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Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, asegura que el Gobierno no está construyendo una reforma tributaria
El ministro de Hacienda habló sobre los temas que aquejan la economía del país.
En medio de la tirante relación que existe actualmente entre el Gobierno y el Congreso, que tiene empantanados la mayoría de los proyectos presentados por el Ejecutivo, los temas económicos son los más afectados, al punto de que es posible que el presupuesto del próximo año tenga que ser aprobado por decreto.
En este escenario, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sigue creyendo que le es posible convencer al Congreso de que apruebe el presupuesto por los $523 billones que solicitó el Gobierno.
Defiende, además, que son necesarios los $12 billones adicionales que se prevé recaudar con la ley de financiamiento y asegura que, por razones políticas, los congresistas no la quieren votar a pesar de que no hay nada en ella que no les guste.
En entrevista con Colprensa negó, además, que haya algún riesgo de entrar en cesación de pagos porque no se ha reunido la comisión interparlamentaria que debe dar concepto sobre la emisión de bonos de deuda.
¿El presupuesto se va a aprobar por decreto?
No. Estamos en pleno proceso de revisión de las comisiones económicas para ponencia en primer debate. Ese primer debate es mañana (24 de septiembre). Ahí todavía existe la posibilidad de llegar a acuerdos. El tema es que cuando estuvieron mirando el umbral en la práctica miraron el lado de los ingresos y que faltaban $12 billones. Entonces, un segmento del Senado dijo “yo no quiero discutir ley de financiamiento” y ahí quedó parada la cosa. Pero la ley de financiamiento hace parte integral del presupuesto.
Ahora mirando el lado del gasto, uno se encuentra con otra cosa, y que ellos no están interesados en bajar el presupuesto sino en subirlo. Ya no lo pueden subir de $523 billones (ese es el tope que puso el Gobierno), pero sí quieren hacer ajustes entre entidades y en eso es lo que se está trabajando en la ponencia.
La mayor parte de las proposiciones que están radicadas, que son más de 240 me dijeron, son solicitudes de adicionar recursos. La pregunta es: si ustedes quieren adicionar recursos, díganme la fuente.
¿Por qué, si como usted dice, en otros gobiernos se había juntado la ley de financiamiento con el presupuesto, esta vez no lo acepta el Congreso?
Yo creo que es un tema de ego, pues hubo una intervención desafortunada en la Andi con el argumento de que la ley de financiamiento es una reforma tributaria.
La cosa es que esta ley es un proceso compuesto de tres elementos: incentivos para la reactivación económica, del cual, el más importante es comenzar a bajar la tasa de renta corporativa. En eso están de acuerdo. Es neutro en el año 2025, pero, poco a poco, se van generando recursos para las empresas, que empiezan en $3 billones en el 2026 y terminan en $8 billones en el 2030. Eso es ahorro para mayor inversión.
El segundo es que los ingresos adicionales se han buscado en los huecos que tiene el Estatuto Tributario y está claro que las plataformas de juegos de suerte y azar no están tributando. Nosotros no estamos construyendo una reforma tributaria de IVA ni de impuesto de renta a personas naturales hacia abajo.
Y el tercero es adelantar la vigencia de la regla fiscal. Curiosamente, cuando uno los pone en la discusión y les dice a qué se opone de esto, dicen “no, yo no me opongo a nada de esto”.
¿Y entonces, por qué no la quieren discutir?
Yo diría que ya es un tema más político porque la ley de financiamiento, como forma parte del presupuesto, va a un debate integral de las comisiones conjuntas terceras y cuartas. Lo que quieren en la Comisión Tercera de Senado es que no vaya a las cuartas.
Si la ley de financiamiento no es una tributaria, ¿por qué incluye nuevos impuestos?
Otro de los argumentos contra la ley es la baja ejecución presupuestal...
Esa discusión también la hemos planteado. El presupuesto tiene tres grandes capítulos: primero, funcionamiento; segundo, deuda, y tercero, inversión. En la práctica, la inversión es un remanente que queda después de mirar qué hay que pagar en funcionamiento y en deuda y lo que sobre, uno lo destina a inversión.
Entonces, inversión es el patito feo. Pero cuando mira, cuál es el tema de ejecución, la pregunta es: ¿usted cree que no se está ejecutando el funcionamiento? El funcionamiento es inercial y además tiene unos criterios de inflexibilidad muy grandes. Nos dicen que el Gobierno tiene una burocracia muy alta y yo digo, dígame de dónde la recorto si la mitad del funcionamiento es Fuerzas Militares y Policías.
Una cuarta parte del presupuesto de personal es la rama de la justicia. Dígame, ¿qué jueces sobran, qué fiscales sobran, qué Corte sobra?
¿Qué pasa si el Gobierno aprueba el presupuesto por decreto, pero no tiene esos $12 billones adicionales?
Aprobar el presupuesto por decreto es un tema de última instancia. Si el 20 de octubre no hay presupuesto aprobado, la norma dice que debe salir por decreto lo que el Gobierno radicó. A la ley de financiamiento tienen que darle trámite.
Supongamos que salga por decreto y la ley de financiamiento se discute hasta el 20 de diciembre o se puede pasar para el año entrante. El 2 de enero, yo tengo que coger el presupuesto y decir no tengo financiado esto, entonces tengo que hacer un aplazamiento de gasto. Estoy obligado a hacerlo.
Al unir el impuesto al carbono con lo que ocurre con el Acpm, ¿no se pone presión sobre la inflación?
Este mes vamos a tener un primer ejercicio real después de 5 años y vamos a ver cómo impacta la inflación de septiembre. Yo estimo que solo debería subir 0,05 % por efecto del incremento del precio del Acpm, pero, comparado con la inflación del año anterior la tasa va a seguir bajando. Es decir, que nosotros deberíamos terminar septiembre casi que por debajo de 6 % el acumulado. En cuanto al impuesto al carbono, nuestra propuesta de discusión puede ser que sea gradual como el del Acpm.
La economía creció 3,6 % en julio, pero analistas dicen que ese efecto no se siente en la industria y en el comercio...
Pues obviamente no estamos hablando de que estamos creciendo al 4 % ni al 5 % ni al 10 %. Estamos recuperando una senda de crecimiento con un elemento importante: no lo estamos haciendo a punta de inyectar recursos de deuda a la economía, como se hizo en 2021 y 2022, sino, a la inversa, sacando los recursos a la economía para pagar la deuda. Entonces este crecimiento es más real que el que tuvimos en el 2021 y 2022.
No tiene una inyección artificial de recursos. Viene con los componentes de la economía y poco a poco está mostrando los ajustes. De hecho, lo que están dando las cifras del Dane es que la expectativa de crecimiento del año ha venido subiendo lentamente.
El Banco de la República empezó con 0,9 %; hace tres meses lo subió a 1,4 %; ya está en 1,8 %. Nosotros mantenemos una expectativa de 1,7 %; distintos organismos, nacionales e internacionales oscilan entre 1,5 % y 1,8 %, pero después de este dato de julio, ya algunos dicen que vamos a pasar del 2 %.
En cuanto al crecimiento de la industria y comercio, los indicadores lo que dicen es que la industria está trabajando mejor, el comercio es el que todavía no se ha sentido, pero uno también observa un tema estacional y es que la industria tradicionalmente trabaja a mayor capacidad durante los meses de agosto, septiembre y octubre, porque está cumpliendo con los pedidos para la temporada decembrina. El comercio se activa es en diciembre. En este momento, se está abasteciendo.
¿Qué tan cerca estamos de una cesación de pagos?
No estamos en riesgo de cesación de pagos. Lo que pasa es que, efectivamente, necesitamos un concepto previo de la comisión interparlamentaria para activar un mecanismo de colocación de bonos, porque el Congreso aprobó el cupo de endeudamiento pero no se ha reunido la comisión interparlamentario para dar el concepto, pero, ojo, es un concepto, la Comisión no aprueba y nosotros tenemos un tiempo para poder decir “como no se reunió, sigamos adelante”, pero yo no quiero llegar a eso.
