¿Fue pensado solo para trabajos estables? Las dudas que deja el proyecto de reforma laboral

En Colombia hay tres millones de desempleados y doce millones trabajan en la informalidad. Basados en estas cifras, los empresarios basan su argumento de que el texto de la reforma laboral fue pensado solo en quienes en este momento gozan de un trabajo estable.

Para los comerciantes y algunos analistas, esta iniciativa deja muchos interrogantes, pues no mide el impacto que esta propuesta puede traer a la estructura laboral del país.

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El empresario y analista, Carlos Andrés Pérez, explicó que lo que plantea el proyecto hace más rígido el esquema de contratación y despido, dificultando que las empresas asuman el riesgo de contratar nuevos trabajadores con poca experiencia laboral y en ese sentido, los jóvenes se verían especialmente perjudicados.

De otra parte, el encarecimiento de la mano de obra para las empresas manufactureras, de comercio y servicios en los fines de semana afectaría de manera especial a las micro y pequeñas empresas, que tendrían dificultades para mantener su nómina actual, especialmente en el contexto de una desaceleración económica que se empieza a materializar según las cifras de desempleo que se reportó el Dane para el mes de enero.

Esta situación es particularmente difícil para las empresas y representa el riesgo de aumentar aún más la tasa de informalidad laboral, que se encuentra al rededor de 60%.

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Para la abogada laboral Natalia Ramírez, a esta reforma le falta claridad en cuanto a la forma como se van a implementar cada uno de los puntos plasmados en el documento, pues para ella “son deseos de igualdad loables, pero que no son claros en cuanto a su desarrollo”.

Asimismo, puntualizó que al proyecto le falta apretar los tornillos del incumplimiento de las normas laborales en Colombia.

“En la Misión de Empleo empleo encontramos que en el país hay un altísimo incumplimiento de las normas del trabajo y el texto no recogió ninguna de las propuestas que hicimos en la Misión, por ejemplo ampliar la prescripción de las acciones laborales más allá de tres años y aumentar los costos económicos para los empleadores incumplidos”.