UNP deberá analizar casos antes de retirar de esquemas de seguridad: Cidh

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, otorgó el beneficio de medidas cautelares para cuatro miembros de un sindicato que opera en Bugalagrande, centro del Valle, luego de que la Unidad Nacional de Protección, UNP, retirara el esquema de seguridad que se les había asignado.

Estas cuatro personas hacen parte de la asociación sindical y desde el año 2009 la UNP les asignó un esquema de protección colectivo compuesto por un vehículo blindado y dos hombres de protección. Además, de manera individual les otorgó un chaleco blindado y teléfono móvil. Sin embargo, estos beneficios les fueron retirados en 2017.

La UNP decidió finalizar dicho esquema de protección, dejándolos en una "situación de desprotección total y desconociendo que sus vidas se encuentran en riesgo", a juicio de los sindicalistas. Los cuatro hombres han señalado, por medio de una acción de tutela contra la UNP, que han sido objeto de amenazas, intimidación, seguimiento y persecución.

En el documento, solicitaron a la Corte Constitucional amparar sus derechos a la vida, integridad y seguridad personal, dado que venían presentando hechos irregulares como espionaje ilegal por parte del extinto Departamento Administrado de Seguridad (DAS), amenazas de muerte contra miembros y exmiembros del Sindicato por parte de distintos grupos armados al margen de la ley, entre ellos, las AUC, el ‘Clan del Golfo’, las Águilas Negras y ‘Los Rastrojos’.

Además, señalaron haber recibido “comunicados que acusan al Sindicato de ser un bastión armado de las Farc y el ELN, que busca paralizar las producciones de las empresas, además de una campaña de desprestigio por parte de la empresa Colombina S.A., contra los trabajadores que se afiliaron al Sindicato”.

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Todos estos argumentos llegaron al alto tribunal, y con fallo del mes pasado señaló que la UNP debe revisar los casos antes de que se les retire el esquema de seguridad a quienes están amparados con dicho beneficio.

“La Sala encontró que, si bien no se acreditaron circunstancias de riesgo o amenaza específicas, individualizables y presentes respecto de los accionantes, al momento de efectuar el estudio de riesgo en el 2017, que sirvió de fundamento para finalizar las medidas de protección previamente asignadas, la UNP no tuvo en cuenta las situaciones particulares que los rodeaban en su calidad de activistas sindicales”, señala el documento.

En el caso concreto, la Corte ordenó a la UNP, en un término de un mes, hacer un análisis del nivel de riesgo de los sindicalistas, y deberá tener en cuenta la problemática del Sindicato, específicamente el asesinato de tres miembros de la colectividad ocurrida en mayo de 2018, así como el contexto de violencia antisindical en Colombia, especialmente en la región del Valle del Cauca.

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