La excursión gratuita a Perú en la que se embarcaron varias vecinas caleñas, terminó en un accidente cerca a Quito. Pero la tragedia reveló al oscuro pasajero del viaje: la droga. Esta es la historia.
Un bus de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales de Oriente, con 46 personas a bordo, en su mayoría colombianos, se estrelló en la madrugada del martes 14 de agosto sobre la carretera que une a Papallacta con Quito, capital de Ecuador.
El accidente ocurrió a las 2.55 a.m. en el kilómetro 8 de la vía Pifo-Papallacta, a la altura del barrio El Carmen, en un sector conocido como la "curva de la muerte". Según las autoridades, el bus se habría quedado sin frenos y embistió a un campero, luego rodó varios metros hasta estrellarse contra una vivienda en una zona conocida como Palugo.
Tras el choque, fallecieron 24 personas, 19 de ellas colombianas, y otros 22 personas resultaron heridas. Por lo menos 15 de los fallecidos eran de Cali, y vivían en los barrios El Guabal, San Judas, Ciudad Córdoba, entre otros.
Los viajeros fueron invitados por una mujer, identificada por los familiares de las víctimas como Claudia Ximena Orozco, quien habría coordinado la logística, comida y alojamiento.
“Salieron del barrio Las Acacias, cerca a Santa Elena. El bus estuvo parqueado cerca de una cancha diagonal a un supermercado esperando que se llenara el cupo. Salían supuestamente a las 4:00 p.m. del 5 de agosto, pero arrancaron a las 9:30 p.m.”, narró un familiar de las víctimas.
Presuntamente, la ruta inicial contemplaba pasar por Ipiales y atravesar Ecuador hasta llegar a Perú, pero en cambio, se desviaron por una trocha y llegaron a San José de Isnos, Huila, porque supuestamente la vía Panamericana estaba cerrada.
Según varios vecinos, en San José el bus se varó y duraron seis días sin coger carretera. “El bus falló de Cali a Isnos como tres veces, por eso Francia Elena Trochez, decidió devolverse. Ella le pidió el favor a sus hijos que le enviaran dinero para poder viajar de regreso a casa”, afirma Melvi, una habitante de El Guabal.
Carlos Julio Tabares, esposo de Jazmín Rocío Montoya, de 34 años, una de las heridas, narró que el miércoles 8 de agosto varias personas intentaron devolverse debido a los contratiempos, “pero les regalaron un viaje en chiva para San Agustín y luego pararon en una finca de un familiar de las personas que viajaba, y luego volvieron al hotel, hasta el sábado (11 de agosto) que arrancaron para Perú, me dijo que se habían montado unos venezolanos, pero no sé cuántos”.
La finca de la que habla Tabares pertenece a la familia de José Alfredo Ortiz, hermano de Blanca Dolly Ortiz, una de las personas fallecidas.
Era una ruta tan enredada que a Elsy Vergara, otra de las personas fallecidas, sus familiares le dijeron en varias oportunidades que se regresara a Cali: “era un viaje que tenían programado desde el año pasado y se los confirmaron el viernes antes de salir, a ella la invitó una vecina, decía que era una excursión que la hacían cada año. Ella no se quiso devolver que porque estaban pasando rico, que las habían atendido muy bien, que las llevaban a buenos hoteles”, asegura Tatiana Hurtado, familiar de Elsy.
En efecto, la ruta que estaba establecida en el contrato de viaje era Neiva - Pitalito - Mocoa - Villa Garzón - La Hormiga - San Miguel - Ecuador - Lago Agrio y viceversa. Sin embargo, el vehículo viajó por Cali - Villarica - Tunía - Popayán - Coconuco - San José de Isnos y Ecuador, según información suministrada por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
De los 19 colombianos fallecidos, por lo menos 15 serían caleños. Hasta el sábado 18 de agosto, se había cumplido con los trámites para la reclamación de seis de los cuerpos.
Entre las caleñas que han sido identificadas están (de izquierda a derecha) Carmen Mosquera, María de Jesús Chaparro, Elsy Vergara, María Esperanza Castañeda del barrio El Guabal; y Dolly Ortiz y Hanna Santofimio de Ciudad Córdoba.
Documentos alterados, problemas mecánicos, el uso de una vía alterna porque no llevaban permiso de movilidad internacional y, quizá lo más grave, con un conductor inexperto frente a un bus para 39 pasajeros y que al parecer llevaba sobrecupo
Quien estaba al volante del vehículo de placas USA-251, un bus Mercedes Benz modelo 2005, era Cristian Andrés Parra Silva, un joven de 28 años de edad, residente en el barrio Decepaz de Cali, sin la licencia ni la experiencia necesaria para conducir un vehículo de transporte público.
De acuerdo con información recopilada por El País y corroborada por uno de sus familiares, Parra Silva fue contratado recientemente como conductor del autobus accidentado en Ecuador.
Por lo demás, los únicos registros que aparece de él en las bases de datos oficiales de Tránsito es un comparendo que le realizaron en Buenaventura en el 2016 por conducir un vehículo sin la revisión técnico mecánica y otra multa que le impusieron en julio del 2016 en la Calle 70 con Carrera 3 por estar prestando servicio pirata de transporte y por el que adeuda $1.091.694.
“A él era la primera vez que lo llamaban para hacer esta clase de viajes, pero ya tenía experiencia manejando buses y taxis. Lo que sabemos es que el señor que lo compró fue con él a recogerlo y cuando llegaron les resultó este primer viaje”, aseguró una persona cercana a Cristian Andrés Parra, quien además negó saber quién es el propietario del autobús.
Aunque el nombre del supuesto comprador del bus ha sido un misterio, en el Registro Único Nacional de Transporte figura como propietario José Luis Acevedo, quien aseguró a medios nacionales que el autobús fue vendido en noviembre pasado a un hombre en la ciudad de Cali.
“No se ha hecho el traspaso porque el señor no me ha terminado de pagar. Ya le había notificado en más de una ocasión que se lo iba a retener porque no hacía caso, pero desafortunadamente ocurrió este accidente”, señaló Acevedo Mendoza.
De hecho la revisión técnico mecánica del bus accidentado fue expedida el 2 de febrero en el Centro de Diagnóstico Automotor de Jamundí.
Entre el 7 de enero del 2005, cuando salió por primera vez a circulación, y octubre del 2017, el bus matriculado en la Secretaría de Movilidad de Chía (Cundinamarca), registra 19 infracciones por exceso de velocidad y adelantar en zona prohibida, entre otros.
Donde tampoco cuadran los documentos, es en el contrato que supuestamente emitió la empresa Cootransespeciales del Oriente, firmado el 10 de agosto en Bucaramanga entre Gino de Jesús Moreno, quien aparece como representante legal de la empresa, y Claudia Ximena Orozco, donde se acuerda el viaje por $9 millones.
Por su parte, Gino Moreno negó haber firmado documentos para que el automotor prestara ese servicio. “Yo estuve mirando el documento y no se logra percibir muy bien, pero no es la firma mía y eso se puede constatar por grafología que esas firmas no corresponden a mis trazos”, dijo.
Como si se tratara de una gran familia, los allegados a los colombianos fallecidos, se desplazaban en grupo entre la morgue y el consulado de Colombia en Quito, buscando salidas para concluir la tragedia.
Desde el jueves 16 de agosto, 20 personas llegaron hasta la capital de Ecuador para adelantar la repatriación de cuerpos y atención de heridos.
“A mi sobrina la vi un día antes del viaje, cuando fue a pedirme una maleta. Le pregunté para dónde iba y me explicó que una señora la había invitado a un tour por Ecuador y Perú. Ese día ella salió contenta porque iba a conocer todo eso”, cuenta Luyar Hernández, tío de Hanam Layla Santofimio Hernández, de 26 años, una de las víctimas fatales de este accidente de tránsito.
- Pero mire, ella no alcanzó a conocer otro país y hoy yo estoy conociendo, pero para venir a llevarme el cuerpo de mi muchachita — complementa.
Hanam también era caleña, al igual que su tío vivía en el barrio Las Delicias, y trabajaba cuidando a una señora de edad en el sector de la galería de Santa Elena.
“Todos los días hablábamos. Solo perdimos comunicación cuando pasaron la frontera. Como a las 6:00 a.m. de ese día recibimos una llamada de un número ecuatoriano y nos alegramos, porque pensamos que era Hanam, pero no. Eran los policías para avisarnos que nuestra niña estaba muerta”, cuenta Luyar con la voz a media máquina.
Sin embargo, la espera por la pronta repatriación quedó en pausa minutos después, tras conocerse el hallazgo de droga en el bus accidentado.
A raíz de ello, la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía de Ecuador oficializaron el viernes 17 de agosto la apertura del proceso contra los 22 sobrevivientes del accidente.
"Con dolor tenemos que sospechar de todos los sobrevivientes del accidente", dijo el Carlos Enrique Alulema Miranda, General de Distrito Director Nacional de Antinarcóticos de Ecuador.
Posteriormente, la Cancillería Colombiana confirmó que suspendía las gestiones para el traslado de familiares de connacionales y manifestó que solo se reactivaría el protocolo de repatriación una vez se cuente con las autorizaciones por parte de Ecuador.
"Esperamos en menos de 30 días ya tener resultados concretos de las indagaciones, entre tanto, los sobrevivientes quedan vinculados al proceso", indicó Ruth Palacios, fiscal de estados subrogante de Ecuador.
En la primera inspección, el miércoles temprano, los miembros de la Policía Antinacórticos de Ecuador y los perros entrenados para hallar sustancias alucinógenas no pudieron dar con el paradero de la droga escondida en el bus accidentado con 46 personas a bordo en la madrugada del martes.
La opción de un cargamento en ese vehículo había sido descartada.
Sin embargo, este jueves en un procedimiento de rutina a otros automotores retenidos en los patios del Cantón norte de la Policía, casi saliendo de Quito, un perro se inquietó bastante mientras pasaba por el bus semidestruido que salió de Cali con rumbo a Perú y en el cual viajaba una excursión gratuita.
"Este jueves recibimos la señal por parte de los canes, iniciamos un procedimiento y efectivamente hallamos un compartimiento oculto, conocido como caleta; allí verificamos que existían paquetes de alucinógenos en el interior", explicó Carlos Enrique Alulema Miranda, General de Distrito Director Nacional de Antinarcóticos de Ecuador.
Con base en esa información, las autoridades iniciaron un proceso de desmantelamiento del bus con cortes a las latas, levantamiento del piso y asientos, remoción del volante y parte del motor.
Según el director nacional de Antinarcóticos de la Policía, general Carlos Alulema, en el bus se encontró más de media tonelada de marihuana, valorada en el mercado nacional en más de 1,7 millones de dólares.
El general detalló que la droga -oculta en el piso del vehículo, debajo de los asientos-, estaba envuelta en 584 paquetes con un "peso bruto de 637 kilogramos y un peso neto de 579 kilogramos, es decir más de media tonelada, lo cual significan 1.274.000 dosis, que en el marcado ascendería a 1.737.000 dólares".
Anotó que, además de la indagación sobre el accidente de tránsito en sí mismo, se ha configurado la preexistencia de un delito trasnacional por lo que Fiscalía activó los mecanismo para abrir una investigación concreta por el delito de narcotráfico.
“La investigación tiene una duración de un año, pero en este caso, trataremos de hacerlo de manera inmediata concomitantemente con el delito que está ya en instrucción fiscal, que es el delito de tránsito", explicó.
Alulema dijo que fue detenido el conductor del bus, quien se encuentra en un centro de salud con custodia policial, según Palacios, quien añadió que en la investigación abierta se establecerá si alguno de los 22 heridos tiene participación en el delito.
"Tenemos que practicar las diligencias necesarias a fin de determinar quién puede salir y quién no", explicó al ser consultada sobre si los heridos pueden abandonar Ecuador.
Los organizadores de la excursión gratuita, entre los que se destaca el nombre de Claudia Ximena Orozco, habrían indicado a los pasajeros de este bus que el viaje era financiado por un político.
"Se trata de un nuevo modus operandi que están utilizando para pasar droga y tiene que ver con la disposición de estos buses de turismo", especificó el General.
Aunque las autoridades no se atreven a afirmar que las profundas modificaciones al bus fueron las causantes de las reales fallas técnicas en Papallacta, expertos consultados por medios locales sí apuntan a que este sería el factor principal para que el automotor perdiera el control en esa pendiente.
La búsqueda por respuestas también apuntan a Claudia Ximena Orozco Córdova, la mujer encargada de organizar la excursión.
Antes de que se conociera el cargamento de droga en el bus, Orozco había enviado una declaración difundida por Noticias Caracol, en la que dijo "sí, fui yo quien contrató el bus pero eso no me hace responsable de lo que haya acontecido".
"No soy la responsable de que el bus haya fallado, no soy responsable de tantas víctimas, puesto que al viaje vinieron personas adultas que tomaron su propia decisión, no fueron personas a las que yo obligué de ninguna manera, cada una fue consciente a lo que vino", manifestó.
En dicha declaración, Orozco no aclaró quién financió la excursión.