¿Habrá reforma agraria? Las dudas sobre cómo hacerla

La ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, ha tratado de explicar en los últimos días cuál va a ser la estrategia del Gobierno frente a la reforma agraria, pero sus declaraciones al parecer no terminan por despejar las dudas de algunos sectores del país.

La funcionaria sostuvo que la reforma agraria no tendría que pasar por el Congreso, lo que de inmediato generó diversas reacciones.

“Nosotros (el Ministerio de Agricultura) a diferencia de las demás reformas, no necesitamos cambiar el marco normativo para poder cumplir. De hecho lo que hemos planteado es aplicar la legislación agraria, que es muy antigua en Colombia y que no se había tomado en serio, y que ahora pues la queremos implementar”, dijo.

La tesis del Gobierno es que no se necesita radicar una reforma que haga tránsito en el Congreso porque para eso se reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, un mecanismo creado por la Ley 160 de 1994, que no había sido puesto en marcha hasta que Gustavo Petro decidió revivirlo en su gobierno.

La ministra, por su parte, ha insistido en que esta es una reforma agraria del siglo 21, que quiere generar producción de alimentos de manera sostenible. “Esta es una reforma agraria de la paz y queremos que ustedes estén a la altura de este momento para que nos digan dónde está la tierra buena que debemos comprar y nos digan cuáles son los proyectos productivos que se deben desarrollar”.

El Sistema de Reforma Agraria contempla la coordinación de la adquisición y adjudicación de tierras; la organización de las comunidades rurales y la garantía de los servicios sociales básicos y de infraestructura física, además de apoyo con créditos para varios temas: diversificación de cultivos, adecuación de tierras, seguridad social, tecnología, comercialización, gestión empresarial y capacitación laboral.

En ese sentido, el Gobierno ha reiterado que “la reforma agraria no es solo un proceso económico y productivo para redistribuir la propiedad de la tierra”, sino también “un proceso de lucha por la democratización de la sociedad, por una transformación estructural de las condiciones de exclusión históricas en el campo colombiano”

Dicho sistema está compuesto a su vez por ocho subsistemas, entre ellos, adquisición y adjudicación de tierras, garantías de derechos territoriales de los campesinos, pueblos indígenas y de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, coordinado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

Los decretos polémicos

Precisamente, los anuncios del Gobierno en cuanto a la expedición de decretos para reglamentar este proceso es lo que ha provocado una serie de cuestionamientos frente al temor de que haya una ‘expropiación exprés’.

Lo anterior, luego de que se conociera un proyecto que modifica el Decreto 1071 de 2015 sobre los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, indicó: “Advertimos una ausencia importante de fundamentos legales, pues para definir estas regulaciones no solo es determinante lo dispuesto por el Plan de Desarrollo vigente, sino también los aspectos constitucionales, los contenidos en el Acuerdo de Paz y los desarrollos legislativos que son el marco regulatorio y normativo”.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, en carta enviada al presidente Gustavo Petro, señaló: “Los proyectos de decreto que están en discusión, a nuestro juicio, van en contravía del espíritu del Acuerdo para la materialización de la paz territorial: compra directa de tierras para la construcción de la Reforma Rural Integral, firmado con el Gobierno”, subrayó.

Para Laufarie, el primer decreto que reglamenta el artículo del Plan de Desarrollo, elimina las garantías judiciales a la extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la tierra, convirtiendo el proceso en “administrativo y a discreción de la Agencia Nacional de Tierras”.

“El gremio siente que la sombra de la extinción sumaria del dominio, sin la intervención de un juez, es un mal mensaje para quienes, ganaderos o no, ya han ofrecido voluntariamente más de un millón y medio de hectáreas, de las cuales más de 700 mil están listas para compra”, dijo.

Entre tanto, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, señaló que el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, elimina la fase judicial que tenían todos los procesos agrarios, menos la expropiación.

“El Gobierno decide llevar al Congreso un artículo que quita la fase judicial y lo que eso genera, según pensaría uno, es que los procesos agrarios distintos a la expropiación, como la extinción de dominio, van a ser mucho más rápidos, porque será la Agencia Nacional de Tierras, la que investigue, juzgue y decida si le quita la tierra o no, porque no están cumpliendo con la función social o ecológica de la propiedad. Creemos que debe haber un debido proceso con todas las garantías”, subrayó Bedoya.

Para el vocero gremial, el decreto que regula el artículo 61 del Plan Nacional, es el que ha generado tanta preocupación, “porque además de haber quitado la fase judicial, reglamenta algunas cosas que, en opinión nuestra, le quitan garantías a los propietarios que se vean incursos en posibles causales de procesos de tierras”.

Sin embargo, la ministra Mojica, luego de reunirse con el Congreso y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aclaró que se mantiene el acuerdo de compra de tierras firmado con Fedegán, así como la posibilidad de generar un esquema de integración del sector ganadero para una ganadería sostenible. Reiteró que la vía del diálogo les va a permitir la construcción de consensos sobre los proyectos de decreto, teniendo en cuenta que también se han entablado conversaciones con la SAC, el Congreso y distintos actores de la sociedad civil.