¿Por qué los colombianos han perdido la fe en el Estado? Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, habla de la estrategia para cambiar esto

En el sur del país se han vuelto recurrentes los bloqueos de vías por parte de las comunidades, en reclamo de acuerdos incumplidos por los gobiernos o por la insatisfacción ante la falta de servicios básicos.

La más reciente protesta la protagonizaron los transportadores que por cuatro días bloquearon las vías que comunican a Ecuador con Colombia, hecho que de inmediato impactó el suministro de mercancías, en especial de alimentos.

Aunque hubo un ‘rápido’ arreglo, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, comentó que se alcanzaron a generar pérdidas por unos $250.000 millones diarios.

En entrevista con El País, el Mandatario destacó que hay que avanzar en el diálogo social permanente con las comunidades para evitar que este tipo de afectaciones se sigan presentando con frecuencia.

Asimismo, comentó que los colombianos en el territorio han perdido la fe en el Estado y que se requiere mucho diálogo y obras para cambiar este panorama.

¿Cómo evitar que las comunidades tengan que acudir a bloqueos, que impactan la economía, para exigir el cumplimiento de acuerdos?

Sin duda el efecto de un paro, como el que se planteó, buscando resolver lo que viene pasando en el Cauca, genera un mal precedente. El costo económico y social de este paro ha sido muy superior a otros que se han dado en la vía Panamericana, pues este nos bloqueó completamente el departamento y hubo un efecto que supera los $250.000 millones diarios en nuestra economía.

Esto al final se siente en la producción, en el Producto Interno Bruto del departamento, y lo que esperamos es que esta situación no se vuelva a dar, pues los costos económicos y sociales son muy altos, por eso logramos una gran comisión del Gobierno Nacional para resolverlo, en el menor tiempo posible.

Desde que se asumió la Gobernación de Nariño desarrollamos una estrategia de diálogo social, lo que hemos hecho es cada vez que una comunidad ha querido salir, se llama al Gobierno Nacional, al Viceministerio de Diálogo Social, y a través de ese canal se entabla un diálogo que nos ha funcionado.

En el caso del Cauca también hemos logrado conjurar algunos paros, pero esto significa que para poder conjurarlos se requiere ese diálogo social permanente, por eso en el caso del Cauca se ha propuesto la mediación de Naciones Unidas.

¿Hoy cómo está la economía de Nariño que ha sido golpeada también por emergencias ambientales?

Estaba en proceso de recuperación, esa es nuestra gran apuesta, restablecer la actividad económica en el departamento después de los efectos que nos generó el derrumbe de la vía en Rosas, pero en este año llevamos 47 bloqueos y esos bloqueos sin duda generan un efecto en la economía, y lo que esperamos es que estas situaciones las podamos conjurar por la vía de un diálogo social permanente, no hay otra salida.

Entre los acuerdos hechos con los transportadores, que pararon, está limitar el ingreso de vehículos de carga de Ecuador a Colombia, ¿esto podría generar un conflicto con este país?

Sin duda hay unos acuerdos en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Hay que recordar que en la pandemia se estableció, entre estas naciones, que ninguna de las partes podría entrar al país y que tenían que desenganchar la carga en la frontera.

Luego que terminó la pandemia, quedó la opción de llegar a acuerdos para desenganchar la carga o seguir transitando en el país y se planteó con los transportadores que la carga de los camioneros del Ecuador, debía ser desenganchada y operada por camioneros de Colombia.

Con el Ministerio de Transporte se acordó ahora revalidar eso en una resolución para hacer que en la zona de San Miguel, en el Putumayo, que es por donde están entrando los camiones ecuatorianos, no se permita la entrada directa de estos. Por supuesto, eso puede generar demandas del gobierno ecuatoriano, es probable, pero también significa acuerdos que al interior del país el Gobierno colombiano tiene con sus transportadores para proteger la economía.

Otra preocupación del sector productivo es la seguridad, ¿cuál es la situación en este momento en el departamento?

Las condiciones del Valle y del Cauca han sido distintas a las de Nariño, el país ha empezado unos procesos de diálogo con los actores armados, entre ellos, el Frente Comunero del Sur y, de manera oficial, se instaló la mesa con la Segunda Marquetalia, generando condiciones que permiten entender que están dispuestos a negociar, acelerando los procesos de implementación de proyectos de infraestructura, proyectos productivos que permitan la transformación de esas economías ilegales en economías legales y, además, un diálogo social permanente con la ciudadanía para hacer que la puesta en marcha de los acuerdos vayan siendo realidad.

Esas condiciones de seguridad que se pueden presentar en Nariño, de manera diferente frente a otros departamentos, en parte obedecen a nuestra política de seguridad y paz y convivencia que estamos desarrollando de la mano con el Gobierno.

¿En qué hay diferencias entre lo que pasa en Nariño frente al Cauca y el Valle?

En Nariño operan tres grupos armados: el Estado Mayor Central, en la zona de la cordillera; la Segunda Marquetalia, en la zona de la costa, y una fracción del ELN en Samaniego y Los Andes.

Con cada uno de ellos y, en especial con el ELN y con la Segunda Maquetalia, hay diálogos que permiten bajar la intensidad del conflicto en Nariño, esperamos que con el Estado Mayor Central que opera en la cordillera de nuestro departamento, haya la posibilidad de encontrar un acuerdo para restituir las condiciones de diálogos de este grupo de manera especial en Nariño.

¿Usted estaría de acuerdo con diálogos regionales?

Estos diálogos son nacionales, pero su implementación tiene que darse en el marco de lo que nosotros hemos llamado diálogos regionales o territoriales de paz, porque aquí hay que entender algo y es que la sociedad ya está cansada de los diálogos nacionales porque mientras se dialoga, quien se ve perjudicado con esto es la comunidad y el proceso de implementación.

Yo digo que el DNI de la paz está en el desarrollo. El DNI significa Diálogos, Negociación e Implementación y la implementación es donde menos se ha avanzado y, por eso, los diálogos regionales que involucren a las comunidades hacen que el Estado pueda negociar, a nivel nacional, pero entienda que esas negociaciones deben incorporar a los gobiernos regionales y a las comunidades para hacer que rápidamente la implementaciones se vea en el territorio.

Y de alguna forma, lo que pretendemos nosotros es que el Gobierno Nacional entienda que la articulación entre esos diálogos nacionales con el diálogo regional permite desarrollar la implementación.

¿Qué es lo que más le preocupa a usted, en este momento, de su departamento?

La mayor preocupación es la velocidad de respuesta en la puesta en marcha de nuestra estrategia de desarrollo y la atención del Gobierno Nacional.

El desarrollo y la paz no es sino la implementación de las inversiones para transformar el territorio y si el Estado no llega de manera concurrente, rápido, la gente se decepciona. La gente ha perdido la fe en el Estado, por eso es que usted ve que hoy los grupos armados ya no construyen procesos de formación ideológica, sino que con los recursos ilegales que tienen, hacen una escuelita, hacen una pequeña vía y eso les da para tener el trabajo social que requieren.

Nosotros tenemos que arrancarle a estos grupos armados a nuestras comunidades porque nuestras comunidades tienen que ver a un Estado integrado, generando la solución rápidamente en territorio.

Es por esto que, en zonas de conflicto, estamos haciendo convenios solidarios con las poblaciones, estamos priorizando la inversión de vías, en escuelas, pero tenemos que llegar a ejecutar rápidamente.

Por ejemplo, desde hace 13 años habíamos pedido el puerto pesquero de Tumaco, que se le devolviera al Estado para poder hacer inversiones que permitieran generar más de 700 u 800 empleos directos en la producción de atún. Lo entregaron a una empresa de origen ecuatoriano que nunca hizo lo que debía ser la concesión, pero el Estado por más de 13 años, a pesar de las evidencias, no le quitó el contrato. Ahora se logró, luego de que hicimos esa petición al Gobierno en noviembre del año pasado.

Hoy tenemos la posibilidad de que los pescadores artesanales de Nariño, en especial de la Costa Pacífica, vuelvan a creer en el Gobierno porque les tenemos el puerto pesquero y vamos a generar un modelo de negocio, en el que el centro de ese modelo son los pescadores artesanales. Eso es un hecho donde la gente empieza a creer en el Estado.

Asimismo, las inversiones que hay que hacer en materia de infraestructura vial, por ejemplo, en nuestra zona de la cordillera, donde hay presencia de los grupos armados, el Estado no ha hecho inversiones, no solo en infraestructura básica de salud, educación, agua potable si no en vías.

En el Acuerdo de Paz en la zona de Cauca y Valle se había planteado el tema de la vía que permitiría conectar Cauca con el Valle, a través de Buenaventura, en el Alto Naya. El Estado no cumplió, la vía la promovió un guerrillero y es altamente querido por esas comunidades.

Es así como el Estado pierde su presencia, por eso nosotros acá en la zona de la cordillera hemos identificado un plan de inversión, en nuestras vías, que nos permitirá que podamos pasar de la Panamericana, llegar hasta Santa Rosa y, por supuesto, conectarnos rápidamente con el Pacífico. Eso le cambiará la realidad al departamento de Nariño y al sur del país.

¿Cuáles son sus grandes apuestas en infraestructura?

“Las más importantes son los corredores para la competitividad, la vía Pasto-Popayán- Rumichacha y para eso ya hay la configuración de una parte de ella, que es el desvío Timbío- El Estanquillo como una APP que se mirará en este semestre”.

“Queremos terminar la vía San Francisco- Mocoa, que requiere $1,7 billones para terminar todo el corredor, lo que nos permite conectar a Putumayo y toda la Orinoquía con el Pacífico de Nariño, es decir, se conectarían más de 20 millones de hectáreas de ese corredor.

“El puerto de Tumaco juega un papel importante, en el que hay una inversión muy importante del Gobierno Nacional, que estamos ejecutando para llevar el canal de acceso de 5,5 metros de profundidad a 8,4 metros”.