La reforma al Sistema General de Participaciones está a un paso de ser ley

Con 109 votos a favor y dos votos en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia que busca reformar el Sistema General de Participaciones, que determina los recursos que reciben los departamentos y municipios del país.

Tras la aprobación de la ponencia positiva, este 2 de diciembre avanza la discusión del articulado en la plenaria de la Cámara en último debate. Después de negarse las proposiciones que no tenían aval del Gobierno, dos de los tres artículos de la reforma ya fueron aprobados.

“Reconocemos la importancia de la voz de alcaldes y gobernadores, cuya experiencia y liderazgo han impulsado el último debate del proyecto para transformar el Sistema General de Participaciones”, explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

“Este es un paso clave hacia el propósito constitucional de devolverles a las regiones la capacidad de atender sus necesidades y cerrar brechas históricas. Una vez aprobado este proyecto, la Ley de Competencias será el siguiente paso para garantizar una transición técnica, gradual y responsable”, añadió.

El proyecto que es hoy por hoy una de las banderas del gobierno, es de autoría del ministro Cristo, quien lo radicó a inicio de año por intermedio de los congresistas de su partido En Marcha. Durante la discusión en el Congreso, ha recogido el apoyo de todas las bancadas, incluyendo los partidos de oposición y alcaldes y gobernadores del país.

El proyecto busca llevar del 21% al 39,5% los recursos que llegan el sistema general de participación a municipios y departamentos.

Durante el debate, la plenaria rechazó las proposiciones no avaladas sobre los porcentajes de las transferencias, que pedían establecer las transferencias en un 37 % y un 31 %, por debajo del 39,5 % señalado en la ponencia.

También fue negada una proposición de archivo, presentada por la representante Katherine Miranda, quien sostenía que la reforma plantea escenarios económicos inconvenientes para el país. En contraste, el Gobierno ha reiterado que la reforma no afectaría el cumplimiento de la regla fiscal.

Cabe recordar que hace unas semanas, economistas del Banco de la República publicaron un estudio que concluye que esta iniciativa tendría una senda de la deuda pública creciente “con exigencias cada vez mayores para cumplir la regla fiscal, poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal”.

“El aumento de la deuda resultaría en aumentos en los costos de financiamiento de la economía y tendría impactos negativos significativos sobre la capacidad productiva de la economía. El aumento en el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública es aún mayor si se tiene en cuenta la incertidumbre sobre los ingresos fiscales a futuro y que la economía es vulnerable a choques adversos”, detallaba el documento.