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152 municipios de Colombia están en riesgo de violencia política y fraude electoral: MOE

La denuncia hace parte del último informe de la Misión de Observación Electoral, MOE. Según la entidad el Valle es una de las regiones donde el riesgo sigue incrementando.

1 de octubre de 2019 Por: Colprensa
Las calles de Santander albergaron a centenares de seguidores que acudieron al último adiós de la candidata. | Foto: Jorge Orozco / El País

En 152 municipios de Colombia existe un alto riesgo de violencia política y de fraude electoral de cara a la jornada democrática que se desarrollará el próximo 27 de octubre, indica el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral, MOE.

La entidad asegura que 40 municipios se encuentran en riesgo extremo por diferentes de factores, siendo Antioquia (32), Chocó (22) y Nariño (16) los departamentos con más espacios territoriales en alerta. Sin embargo, este número representa reducción en comparación con los comicios pasados cuando se registraba riesgo en 59.

La MOE advierte que pese a esta disminución en los niveles de riesgo, en Chocó, Antioquia, La Guajira y Valle del Cauca, esta alerta aumentó y por esta razón hizo un llamado a que haya más presencia del Estado. No solo la reclama presencia institucional durante las elecciones sino que piden crear una estrategia integral en beneficio de las comunidades.

"Si miramos los datos históricos venimos en una disminución de municipios con factores de riesgo. Sin embargo, la disminución este año es inferior a lo esperado respecto de lo logrado en anteriores elecciones. Por ejemplo, mientras que de las elecciones locales de 2015 a las nacionales de 2018 en 128 municipios desaparecieron riesgos de violencia, de 2018 a 2019 la disminución es solo de cinco municipios”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.

El informe, la entidad insiste en que 50 municipios están en alto riesgo de violencia política. Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Arauca son los departamentos donde es más alta la posibilidad de que los candidatos sean atacados por  su actividad política.

"En estos municipios no solo es pertinente una labor específica de la Fiscalía General de la Nación y del Consejo Nacional Electoral, para perseguir los delitos e irregularidades electorales, sino también una labor a mediano plazo de la Registraduría Nacional, el Ministerio del Interior, las autoridades locales y los Partidos políticos para proveer a testigos, jurados de votación, campañas y ciudadanía la información suficiente sobre lo que se debe y no se debe hacer en una contienda electoral, ya que solucionar los comportamientos observados en estos municipios van más allá de solo contemplar salidas punitivas", agregó Barrios.

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