Gremios piden plan de choque para estabilizar las finanzas del sistema de salud

Por Francy Elena Chaguendo / Editora económica

Lo que está pasando entre Cruz Verde y Sanitas puso en evidencia, una vez más, la crisis financiera que enfrenta el sistema de salud en Colombia. No solo son empresas, se trata de 50 millones de personas que reciben este servicio.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no se cansa de decir que el Gobierno ha venido pagando, a lo largo del año, las cuentas a las EPS, por concepto de la UPC (lo que se paga por la atención de cada afiliado). “Lo que esta sucediendo es que no hay control sobre todos los recursos que nosotros entregamos, esa es la realidad”, aseguró el funcionario.

El presidente Gustavo Petro se unió a la polémica y apoyó la decisión de la Contraloría de investigar lo que está pasando con las cuentas del sistema de salud. “Si las EPS no invirtieron y son tangibles las reservas técnicas como toda aseguradora debe hacer, pues simplemente las EPS violaron la ley y los recursos se evaporaron. Son $21 billones que provienen del presupuesto público”, dijo el Presidente.

Pero desde las aseguradoras dicen que no es del todo cierto lo que asegura el Gobierno y que aunque se han pagado algunas cuentas, el dinero no alcanza y que hay deudas viejas sin saldar.

Desde la EPS Sanitas aseguran que habían alertado al Gobierno, desde hace meses, sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación actual “sin que tengamos hasta ahora una respuesta al respecto”.

Esta EPS tiene una deuda millonaria con Cruz Verde por cuentas acumuladas, por medicamentos que están por fuera del Plan Básico en Salud (PBS) y que hoy se conocen como ‘presupuestos máximos’. Por eso Cruz Verde anunció que no le suministrará más medicamentos (NO PBS) a los afiliados.

Según cuentas de Sanitas, este tipo de medicinas representan al mes $55.000 millones y reciben del Estado alrededor de $32.000 millones, es decir que mensualmente acumulan deuda.

¿Quién tiene la razón?

Norman Maldonado, director de Proesa, grupo de investigación en economía de la salud del Icesi, considera que hay más verdad en los actores del sistema que en el Gobierno, pero también dice que todos, de alguna manera, tienen razón.

“Lo primero que hay que decir es que los actores del sistema no son solo las EPS, están las entidades territoriales que juegan el papel de EPS para el régimen subsidado, las IPS, que son los hospitales y clínicas, los operadores logísticos como los que entregan medicamentos, las farmacéuticas y al final está el paciente recibiendo servicios. Problemas hay en todos los eslabones, comenzando por el Estado”.

Según el investigador, los cuellos de botella del sector son tres: primero no se está operando de manera adecuada desde el ente rector. “Hay atrasos en todo, vacunación, ejecución de presupuestos, giros, todo está atorado desde arriba”.

Segundo, afirma que no se están implementado las medidas para un sistema de salud efectivo y “eso cubre todos los frentes, desde financiación, una UPC insuficiente (pago por cada colombiano afiliado), hasta en las políticas para la prevención de enfermedades no transmisibles, estamos quedados”.

Y tercero, dice el analista, que el Gobierno como ente rector no tiene transparencia en sus acciones y “sus declaraciones públicas tienen muy poco fundamento técnico”.

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, recordó que a junio 30 del 2023 la deuda del sistema con 270 instituciones hospitalarias agremiadas es de $16,1 billones, de este monto las EPS deben $11,5 y las dos principales deudoras de este grupo son Nueva EPS y Sanitas EPS, en el régimen contributivo.

“Le presentamos unas propuestas al Ministro de Salud, un plan extraordinario de liquidez, donde planteamos giros directos universales, liberar reservas técnicas para el pago de cartera vencida, fortalecer la línea de Findeter para las IPS y la compra de cartera”, dijo.

Agregó que es necesario avanzar en la creación de un fondo de garantía para que haya respuesta frente a los daños que se generan con las liquidaciones de las entidades aseguradoras, “y recordemos que hay recursos del IVA Social, de medio punto, que tiene destinación específica para la salud. Esperamos que en el inmediato plazo tengamos respuestas”.

La ACHC informó que está a la espera de una pronta respuesta del Gobierno a las propuestas hechas, que buscan mejorar el flujo de recursos en el sistema de salud.

Ante la crisis, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, propuso un plan de emergencia para enfrentar una crisis de liquidez. “El Estado tiene la obligación de dar los recursos para que esto no suceda, por eso propusimos un plan de estabilización del sistema que tenga como objetivo asegurar que todos los recursos que se requieran para atender pacientes, estarán a disposición de las entidades prestadoras”, dijo.

Agregó que más adelante se pueden analizar soluciones estructurales, en términos de las deudas anteriores, “pero no podemos olvidarnos de la necesidad que hoy tenemos de que el Estado entregue los recursos para atender los pacientes colombianos”.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) informó que giró $166 mil millones a las EPS correspondientes a los presupuestos máximos del mes de octubre, es decir que están al día.

Al respecto Gestarsalud, otro gremio que agrupa EPS, reconoció, que el Gobierno ha hecho estos pagos, pero también dijeron que todavía el Estado debe asignar y girar recursos para el “ajuste a ‘presupuestos máximos’ para la provisión de algunos medicamentos y servicios no incluidos en el Plan de Beneficios para los años 2022 y 2023″.

Recordaron que existen deudas pendientes con las EPS relacionadas con la estrategia de Punto Final, algunas de las cuales datan de más de cinco años atrás, así como deudas de la época de la pandemia.