Reforma tributaria: más peros y nuevas propuestas

Al proyecto de ley de Solidaridad Sostenible le siguen lloviendo críticas, pero también nuevas propuestas de varios sectores para que el Congreso las tenga en cuenta y se pueda concertar una reforma tributaria más moderada. Por lo pronto, el ambiente sigue tenso.

Los diferentes sectores políticos han dicho que no están dispuestos a aprobarla si no se le hacen ajustes, en tanto que empresarios y dirigentes gremiales piden que se les tenga en cuenta a la hora de iniciar el debate.

La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, por ejemplo, confía en que el Congreso asumirá la responsabilidad que le compete en un contexto como el que atraviesa Colombia y encontrará una propuesta adecuada por medio de la concertación con distintos actores de la sociedad.

El gremio planteó cuatro medidas para que sean estudiadas, Camacol, que representa a los constructores de vivienda en el país, pidió que no se eliminen los instrumentos para desarrollar vivienda social y los voceros del agro no quieren que se excluya el IVA de los productos básicos en la cadena de producción.

Según la Andi:

1. “Suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Impuesto sobre la Renta, durante el período necesario, según los resultados que indique el marco fiscal de mediano plazo. Actualmente el descuento es del 50% del valor pagado por ICA y a partir del 2022 sería del 100%.

2. Aplazar la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con los resultados que indique en marco fiscal de mediano plazo. La tarifa general de Renta actualmente es del 31% y a partir del 2022 sería del 30%.

3. Establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas naturales. Sería un impuesto transitorio que recaería exclusivamente sobre las personas naturales que tengan un patrimonio líquido superior a $5.000 millones, con una tarifa del 1%.

4. Adelantar la enajenación de activos de la Nación que en su conjunto pudieran otorgar hasta $15 billones para ser utilizados en el fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y Paef, al igual que necesidades de servicio de la deuda a corto plazo”.

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La presidenta de Camacol, Sandra Forero, dijo que el texto de la reforma podrá generar una caída en el acceso a la Vivienda de Interés Social (VIS).

“El proyecto es un retroceso en el avance del modelo social que ha generado la VIS, -y que a hoy ha garantizado el derecho de millones de los colombianos de acceder a la vivienda social-, dado que elimina la posibilidad de construir y financiar nuevos proyectos de interés social y de interés prioritario”, señaló el gremio.

La contracción en el volumen anual de vivienda de interés social vendida podría ser del 80%, lo que significaría que cerca de 100.000 hogares de bajos ingresos no tendrían acceso a este tipo de vivienda.

Según los cálculos de Camacol, de 130.000 nuevas unidades VIS que se lanzan anualmente, la actividad se reduciría a solo 26.000 unidades habitacionales. Esto afectaría cerca de 440.000 puestos de trabajo.

El gremio de los agricultores pide que se modifiquen los artículos en el texto de la reforma que cambia exenciones del IVA a excluidos.

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La Asociación Nacional de Empresarios, Andi, recalcó que una reforma tributaria es absolutamente necesaria para mitigar los efectos que la pandemia ha traído sobre el Estado y los hogares colombianos. “Colombia no se puede dar el lujo de perder la calificación de riesgo por no tramitar una reforma” afirmó la Asociación.

El gremio recuerda que no es momento de oportunismos políticos, sino de continuar trabajando para obtener una estructura de reforma que permita obtener los recursos que la Nación requiere con urgencia, para asegurar su financiación, la calificación de riesgo, y garantizar la política social.

En ese sentido reitera su propuesta de reforma, en la cual las empresas han dejado clara su disposición de asumir acciones solidarias y temporales que permitan aportarle a la estabilidad económica del país.

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La agencia Fitch Ratings manifestó que “la propuesta es parte de la estrategia del Gobierno para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB durante los próximos cinco años.

Algunas medidas permitirán la reducción del gasto transitorio relacionado con la pandemia y la mejora de la administración tributaria, señaló.