Monopolio de licores desata enfrentamientos entre gobernaciones y licoreras; ¿se debe permitir la venta de aguardiente sin fronteras?

La posibilidad de que se elimine el actual monopolio de licores en los departamentos del país ha causado controversia en las regiones. Este lunes, 7 de octubre, se hizo una audiencia pública ante la Corte Constitucional para debatir la demanda contra el monopolio rentístico del aguardiente en los departamentos.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que “vamos a defender las rentas departamentales y el monopolio de los licores, estos recursos que recaudamos producto de su comercialización van destinados a la salud, la recreación y el deporte que tanto necesitamos en el Valle del Cauca. Vamos a luchar por la salvaguarda de nuestro aguardiente y a defender nuestra Industria de Licores del Valle, que lleva más de 100 años aportándole a la calidad de vida de los vallecaucanos”, explicó la mandataria momentos previos a su ingreso a la audiencia.

Como se recordará, las licoreras solo pueden vender aguardiente y ron en su respectivo departamento, y si quieren expandir las fronteras deben hacer acuerdos con otras regiones, de lo contrario, esta venta se considera contrabando.

Precisamente, romper este monopolio es lo que se busca desde algunos sectores, pero al respecto dijo la Gobernadora del Valle que la libre escogencia de los consumidores, argumento que exponen los demandantes, no puede quebrar las rentas departamentales ni acabar con el monopolio de los licores, “que es una salvaguarda constitucional y legal que genera empleos y recursos para inversión social”.

En el caso de la Industria de Licores del Valle se generan más de 2.000 empleos directos e indirectos, y hace parte del clúster de la caña.

Otra posición tiene la Industria de Licores de Caldas, ILC. El gerente de esta compañía, Diego Angelillis Quiceno, dijo que el país debe garantizar la libre competencia, la protección de los derechos económicos y el derecho a la autodeterminación de cada colombiano a elegir el aguardiente de su preferencia y sin restricciones.

“La norma impugnada no solo crea monopolios comerciales inconstitucionales, vulnera la libre competencia y el derecho de los consumidores a elegir, sino que también contradice el propósito del monopolio rentístico, que debe generar recursos para fines sociales, no para proteger fábricas a expensas de la industria nacional y los consumidores”, aseguró Quiceno.

El gerente de la ILC recordó que, debido al monopolio de licores, “un producto innovador y que se ha ganado la preferencia de millones de colombianos, como el Aguardiente Amarillo de Manzanares, actualmente no se puede comercializar en el 67 % del país. “Fíjense en la paradoja: la norma para proteger el aguardiente colombiano prohíbe a los colombianos consumir Aguardiente Amarillo de Manzanares en su propio país. Un aguardiente nacido en la cuna de Los Andes, en el departamento de Caldas, está desterrado y se consigue más fácil en Miami o en Madrid”, añadió Angelillis Quiceno.

Preocupación en el Cauca

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y la gerente de la Licorera de este departamento, Maribel Perafán, mostraron su preocupación por el futuro de los licores.

Aseguraron que la salvaguarda establecida por la Ley 1816 de 2016, que permite a los departamentos suspender temporalmente la entrada de productos nacionales y extranjeros para proteger el mercado local, es clave para las regiones.

“La posible eliminación de esta medida podría desestabilizar significativamente a la Industria Licorera del Cauca y otras licoreras del país, poniendo en riesgo empleos y recursos esenciales para el desarrollo regional”, aseguraron.

Destacaron también que en el Cauca, la Industria Licorera es una de las principales fuentes de ingresos, generando empleo y financiando proyectos de salud, educación y deporte. “Sin la salvaguarda, la competencia de grandes productores nacionales e internacionales podría reducir drásticamente las ventas, afectando los ingresos que se transfieren al departamento”.

“La defensa de esta medida es clave para el futuro de la industria licorera en todo el país. La decisión de la Corte Constitucional definirá si esta herramienta continúa protegiendo el mercado local o si su eliminación traerá graves repercusiones para departamentos como el Cauca”, añadieron.