las empresas y los negocios deben invertir en medidas de seguridad para buscar protección de la criminalidad, incluyendo vigilancia privada, sistemas de seguridad y seguros. Por lo tanto, estos recursos podrían destinarse a la expansión y modernización de las empresas.

La investigación ubica a Colombia en la posición 8 entre los 22 países analizados de Latinoamerica y el Caribe en términos de los costos totales asociados al crimen y la violencia como porcentaje del PIB, destacando el alto impacto de este fenómeno en la economía nacional. Adicionalmente, Colombia ocupa la séptima posición en los costos en capital humano, un aspecto que el informe resalta como urgencia la implementación de políticas de seguridad más eficaces.

“El crimen no solo representa una pérdida de capital humano, sino que también impone una carga económica severa sobre el desarrollo del país. Estos costos son recursos que podrían destinarse a mejorar el sistema educativo, la innovación o la infraestructura, pilares fundamentales para aumentar el crecimiento económico”, resaltó Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

Por último, el estudio advierte que el crimen y la violencia afectan a sectores productivos como el turismo y el comercio, y contribuye a la migración y disminución de la inversión, los cuales representan un freno adicional al desarrollo del país.