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Economía
Supersociedades impuso una millonaria multa contra Emilio Tapia por el caso de Centros Poblados
La decisión de la Superintendencia se dio por no revelar en el registro mercantil su condición de controlante.
La Superintendencia de Sociedades resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos por Emilio Tapia Aldana contra la decisión que lo declaró como controlante de ICM Ingenieros S. A. S. en Liquidación Judicial y Omega Buildings Constructora S. A. S. en Liquidación Judicial.
La entidad supervisora confirmó la resolución en la que además se le impuso una multa por $232.000.000, por no revelar en el registro mercantil su condición de controlante, de acuerdo con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, precisó que “la declaratoria de control, en este caso, resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos judiciales para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006″.
El régimen de insolvencia empresarial legitima a los acreedores de las sociedades en liquidación para iniciar las acciones judiciales que conllevan el levantamiento del velo corporativo en busca de la responsabilidad de los controlantes.
Vale la pena recordar que este martes el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, habló sobre la recuperación de anticipo a Centros Poblados y dijo: “No vamos a recibir lotes o antenas viejas”.
A través de un comunicado, el funcionario señaló que a la fecha se han recuperado $7.500 millones de los $70 mil millones que fueron entregados como anticipos para el proyecto de conectividad.
En ese sentido precisó: “Este ministerio, mientras yo sea ministro, no va a recibir ni lotes, ni casas, ni antenas, ni nada. Si ellos quieren reparar a las víctimas, que en este caso son todos los colombianos, lo único que vamos a recibir es la plata”, puntualizó Lizcano.
Dijo también que los ofrecimientos de pagos con antenas o lotes serían un nuevo fraude al Estado.
Y advirtió: “Nosotros no vamos a recibir un lote con 10 copropietarios, lotes que después uno no puede recuperar, o antenas viejas que nos quieren entregar. Nos entenderemos resarcidos en nombre de todos los colombianos si nos devuelven la plata, como la tienen que devolver, en efectivo o en cheque de gerencia”, dijo el ministro.
Entretanto, mientras la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado representa judicialmente al MinTIC en los procesos contra la unión temporal Centros Poblados, la cartera TIC trabaja para que la instalación y puesta en marcha de los centros digitales se ejecute de manera ágil y transparente.
En ese sentido, señala que a la fecha 5.207 centros digitales se encuentran operando en 709 municipios de 28 departamentos. De los 5.207, 3.692 están actualmente activos.
La polémica de los $70 mil millones
Los colombianos, acostumbrados a los escándalos de corrupción, aún no se reponen de uno de los más recientes: el millonario contrato firmado por el gobierno anterior para conectar a cientos de poblaciones vulnerables de la zona rural a internet.
Algunas investigaciones de junio de 2021 arrojaron que la unión temporal Centros Poblados habría presentado garantías bancarias falsas con el propósito de quedarse con el contrato de MinTIC que generó un desembolso irregular de un anticipo por $70 mil millones.
Como se recordará, tras el escándalo se acabó el contrato con Centro Poblados y la minTIC de ese entonces, Karen Abudinen, debió renunciar a su cargo, mientras la Fiscalía, Procuraduría y la Controlaría anunciaron varias investigaciones que continúan vigentes.
Este contrato fue anunciado por la propia ministra de ese entonces, como la adjudicación del proyecto de conectividad rural más grande en la historia de Colombia, el cual fue adjudicado en dos regiones.
La región A para el operador Comcel S. A. que adelantaría la conexión de 7.468 centros digitales, mientras la B fue adjudicada a Centros Poblados que se comprometió a dar conexión a 7.277 centros digitales hasta 2031, por $1,7 billones.
Sin embargo, a mediados de 2021 se conoció el incumplimiento de la unión temporal Centros Poblados, pues para el 30 de abril de ese año no se había instalado ni un solo de los puntos digitales.
Pero, para sorpresa de todos los asistentes, la representante del banco en ese proceso dijo que la garantía que se presentó en el contrato no fue expedida por esa entidad bancaria.
Lo anterior significaba que la unión temporal habría presentado garantías falsas del Banco Itaú, que le permitieron quedarse con el contrato y a un adelanto de $70.243 millones de manera irregular.
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