En Colombia ir a las escuelas rurales es un desafío de supervivencia

Ante el recrudecimiento de acciones violentas y armadas en el país en las que se han visto afectadas las escuelas y centros educativos poniendo en riesgo las vidas de niñas, niños y adolescentes, el Consejo Noruego para Refugiados, Fundación Plan, Save the Children, Unicef y World Vision, con el apoyo del fondo Education Cannot Wait (la Educación No Puede Esperar) promueven esfuerzos conjuntos para tener entornos y escuelas más seguras, que permitan garantizar el derecho a la educación de la niñez colombiana.

Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado (ONCA), el 60 % de los eventos armados registrados el año pasado afectaron directamente a 268.524 niños, niñas y adolescentes, un 11,5 % más que en el 2021.

Ana Sofía, una estudiante rural de un municipio del Cauca quien participó de la Conferencia de Financiación de Alto Nivel del fondo La Educación No Puede Esperar (Education Cannot Wait) en Ginebra, Suiza en febrero pasado, habló sobre las barreras a la educación que muchos niños en su territorio han tenido que padecer a raíz del conflicto armado: “El conflicto armado. Nos afecta porque las balas y los ataques han dañado los recursos que tenemos para nuestro aprendizaje y la infraestructura de nuestros colegios. Además, hacen que haya mucha deserción escolar, que muchos niños y niñas terminen en grupos armados o en desplazamiento forzado porque no tienen alternativas de aprendizaje”

Yuleida Luna, una joven rural colombiana de 20 años afectada por el conflicto armado en Colombia que acaba de terminar su bachillerato y quien también participó en la Conferencia de Ginebra, afirmó que: “En mi comunidad, un niño tuvo un accidente con una mina antipersona, perdió sus dos piernas y hasta el momento no tiene acceso a educación, no contamos con aulas o las herramientas suficientes para que un niño con discapacidad reciba su formación académica”. Hagamos que aprender deje de ser un desafío de supervivencia”.

De acuerdo con ONCA, los departamentos donde más se presentaron eventos de conflicto armado que afectaron de manera directa a niñas, niños y adolescentes fueron Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Chocó, Antioquia, Nariño, Caquetá y Putumayo. Los casos más recurrentes implican el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por los actores armados; ataques a escuelas; desplazamiento forzado; violaciones contra el derecho a la vida; violencia y abuso sexual, y secuestros. Según el seguimiento realizado por el Consejo Noruego para Refugiados, entre enero y septiembre de 2022, al menos 12.000 estudiantes, profesores y personas de la comunidad educativa, como cuidadores y personal administrativo, tuvieron que suspender temporal o indefinidamente las clases y dejar sin el servicio.

“Vemos con preocupación que las escuelas queden en medio de enfrentamientos armados, o que en los caminos haya presencia o sospecha de minas y otros artefactos explosivos. Celebramos que el Plan Nacional de Desarrollo incluya la implementación de la Declaración sobre Escuelas Seguras, marcando el camino para proteger a estudiantes, docentes e instituciones educativas. Ahora es el momento de realizar acciones concretas para proteger la educación en zonas de conflicto armado en el país”, afirma Catalina Duarte Salcedo, coordinadora del Programa financiado por el Gobierno de Canadá en apoyo a La Educación No Puede Esperar (Education Cannot Wait).

En este sentido es importante poner en práctica los compromisos de la Declaración, a la que se han adherido 116 países, incluida Colombia:

• Prevenir el uso militar de las escuelas y universidades.
• Recopilar datos y fomentar respuestas ante ataques a establecimientos educativos, sus estudiantes y profesores.
• Fortalecer el rol de protección que tiene la educación durante conflictos armados y asegurar la continuidad educativa.
• Fomentar los intercambios y fortalecer el apoyo político para la protección de la educación en foros internacionales.
• Rendir cuentas por los ataques contra la comunidad educativa, incluyendo sus instalaciones. Investigar y juzgar debidamente a los responsables.

Cabe anotar que el desplazamiento es una de las principales razones por las que los estudiantes abandonan la escuela, incluso afecta a la población procedente de Venezuela, refugiada y retornada, que muchas veces llega a zonas donde hay conflicto armado. En Colombia, el 29 % de los niños y niñas procedentes de Venezuela entre 6 y 17 años no están matriculados en las escuelas, lo que aumenta el riesgo de ser víctimas de los grupos armados y delincuenciales, según El Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) realizado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

Por último, Catalina Duarte concluye que la escuela es el lugar más importante para los niños, niñas y adolescentes y que aprender en Colombia no debería ser un desafío de supervivencia. “Si vemos interrumpida la educación por temas de conflicto, ataques o por afectaciones sobre los niños y las niñas, estamos poniendo en riesgo su educación y su proyecto de vida”.