Gremios del país rechazan proyecto que introduce cambios en el predial, pero el Gobierno insiste en que será un alivio

Por: Adriana María Becerra, redactora Activos

Luego de que el Gobierno Nacional radicó el pasado jueves ante el Congreso de la República un proyecto de ley que hace cambios en el impuesto predial, desde diferentes sectores del país manifestaron su descontento, pues aseguran que se pueden venir incrementos en esta obligación.

Sin embargo, en la noche del viernes, 10 de noviembre, tanto el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como el presidente Gustavo Petro, salieron en defensa de la iniciativa y, por el contrario, aseguraron que se trata de un alivio, pues la idea es proteger a los propietarios, en los municipios en los que no se ha hecho la actualización catastral.

El Mandatario llevó el debate, nuevamente, a la polarización que se presenta en el país y dijo que se les acusó de querer elevar el impuesto 300%, cuando no es así.

Sin embargo, uno de los primeros en reaccionar ante el proyecto fue el gremio de los comerciantes, que a través de un comunicado señaló que los colombianos “no aguantan más impuestos improvisados y confiscatorios”.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, indicó que, a modo de ejemplo, el propietario de un inmueble de estrato 3 de $400 millones podría pasar de pagar $1.9 millones de impuesto predial a $3.4 millones. Un predio estrato 1 de $200 millones pasaría de pagar un impuesto de $800 mil a $1.2 millones.

“El proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial”, afirmó.

Agregó que mayores impuestos, sumados a los síntomas de recesión, a la inflación de dos dígitos que afecta con mayor dureza a los informales y a los desempleados, y la “perspectiva de un proyecto de reforma laboral del Gobierno que destruye empleos, darán como resultado un 2024 marcado por la incertidumbre y desconfianza de consumidores y empresarios”.

Por su parte, el sector de la construcción -agremiado a través de Camacol-, también mostró su desacuerdo frente a la propuesta del Gobierno. “Se pueden generar incrementos en los costos asociados a los servicios de vivienda, en un escenario en el cual los hogares colombianos han visto deteriorada su capacidad de compra y el sector de la construcción presenta un deterioro severo en los principales indicadores”, expresó el gremio.

Aclararon que el proyecto de ley perjudicará notablemente también la venta de vivienda de interés social, VIS, teniendo en cuenta que este segmento en lo corrido del 2023 ha registrado una caída del 53%, lo cual implica que se han dejado de vender cerca de 73 mil viviendas de interés social frente a 2022.

“La inflación, altas tasas de interés y los cambios en la política de vivienda han sido factores que han incidido en las caídas en las ventas y, que a su vez, han disparado las renuncias, afectando principalmente a los hogares de menores ingresos”, dijo Camacol.

Recordó que con corte a septiembre de 2023, cerca de 30 mil hogares han debido desistir al proceso de compra de vivienda y de estos 23 mil renunciaron a la compra de una VIS.

De otro lado, a través de un comunicado publicado en su redes, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, rechazó la propuesta diciendo que el Gobierno continua promoviendo iniciativas para encarecer la vida de los colombianos. “Lo que se requiere es un proyecto de ley que evite los excesos en el aumento del impuesto predial que está generando una expropiación vía impuestos”, señaló.

Añadió que le propone al Congreso un proyecto de ley que sea ajustado para “que se limite el aumento del predial protegiendo el bolsillo de los colombianos.

Gobierno defiende y explica el proyecto

La propuesta del Gobierno modifica parcialmente la Ley 44 de 1990 y deroga la Ley 1995 de 2019. Entre las pretensiones, según el Gobierno, es poner límites a las alzas del predial cuando se actualiza el avalúo catastral. De esta forma para viviendas de 135 salarios mínimos legales vigentes, es decir $156 millones o menos el predial no puede tener un alza mayor al 50% del pago anterior.

La medida también aplicaría para los predios rurales que se encuentren dentro de las categorías asociadas a destinos económicos y usos del suelo habitacional, comercial rural; áreas para la producción agropecuaria; institucional y áreas de conservación y protección.

El texto también plantea límites de hasta 100% cuando el avalúo en predios urbanos con destino habitacional sea mayor a 135 salarios mínimos legales vigentes, pero por debajo de 250 salarios.

Se prevé un límite en el alza de 150% para los predios de las mismas categorías cuyo avalúo sea superior a 250 salarios, pero menor a 350 salarios. Este también aplicará para aquellos que tengan otros destinos económicos.

Para los predios urbanos y rurales se tiene previsto un limite en el aumento de 200% cuando los avalúos se encuentren el rango de 350 a 500 salarios mínimos vigentes e incrementos de 300% cuando sean superiores a 500 salarios mínimos.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que contrario a lo que argumentan los gremios el proyecto de ley busca limitar las alzas en el impuesto predial.

“El objetivo es crear alivios necesarios. Por ejemplo, predios con avalúo catastral actualizado, el impuesto predial no puede crecer más allá del 50% de lo que pago el año anterior, que es menos de lo que hoy está vigente”. Asimismo, dijo que predios entre $290 millones y $406 millones, hoy, no pagarán más allá del 100% del predial que pagaron el año anterior, “hoy pueden pagar el mil por ciento”, aseguró el funcionario. Insistió en que no es un incremento del impuesto y que se está dando un alivio.

Gustavo Marulanda, director del Igac, dijo que los que tendrán que empezar a pagar más por sus predios serán aquellos que tienen terrenos o casas que no han sido actualizadas catastralmente desde hace años y que, por lo tanto, están pagando un impuesto predial menor al que deberían.

A la fecha solo 128 municipios ya están actualizados, de los 1100 municipios del país, y no van a tener este tipo de impactos, entre ellos Cali.