Pese a las críticas, Gobierno sigue firme con la reforma tributaria

Pese a los cuestionamientos que se han generado alrededor del proyecto de ley de financiamiento, el Gobierno Nacional ratificó que la iniciativa sigue en marcha porque hace parte del paquete de presupuesto del 2025.

“La ley está firme, el paquete es uno solo, el presupuesto tiene un monto de $523 billones y ante la falta de decisión del Congreso, sigue ese monto y ahí se incluye la ley de financiamiento”, comentó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda durante el Congreso de Confecámaras que terminó ayer.

Según Bonilla, se está a la espera de que la próxima semana el Congreso nombre ponentes para empezar la discusión del proyecto de ley que insiste no es una reforma tributaria, pese a lo que dicen muchos economistas y a que modifica impuestos.

Reiteró que el proyecto de presupuesto de la Nación para el 2025 no se ha negado. “Lo que pasó fue que no hubo decisión y cuando esto pasa la norma dice que rige el presupuesto que el Gobierno puso, si no se logra acuerdo puede salir por decreto después del 20 de octubre”.

Incluso, dijo que después de esa fecha se puede seguir discutiendo en el Congreso la ley de financiamiento.

Recordó que la propuesta trae un componente de estímulos tributarios y considera que el elemento más importante es el compromiso de bajar la tasa de impuesto de renta corporativo, de un máximo de 35% a que vaya gradualmente hasta el 30%.

Calcula el Gobierno que en el 2026 se dejarán de recibir $3 billones y en 2030 unos $8 billones por concepto de la reducción del impuesto de renta, “esta plata quedará en las empresas”.

Siguen las críticas

José Alberto Arias, vocero de Fendipetróleo, comentó que el aumento del impuesto al carbono impactará en los precios de la gasolina y el diésel.

“Según el artículo 22 de la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional, el impuesto al carbono al acpm pasaría de $210 a $753; y el de la gasolina de $187 a $658,91. Ahora bien, teniendo en cuenta la mezcla del 10 % de etanol y de aceite de palma, el impuesto recae sobre el 90 % de estos dos combustibles, de tal manera que el incremento sería de $488 en el biodiesel y de $425 en la gasolina mezclada con etanol”.

Agregó que con estos incrementos el Gobierno pretende recaudar en un año alrededor de $1,8 billones más producto de este artículo.

Sobre este tema, el ministro de Hacienda sostuvo que aumentar los precios de los combustibles no generan un impacto inflacionario como se dice y que esto ya se comprobó, luego del aumento en el precio de la gasolina en $6000, “eso solo generó 200 puntos a la inflación y está controlada.

Las críticas a la ley de financiamiento también vinieron de la Federación Colombiana de Juegos de Suerte y Azar. La entidad considera que gravar con nuevos impuestos a un sector que ya registra altos costos, que ha sobrevivido pese al alto fenómeno de informalidad y que tiene numerosos tributos hace inviable la actividad. “Significa no solo poner en riesgo los empleos de más de 150.000 personas en Colombia sino el aporte de más de $400.000 millones en derechos de explotación para la salud de los colombianos.

El economista y profesor de la Universidad Icesi, Julio César Alonso, considera que el ‘timing’ de la reforma tributaria no es bueno. “No es buena idea aumentar los impuestos cuando una economía está intentando recuperarse. La estabilidad en el sistema tributario es necesaria para que los hogares y las empresas puedan planear y ganen confianza en al economía”. Aseguró el académico, que la constante sea presentar una reforma tributaria para cubrir los gastos crecientes genera inestabilidad y desconfianza. “Esto no estimula la inversión de empresas y hogares y en últimas retarda la recuperación de la economía”.

Según la Asociación de micros, pequeñas y medianas empresas, Acopi, el proyecto de reforma contiene un aumento considerable de costos para el desarrollo de la actividad económica, lo que sumado al aumento de los costos de energía que sufrirán los empresarios, derivado del alza del impuesto al carbono, y el impacto económico de la reforma laboral, “ponen en riesgo el futuro financiero de las mipymes”.

El gremio reconoció que el proyecto plantea una disminución y diferenciación de la tarifa nominal de renta a las empresas; “lo cual es positivo, pues contribuye a la liquidez y competitividad de los micro empresarios. No obstante, con la redacción actual de la norma quedan excluidos de este beneficio la pequeña y mediana empresa que, en justicia, deberían ser incluidas”.