Venta libre de licor en el país, un trago amargo para el Valle

La Corte Constitucional será la encargada de dirimir la demanda contra los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016 que busca levantar el monopolio de licores destilados en el país.

Como se sabe, el pasado lunes se cumplió la audiencia pública en la que los gobernadores de Valle y Caldas expusieron los motivos por los cuales cada uno de ellos consideraba pertinente o no abrir las fronteras para la producción y comercialización de licores, especialmente de aguardiente.

Las directivas de la Industria de Licores de Caldas están a favor de que se abran las fronteras. “Se debe garantizar la libre competencia, la protección de los derechos económicos y el derecho a la autodeterminación de cada colombiano a elegir el aguardiente de su preferencia sin restricciones”.

Asimismo, advirtieron que la norma impugnada (artículo 28 de la ley 1816 de 2016) no solo crea monopolios inconstitucionales, sino que “también contradice el propósito del monopolio rentístico que debe generar recursos para fines sociales, no para proteger fábricas a expensas de la industria nacional y los consumidores”.

Pero otra cosa piensa la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien considera que levantar la salvaguarda legal pondría en riesgo un patrimonio de la región como es la Industria de Licores del Valle del Cauca, ILV, que ha venido en recuperación en los últimos años, además de afectar los ingresos del departamento en términos de las transferencias que recibe por parte de las empresas autorizadas a producir y comercializar licores en la región.

La mandataria explicó que, desde 2017, cuando salió la ley, las ventas de la ILV fueron de 4,3 millones de botellas, y para el 2023, llegaron a 10,8 millones. “Esto representa un incremento del 151% y esperamos que para este año las ventas superen los 10 millones de botellas. Levantar el monopolio pondría en riesgo el plan estratégico de la empresa”, aseguró.

Destacó que la ILV genera 2000 empleos entre directos e indirectos y hace parte del clúster de la caña.

“Como departamento productor de aguardientes asumimos la defensa del monopolio de la producción y distribución de aguardiente en el Valle, ya que la eliminación del mismo impactaría fuertemente los recursos para inversión en salud, educación y deporte”.

Por su parte, la directora de Hacienda, María Victoria Machado, aclaró que lo que se está discutiendo en la Corte Constitucional es la salvaguarda.

Monopolio rentístico

Según la Ley 1816 de 2016 “el monopolio como arbitrio rentístico sobre los licores destilados se define como la facultad exclusiva del Estado para explotar directamente o a través de terceros la producción e introducción de licores destilados y para organizar, regular, fiscalizar y vigilar la producción e introducción de licores destilados en los términos de la presente ley.

En ese sentido: tiene como finalidad la de reservar para los departamentos una fuente de recursos económicos derivados de la explotación de actividades relacionadas con la producción e introducción de licores destilados. En todo caso, el ejercicio del monopolio deberá cumplir con la finalidad de interés público y social que establece la Constitución Política.

Esto porque, a pesar de la apertura de los mercados, todos los licores que provengan de otros departamentos o del extranjero, deben pagar un impuesto del 2% sobre sus ventas anuales a la región.

No obstante, recalcó que permitir la venta libre de aguardiente en el país, afectaría el desarrollo social y económico del Valle. “Si se pierde la salvaguarda, los excedentes que generan las industrias por la venta de esos licores no se quedarán en el Valle, sino que irían a otros departamentos, e incluso, a capitales extranjeros, porque no solo entrarían licores de otras regiones del país también licor extranjero. Estos recursos irían a financiar la salud y educación de otras regiones y países”, dijo Machado.

Más tiempo

Entre tanto, el gerente de la Industria de Licores del Valle, José Moreno Barco, dijo que la Ley 1816 de 2016 establece 6 años de salvaguarda y apenas van en el segundo año, por lo tanto, solicitó que se mantenga el tiempo establecido para poder cumplir con el plan estratégico trazado y no generar un impacto negativo a la empresa.

“Lo que le dijimos a la Corte es que habría un impacto importante si mañana nos dicen que tenemos que dejar entrar aguardiente de otras regiones y nos truncaría el ejercicio que venimos haciendo de planeación en el que advertimos que necesitamos todo el período de la salvaguarda que se cumple en el 2028″, anotó.

La ILV además de aumentar las ventas en unidades de botellas también le ha apostado a la modernización e innovación al pasar de un solo producto a 7 aguardientes de diferentes características, que le permiten atender todo el mercado local, pero con una proyección nacional e internacional.

En ese orden de ideas, se fortaleció el aguardiente Origen del Valle en tres presentaciones: Atardecer que es la competencia directa del aguardiente Amarillo de Caldas; Fusión y Nocturno.

Actualmente, está llegando a nuevos mercados como San Andrés y espera expandirse a siete departamentos, y a gran parte del mercado mundial.

En cuanto a ventas, el año pasado la ILV facturó $282.000 millones, de los cuales $140.000 millones fueron transferidos al departamento. Este año han vendido 5.570.458 unidades, unos $157.500 millones aproximadamente, de los cuales $88.000 millones fueron a parar a las rentas departamentales para temas de salud, educación y deporte.

El diputado Julio García también calificó como un riesgo levantar la salvaguarda porque traería una fuerte disminución en la producción, el consumo y venta y, por ende, en los ingresos de la ILV, a la vez que agravaría el tema del contrabando y el licor adulterado.

De otra parte, el diputado Mario Germán Fernández de Soto indicó que levantar el monopolio es una oportunidad importante para que los departamentos puedan competir y “tengamos una industria de licores fortalecida, con un portafolio de servicios no solamente que compita en la región, sino con otras opciones de participación importante en el mercado nacional e internacional”.

El también asambleísta, Rafael Rodríguez, dijo que se debe trabajar la comercialización clandestina de licores como el Amarillo de Caldas que ingresa por el norte del departamento y se vende por redes sociales. “El tema de levantar el monopolio es ¿cómo se controla el contrabando?”.

Fuentes de financiación

Julio César Alonso, docente de la Universidad Icesi, aseguró que “es importante tener en cuenta en esta discusión temas de eficiencia y salud pública y no necesariamente asuntos de finanzas públicas departamentales. La financiación de los departamentos y municipios es necesario repensarlo en Colombia, independientemente de si se mantiene o no este monopolio del aguardiente”.

Igualmente, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, planteó que la Corte Constitucional tendrá que decidir la prevalencia de dos derechos fundamentales: El del arbitrio rentístico que va dedicado a un gasto sensible como es la salud y la educación, pero también la libertad de empresa que es un derecho de todos los colombianos.

Operativos contra el contrabando de licor en el país

Durante el año 2023, la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, realizó un total de 484 acciones de control contra el contrabando de licores, logrando la aprehensión de 46.279 unidades de mercancía, con un valor comercial estimado de $3.578.188.186, lo que ha permitido para la vigencia 2024, dar apertura a procesos investigativos, logrando los siguientes resultados judiciales; desarticulación de 1 estructura multicrimen dedicada al contrabando y falsificación de bebidas embriagantes de marcas nacionales y extranjeras; desarticulación de 5 alambiques donde de manera fraudulenta y sin las medidas fitosanitarias fabricaban licor adulterado, materializando 36 allanamientos y 34 capturas por el delito de corrupción de alimentos, ejercicio ilícito de arbitrio rentístico y concierto para delinquir.

Lo anterior permitió la aprehensión e incautación de 68.649 unidades de mercancías avaluadas comercialmente en $2.506.695.312 de pesos. Cabe resaltar que se ha implementado un nuevo enfoque en la lucha contra este flagelo, orientado a impactar a las estructuras multicrimen que se financian a través de esta conducta y a su vez promueven la comisión de otros delitos.