Porque fue un hecho macabro y doloroso que partió la historia contemporánea del país en dos. Todo lo que ha pasado en los últimos 30 años en Colombia en materia de guerra y paz es consecuencia, de una u otra forma, de lo que pasó ese día. Para entenderlo más fácilmente podría decirse que la toma del Palacio de Justicia fue para los colombianos lo que la caída de las Torres Gemelas fue para los gringos. Desde ese día nada volvió a ser igual.

El asalto fue perpetrado por un grupo de (35-40) hombres del M-19 liderados por los comandantes guerrilleros Luis Otero, Alfonso Jacquin y Andrés Almarales. Ocurrió a las 11:30 a.m. del 6 de noviembre de 1985, a solo una cuadra del Capitolio Nacional y la Casa de Nariño, es decir, en las narices de la cúpula del poder político y militar del país. Toda la toma duró 28 horas.

El Movimiento 19 de abril fue una guerrilla urbana que tomó su nombre de los acontecimientos ocurridos el 19 de abril de 1970, día de elecciones presidenciales. En esa jornada dos hombres se disputaban el poder. Uno era el general Gustavo Rojas Pinilla, candidato del movimiento Alianza Nacional Popular, Anapo. Su contendor era el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, líder del Partido Conservador. El Frente Nacional era una alianza que habían firmado liberales y conservadores para detener la violencia que los enfrentó durante largos años. Era una idea sencilla, pero excluyente: rojos y azules se turnaban de forma sucesiva cada cuatro años la Presidencia. En otras palabras: quien no estuviera en una de esas dos ‘roscas’ no podía aspirar a gobernar el país. El general Rojas Pinilla ya lo había logrado, pero por medio un golpe de Estado, y ese 19 de abril buscaba romper en las urnas el monopolio del Frente Nacional. Y por poco lo logra. Hasta la medianoche los escrutinios lo daban como ganador, pero el día siguiente los periódicos reseñaban que Pastrana le había ganado por una diferencia de solo 22.000 votos.

Los resultados de esas elecciones fueron calificados como un fraude por los militantes de la Anapo. Y en el país se generó un clima de gran tensión política, en el cual ganó terreno la idea de que liberales y conservadores nunca le abrirían espacio a otras opciones políticas. Esa tesis era especialmente defendida por una nueva generación de simpatizantes de la izquierda -- líderes sindicales, estudiantes universitarios, profesores e intelectuales --, muchos de los cuales creyeron que el camino para forzar un cambio eran las armas. Todos ellos se juntaron tres años después para crear el M 19. En Colombia ya existían otras tres guerrillas en ese momento (Farc, ELN y EPL), pero eran de extracción campesina y sus acciones se cumplían fundamentalmente en el monte.

Porque un año antes el Gobierno de esa época, presidido por el conservador Belisario Betancur, había iniciado contactos con el M 19 para tratar de negociar un acuerdo de paz. Las dos partes firmaron en Corinto, Cauca, un pacto para hacer una tregua bilateral. Pero la misma no se cumplió, el asedio del Ejército a la guerrilla se mantuvo y el naciente proceso de paz fracasó. Entonces, para forzar al Gobierno a que cumpliera los acuerdos, los guerrilleros decidieron dar un golpe sin antecedentes históricos. Y fue cuando surgió la idea de tomarse el Palacio. Los guerrilleros pensaban atrincherarse allí y obligar a la Corte Suprema de Justicia a hacerle un juicio político al presidente Betancur, por haber violado los pactos de los meses anteriores.

Ese es uno de los grandes misterios que sigue rodeando la trágica historia del Palacio. Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, el único sicario de Escobar que queda vivo, y Virginia Vallejo, amante del extinto capo, son los principales difusores de esa tesis. Según esa versión, Pablo Escobar acordó con el M 19 que él financiaría la toma, y a cambio los guerrilleros quemarían todos los expedientes judiciales con los que la Corte Suprema Justicia podía autorizar la extradición de los narcotraficantes del Cartel de Medellín a Estados Unidos. Ese acuerdo, dicen, lo habría suscrito Escobar con el entonces máximo comandante del M 19 Iván Marino Ospina (padre del ex alcalde de Cali Jorge Iván Ospina). Pero no existe ninguna prueba concreta que permita dar por cierta esa hipótesis.

Ese es otro de los grandes misterios. La toma no fue una sorpresa. 20 días antes las autoridades ya sabían que había un plan del M 19 para tomarse el Palacio, porque habían capturado a dos guerrilleros con los planos del edificio. Y se había decidido reforzar la vigilancia policial y militar de las instalaciones. Pero el día de la toma había solo dos vigilantes. Los guerrilleros los asesinaron y pudieron entrar ‘como Pedro por su casa’. ¿Por qué? Una hipótesis que manejan algunos historiadores, pero nunca ha podido probarse, es que los militares decidieron convertir el Palacio en una especie de ‘ratonera’ gigante, con un ‘cebo’ muy atractivo, para capturar a los guerrilleros. ¿Por qué harían eso? Quienes mencionan esa versión hablan de por lo menos tres razones: una, porque los mandos militares jamás respaldaron los intentos de paz del Gobierno Betancur, toda vez que los mismos se hicieron sin tenerlos en cuenta. Dos, porque necesitaban lavar su imagen, duramente golpeada por los golpes espectaculares que el M 19 había propinado, entre ellos el robo de cinco mil armas del Ejército y la toma de casi dos meses a la embajada dominicana. Y tres, porque estarían interesados en quemar los expedientes que tenía la Corte en su contra, por casos de violaciones a los derechos humanos.

En los cuatro pisos y los 3.200 metros cuadrados del Palacio estaba concentrado el corazón mismo del sistema judicial colombiano para esa época. El objetivo principal de los guerrilleros era tomar como rehenes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el máximo organismo rector del sistema judicial, y a los del Consejo de Estado. Se estima que cuando empezó la toma, entre las 10 y las 11 de la mañana, en el Palacio había más de 300 personas, entre magistrados, empleados y ciudadanos del común que hacían diligencias.

En medio de la toma, el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, salió por la radio en varias ocasiones a pedirle al Presidente de la República que diera la orden a los militares de cese el fuego, porque los guerrilleros querían negociar. Betancur nunca le pasó al teléfono. ¿Por qué? En sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad que investigó el caso, dijo que no lo hizo porque sabía que Echandía estaba actuando contra su voluntad cuando hizo esos llamados, porque le estaban apuntando con una ametralladora. La gran pregunta que los colombianos se hacen 30 años después es sí el jefe del Estado debía haber negociado.

Ese es otro de los hechos que sigue cobijado por un manto de dudas. El magistrado Reyes Echandía murió pensando que el Presidente Betancur sí había dado la orden, pero que por alguna extraña razón la misma no les llegó a los soldados y policías que intentaban retomar el edificio. De hecho, fue el propio general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía Nacional, quien le dijo por teléfono que se había dado esa orden. 30 años después el hijo de Reyes Echandía – el ministro de Justicia Yesid Reyes – sostiene que el alto oficial le mintió a su padre. Nunca hubo una orden de cese el fuego.

Algunos historiadores y todos los familiares de las víctimas sostienen que el M 19 es el directo culpable del holocausto del Palacio, pero no es el único. El Gobierno también fue responsable de lo ocurrido, afirman, porque ese día ‘desapareció del mapa’ y permitió que los militares se desbordaran en el uso de la fuerza, aplicando una operación de ‘tierra arrasada’. De hecho, durante 30 años se ha mantenido un debate sobre si lo que ocurrió ese día fue un golpe de Estado transitorio, en el que los militares le arrebataron al poder al presidente Belisario Betancur y decidieron el curso de la operación.

Belisario Betancur fue señalado como uno de los responsables del fatal desenlace. “Fue un simple espectador. Nunca existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de salvar la vida de los rehenes”, señaló el informe de Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia. Cuando fue interrogado por la Fiscalía, el entonces presidente aseguró que: “El ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, me informó que era posible que algunos asaltantes hubieran salido vivos, pero no se me precisaron nombres”, y agregó que todo lo que supo fue que los liberados “eran conducidos a la Casa del Florero”. El ex presidente Betancur reconoció que los operativos militares fueron ordenados por él, pero dijo que por carecer de formación militar delegó las funciones en las instancias militares, “con la salvaguardia de que se respetara la vida de magistrados, funcionarios, civiles y guerrilleros”.

En la tarde del 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia ocurrieron tres incendios que prácticamente arrasaron con el 90% del edificio. En el Palacio las oficinas estaban construidas con divisiones en madera. La gran altura del edificio dificultó la extinción del fuego. Además, había un alto contenido de elementos inflamables como los muebles, las cortinas, los tapetes y la papelería. El riesgo estructural del Palacio de Justicia era extraordinario, se comprobó después. En el incendio quedaron calcinados miles de documentos de gran importancia, entre ellos los relacionados con la extradición de narcotraficantes. El informe de la Comisión de la Verdad concluyó que, sin duda, los tres incendios fueron provocados, pero aún se desconoce quiénes tenían interés en quemar las evidencias que poseía la Corte.

No solo porque era el máximo ente rector de la rama judicial, sino también por el contexto histórico en el que desempeñaba su papel en ese momento. La Corte Suprema tenía, para la época, muchos enemigos. Por una parte, todos los magistrados estaban amenazados por Pablo Escobar, que estaba decidido a frenar a cualquier costo la posibilidad de la extradición para los narcotraficantes. Pero, por otro lado, la Corte también analizaba y juzgaba una gran cantidad de procesos abiertos contra altos mandos militares, por casos de tortura y desaparición que se habían cometido en años anteriores bajo las políticas permisivas del Gobierno de Julio César Turbay Ayala. Por demás, ese tribunal Corte estaba integrado por juristas de las más altas calidades intelectuales y éticas, que defendían la independencia y autonomía de la rama judicial, por lo que se le consideró como una de las Cortes más brillantes de la historia.

Por lo menos cuatro razones lo explican. Primera, que inicialmente los guerrilleros contaron con la ventaja que les dio el factor sorpresa y la toma de rehenes. Segunda, que como el comando esperaba forzar un juicio político contra el Presidente, se había equipado con armamento y municiones suficientes para hasta dos meses de ocupación. Tercera, que las condiciones del edificio les eran propicias. El Palacio tenía solo dos accesos, lo que les permitió concentrar su poder de fuego, desde varias ubicaciones estratégicas, sobre esas dos únicas entradas. Y cuarta, que las fuerzas del Estado no contaban con la suficiente preparación ni coordinación para enfrentar un ataque de esa naturaleza, como lo señaló después la Comisión de la Verdad.

30 años después no se sabe con exactitud si los magistrados que murieron en la toma fueron asesinados por los guerrilleros o si terminaron cayendo en la batalla campal que se libró durante las últimas horas de la retoma del Palacio de Justicia. Según el informe técnico de la Comisión de la Verdad, “los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”. Esta conclusión fortalece la tesis que durante muchos años han mantenido las familias de las víctimas: muchos de los muertos cayeron por las balas de las fuerzas del Estado.

Cuando se presentan hechos judiciales se debe conservar la escena tal cual como quedó, lo que no sucedió con el Palacio de Justicia. A pesar de la magnitud y la gravedad de lo que allí sucedió, hubo una gran alteración de la escena del crimen. El levantamiento de los cadáveres no se hizo con ningún protocolo, no se conservó la cadena de custodia e incluso cuando todo estuvo en calma, se empezó a limpiar la edificación, desapareciendo así mucho material probatorio relevante. Por otro lado, las Fuerzas Militares nunca permitieron que se hicieran pruebas de balística a las armas de los efectivos que participaron en la retoma.

La etapa final de la batalla por la retoma del Palacio de Justicia se libró en un baño situado entre el tercer y cuarto piso, donde el comando metió a unos 60 rehenes custodiados por ocho guerrilleros, tres de ellos muy mal heridos. Los militares arrojaban granadas contra el pasillo de acceso al baño, y para tratar de salvarse los magistrados gritaban sus nombres y les pedían que no siguieran disparando. En medio de la desesperación del grupo, los rehenes logran convencer a los guerrilleros de que les permitan enviar a uno de ellos como mediador para buscar una negociación. El elegido es el magistrado Reynaldo Arciniegas, quien logró llegar a la calle, pero nunca pudo entregar el mensaje al Gobierno porque los militares no se lo permitieron. Entonces, desde los tanques blindados que se encontraban en la plazoleta se disparan rockets contra esa zona del edificio, y al menos dos proyectiles logran abrir un túnel en ese baño, por donde militares y guerrilleros se disparan sin pensar en los civiles que hay de por medio. 28 horas después de iniciada la toma, los últimos cinco guerrilleros deciden liberar a los rehenes que quedan vivos en ese baño y enfrentar su destino. La ‘película’ de terror en vivo en el centro de Bogotá termina.

Si alguien continúa con las heridas abiertas son los familiares de los once desaparecidos que dejó la toma. Recientemente, y de manera sorpresiva, la Fiscalía anunció el hallazgo de los restos de tres mujeres de las que se desconocía su paradero: Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera de la cafetería del Palacio; Lucy Amparo Oviedo, empleada de la cafetería; y Luz Mary Portela León, abogada. Paradójicamente, con esos hallazgos no se sabe dónde están otras dos mujeres, pues los restos de Cristina del Pilar fueron encontrados en los que se creía pertenecían a María Isabel Ferrer; lo mismo ocurrió con los restos de Luz Mary Portela, que antes había sido identificada como Libia Rincón Mora. La Fiscalía General ordenó cuatro nuevas exhumaciones para tratar de encontrar a los desaparecidos.

Las investigaciones posteriores comprobaron que las fuerzas del Estado sometieron a torturas y tratos indignos a muchos de los sobrevivientes, que fueron señalados inicialmente como guerrilleros. La Fiscalía comprobó que existió un protocolo para determinar cuáles de las personas que salían vivas del Palacio eran catalogadas como sospechosas. Esas personas eran llevadas a la Casa del Florero, donde los militares montaron su centro de mando. Allí se les sometía a interrogatorios y después, si se creía que en efecto eran guerrilleros, se les enviaba a otras dependencias militares de Bogotá. En ese contexto, lo que pasó con los 11 desaparecidos es un gran misterio, pues sus familiares sostiene que fueron asesinados por las fuerzas del Estado, pero las investigaciones no han permitido establecer toda la verdad sobre esos hechos.

En agosto de este año la Fiscalía llamó a indagatoria a 14 militares sindicados de haber participado en torturas después de la retoma del Palacio de Justicia. Varios sobrevivientes que fueron sometidos a esos tratos han declarado contra ellos. Eduardo Matson Ospino y Yolanda Santodomingo Albericci, dos personas que para la época eran estudiantes universitarios, hacen parte de ese grupo acusador. En el proceso la Fiscalía también contó con el testimonio del cabo del Ejército Édgar Villamizar, quien acusó, entre otros, al coronel Alfonso Plazas Vega de ordenar torturas y asesinatos. Villamizar dijo a la Fiscalía que las torturas y muertes se dieron en la Escuela de Caballería, a donde eran llevados los sospechosos. La investigación además involucra el impresionante caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, considerado una de las piezas cruciales para establecer la verdad de lo que pasó después de la toma.

Durante 20 años la familia del magistrado Urán no tuvo nada más que la versión de los mandos militares, según la cual falleció durante la toma del Palacio. Pero una investigación de la Fiscalía y un video publicado por Noticias Uno demostraron que Urán salió vivo del edificio el mismo 6 de noviembre, cuando comenzó la toma. En el video se observa que el jurista cojea de un pie y debe ser ayudado por dos militares para caminar. Fue llevado, como todos los demás sobrevivientes a la Casa del Florero, pero lo que sucedió con él después es un misterio. Lo único claro es que su cadáver apareció, un día después, dentro de las ruinas del edificio. Una necropsia de Medicina Legal confirmó años después que el magistrado Urán murió de dos tiros de gracia en la cabeza disparados a corta distancia con un arma corta. ¿Quién lo asesinó después de haber salido del Palacio? Este sigue siendo otro de los grandes misterios de aquel día.

No. La historia refiere por lo menos dos casos de guerrilleros que salieron con vida del Palacio. Uno es el de Irma Franco, estudiante de derecho y una de las guerrilleras que el 6 de noviembre de 1985 entró al Palacio, antes de la toma, con el pretexto de adelantar un trabajo académico. Su nombre aparece oficialmente en el grupo de los desaparecidos, pues existen múltiples testimonios que indican que salió viva y fue llevada a la Casa del Florero, de donde la sacaron hacia un lugar desconocido. El otro caso es el de Clara Helena Enciso, quien logro mimetizarse entre los sobrevivientes y huir. Terminó en México, y existe una versión que indica que ya murió, pero no está confirmada.

Los ocho empleados de la cafetería del Palacio hacen parte del grupo de desaparecidos. Entre las hipótesis de su desaparición se dice que fueron detenidos, interrogados, torturados y después asesinados. Una de las tesis señala que por las escaleras que comunicaban a la cafetería directamente con el cuarto piso de la edificación, donde estaban las oficinas de los magistrados, fue por donde los guerrilleros realizaron su ascenso hacia las oficinas para tomarlos como rehenes. Sin embargo, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia dijo que sus investigaciones no reflejan nexos de dichas personas con el grupo guerrillero.

La tragedia del Palacio de Justicia dejó, según la Comisión de la Verdad, 94 muertos, entre ellos 11 de los 24 magistrados que estaban en el edificio. Pero otras informaciones hablan incluso de más de cien personas muertas. Se cuentan, además, once desaparecidos.

Es otro de los misterios del impresionante caso del Palacio. Muchos cuerpos, especialmente de los miembros de la guerrilla, nunca fueron entregados a sus familias y su destino final tampoco fue establecido. Algunos de ellos estaban carbonizados por el voraz incendio que se presentó en el edificio y no fueron identificados. En 1998 la Fiscalía hizo una exhumación secreta en el Cementerio Sur de Bogotá, donde se destapó una fosa común con más de 150 cuerpos. Pero en su momento se determinó que algunos de ellos eran de personas que fallecieron en la avalancha de Armero, la otra tragedia que sacudió a Colombia apenas una semana después de la toma. La búsqueda de esos restos aún no ha concluido.

Porque los guerrilleros partieron de la idea equivocada de que el Gobierno no permitiría que le sucediera nada a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco calcularon la respuesta a gran escala que pusieron en marcha las fuerzas armadas, utilizando todas las técnicas posibles de guerra que manejaban: uso de tanques de guerra, asalto aéreo, manejo de explosivos y utilización de armas de gran poder.

La toma del Palacio de Justicia dejó al movimiento guerrillero destruido interiormente, rechazado por una opinión nacional que en sus inicios le había sido favorable, sin ningún tipo de credibilidad y bajo una fuerte condena internacional. Cuatro meses después de la toma las autoridades dieron de baja a su entonces máximo comandante, Álvaro Fayad, lo que llevó a Carlos Pizarro Leongómez a asumir el liderazgo del grupo. Es bajo su mando que la organización inicia los acercamientos que finalmente llevaron a la firma de un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco. Pizarro después sería asesinado en un avión, cuando ya era candidato presidencial del partido Alianza Democrática M 19. El crimen se le atribuyó al jefe paramilitar Carlos Castaño.

30 años después la Justicia tiene un pobre balance para mostrar. Los procesos contra los militares implicados siguen en marcha en su gran mayoría, aún hay decisiones por tomar y buena parte de la verdad sobre lo sucedido no se conoce (Ver información detallada en la zona inferior de esta infografía). El presidente Belisario Betancur fue exonerado políticamente por los hechos, aunque esta semana admitió que “tal vez cometí algunos errores”. La Fiscalía anunció también que empezará a revisar las actuaciones de los ministros de su Gobierno, para determinar si les cabe responsabilidad alguna en las decisiones que se tomaron durante esas 28 horas.

Porque después de la toma del Palacio Colombia entró de lleno en la espiral de la guerra que la ha desangrado durante los últimos 30 años, por cuenta de la mezcla explosiva de tres grandes fuerzas al margen de la ley en un mismo momento histórico: las guerrillas de extrema izquierda, los paramilitares de extrema derecha y los ejércitos criminales del narcotráfico. La crisis del Palacio, con sus antecedentes, evidenció los profundos abismos y las poderosas tensiones que han mantenido fracturada y sometida a un baño continuo de sangre a la sociedad colombiana. Pero, además, los frustrados intentos de paz que se han hecho durante estas tres décadas también quedaron marcados por las lecciones que dejó el asalto del M 19 al Palacio.

En 2011, el general Iván Ramírez Quintero fue absuelto por el Juzgado 52 Penal de Bogotá. En este proceso la Fiscalía lo imputó por la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda. Actualmente, el proceso se encuentra en estudio por el Tribunal Superior de Bogotá, tras una apelación presentada por el ente acusador.

El general fue citado a indagatoria junto a otros 13 altos mandos militares, pero en este caso no por la desaparición de 11 personas en el holocausto del Palacio, sino por el delito de tortura a la que presuntamente fueron sometidos Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano. Se espera que la diligencia se lleve a cabo en los próximos días.

Desde 2013 se espera la decisión del Juzgado 55 Penal de Bogotá, el cual decidirá si absuelve o condena al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, por la desaparición de 11 personas entre la cuales se encuentran Cristina Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. El coronel también fue citado en los últimos días a indagatoria por la Fiscalía por el delito de tortura.

El general Rafael Hernández López es uno de los dos investigados por la Fiscalía por su presunta participación en el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán. Además, también fue llamado a diligencia de indagatoria por el delito de tortura en los casos de Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano.

Junto al general Rafael Hernánez, el general Alberto Fracica Naranjo es investigado por la Fiscalía por tener presunta participación en el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán. Asimismo, fue llamado a indagatoria por el delito de tortura en los casos de Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano.

La Fiscalía archivó el proceso contra el general Rafael Samudio Molina, por falta de pruebas. El general Samudio fue investigado por la desaparición de las 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia.

En 2009, el coronel Luis Carlos Sadovnik murió de un infarto, y la Fiscalía archivó el proceso en su contra por desaparición forzada.

En 2011 el exoficial fue condenado a 35 años de cárcel por el Juzgado 51 Penal del Circuito, por el delito de desaparición forzada, por su responsabilidad en los casos de Bernardo Beltrán, Carlos Rodríguez, David Suspes, Irma Franco Pineda y la recientemente descubierta Luz Mary Portela. Al consultar la defensa jurídica del general Arias sus voceros informaron que no pueden revelar detalles sobre los procesos que adelantan, pero extraoficialmente se conoció que este hallazgo podría cambiar el rumbo del proceso. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia será la que decida finalmente la suerte del condenado cuando resuelva un recurso de casación.

Además, en 2011 la Fiscalía inició una investigación al general Arias Cabrales por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán, que según testigos salió con vida de las instalaciones del Palacio de Justicia. Sin embargo, el ente acusador no le ha imputado cargos por este hecho.

En 2010, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada, en los caso de Franco Rodríguez y Carlos Rodríguez.

El propio fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que para el proceso en el que ya fue condenado el coronel Plazas no influye en nada el hallazgo de los restos de las tres mujeres que estaban reportadas como desaparecidas. No obstante, el exoficial aseguró en entrevistas recientes en medios de comunicación que las víctimas del Palacio no fueron desaparecidas por sus tropas y que el hallazgo de la Fiscalía confirma que integrantes del M-19 asesinaron a los que actualmente registran como desaparecidos. “Si mis tropas hubieran llegado antes que el M-19 esas personas estarían vivas”, explicó el Coronel. Así las cosas, al igual que el general Arias Cabrales, el único recurso que queda pendiente en este proceso es el de casación.

Al momento de la toma tenía 30 años y era el administrador de la cafetería.

Era la encargada de realizar oficios varios en la cocina.

Era la encargada de realizar oficios varios en la cocina.

Trabajaba en la cafetería. Tenía 30 años de edad y vivía con su esposa y sus cuatro hijas.

Tenía 26 años y era licenciada en Ciencias Sociales. Estaba haciendo un remplazo como cajera de la cafetería.

Trabajaba como mesero en la cafetería del Palacio de Justicia, tenía 24 años.

Era la persona encargada del autoservicio.

Trabajaba como chef de la cafetería. Tenía 30 años de edad.

De 26 años, en el momento de la toma remplazaba a su mamá que era cocinera de la cafetería.

Era una abogada que entró ese día como visitante al Palacio de Justicia.

Tenía 23 años de edad y ese día fue a una entrevista de trabajo en el Palacio de Justicia.

Tenía 23 años de edad y ese día fue a una entrevista de trabajo en el Palacio de Justicia.

Fue una guerrillera del M-19 que hizo parte de la toma al Palacio de Justicia.