Las serias advertencias de la Contraloría sobre el proyecto de reforma pensional del Gobierno Petro

La Contraloría General de la República cuestionó el proyecto de Ley de Reforma Pensional que tramita el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al publicar un informe en el que analiza la realidad del sistema actual y los efectos que la iniciativa podría generar si se aprueba en el Congreso de la República, donde avanza en su segundo debate en la Plenaria del Senado.

El documento titulado ‘Reforma Pensional en Colombia: antecedentes y elementos para su discusión’, el cual consta de 272 páginas, afirma que el país sí requiere que se haga una reforma al sistema, teniendo en cuenta los bajos niveles de cobertura, las inequidades que no se han superado y la insostenibilidad financiera.

Sin embargo, advierte que “la reforma propuesta no responde completamente a las problemáticas del sistema”, y deja ver que se necesita una articulación con las demás reformas sociales, para identificar y comprender la sostenibilidad financiera de las mismas, sus impactos fiscales y sus efectos de manera integral en la economía del país.

De tal manera que se refiere a la reforma laboral, afirmando que, si bien busca mejorar las condiciones de los trabajadores formales, no ofrece estrategias para ampliar el mercado de trabajo. Por eso, pide considerar en la reforma pensional los posibles efectos de la reforma laboral.

“En el país existen evidentes debilidades en la capacidad de generación de empleo formal y en la disminución de la informalidad al ritmo que requiere la economía colombiana, problemáticas sobre las cuales la reforma laboral radicada por el Gobierno no contempla con claridad propuestas para corregir estos temas. Esto sin duda, limitará el aumento de la cobertura en protección social, por lo que surge la urgencia de integrar la discusión de las reformas sociales”, señala el informe.

Estos son algunos de los aspectos que resalta el informe:

Uno de los aspectos que más causa preocupación a la Contraloría sobre la reforma pensional es la transparencia con la que las nuevas entidades públicas manejarían los recursos del sistema y el riesgo que tendrían los controles sobre el uso del dinero ahorrado por los colombianos para su vejez.

El órgano de control advierte que no son claros “cuáles serían los posibles riesgos de responsabilidades frente a las entidades del Gobierno que actualmente ejercen la dirección de política pública y de Inspección, Vigilancia y Control”. También menciona que, aunque el proyecto de ley propone la creación de una Comisión Autónoma de Seguimiento al Sistema Integral de Protección a la Vejez, no se especifica cuáles serían sus funciones.

Adicionalmente, la Contraloría no tendría ningún papel en el control de los recursos pensionales, los cuales “hace algunos años han venido siendo objeto de control permanente, el cual debería ratificarse en esta reforma”.

El documento también señala, en cuanto al tema de equidad, que la propuesta, tal como está diseñada, con un umbral de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes “disminuiría los subsidios estatales a los altos salarios”. Sin embargo, al llevar a todos los afiliados del RAIS que ganen hasta tres salarios al Régimen de Prima Media, se siguen erogando recursos importantes por parte del Estado.

“La reforma pensional, al igual que la laboral, no cuenta con políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de la ciudadanía en las regiones, pues tal como se expuso en el acápite de equidad, en 23 de los 32 departamentos de Colombia los porcentajes de pensionados de su población son inferiores al 10 %”, revela el informe.

Frente a los temas de género, hace mención directa sobre la propuesta de reducir 50 semanas por cada hijo hasta llegar a las 1.150 semanas, lo cual podría profundizar en el imaginario donde la mayor carga de cuidado debe recaer sobre ella, pero debería incluir a aquellos hombres que, aunque son minoría, también ejercen tareas de cuidado.

También teme la entidad una politización del Consejo Nacional de Protección a la Vejez, puesto que se amplió su composición de 11 a 19 miembros, generando un riesgo de que la elección de esos miembros pase por intereses políticos.

Igualmente, alerta la Contraloría permanentemente en su informe sobre una mezcla del tema pensional con el tema de los subsidios. Por eso, se pregunta si Colpensiones podrá asumir las taras que le encomienda la reforma, como recibir el valor de los aportes establecidos, unificar cuantías y realizar el pago mensual de rentas vitalicias, así como otorgar las pensiones de invalidez y sobrevivencia del Pilar Contributivo.

Finalmente, llamó la atención por la controversia que existe en cuanto a la medición de los efectos fiscales y la sostenibilidad a largo plazo de la reforma, en especial, en el pilar contributivo. “Es relevante que el Gobierno brinde claridad sobre si se cumple a cabalidad con los lineamientos establecidos en el Marco Fiscal en aras de una mayor transparencia que facilite consensos en la actual discusión de la reforma”.