A pesar de las críticas, el Gobierno no desiste de los nombramientos de exparamilitares como gestores de paz; estas han sido las reacciones

El gobierno de Gustavo Petro designó a 18 de los más temidos exjefes paramilitares para actuar como mediadores en los procesos de paz con grupos armados ilegales en Colombia, según una resolución oficial.

Los antiguos comandantes de los crueles escuadrones de ultraderecha asumirán el papel de gestores de paz para lograr el desarme de algunas agrupaciones criminales que siguen operando en el país, de acuerdo con el anuncio de la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En el listado se destacó Ramón María Isaza, considerado como uno de los precursores del paramilitarismo en Colombia desde los años 70, en medio de la guerra contra las guerrillas.

También figuran importantes comandantes como ‘Cuco Vanoy’, ‘Macaco’, ‘Don Berna’, ‘HH’ y ‘Jorge 40′.

Se debe mencionar que los 18 excomandantes se desmovilizaron en 2006, pero la mayoría fueron extraditados por narcotráfico a Estados Unidos por orden del entonces presidente de la República Álvaro Uribe.

“Las personas que se designaron como gestores de paz manifestaron su voluntad para contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz”, se afirmó en la resolución.

Luego de regresar a Colombia tras purgar sus condenas en Estados Unidos, los antiguos paramilitares están respondiendo ante la justicia y las víctimas, quienes reclaman verdad, reparación y garantías de no repetición.

El Gobierno Nacional precisó que los 18 paramilitares asumirán ese rol únicamente por seis meses y que su nombramiento no cambia su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes.

Cabe recordar que recientemente se anunció que se iba a nombrar como gestor de paz a Salvatore Mancuso, el máximo comandante paramilitar vivo, deportado desde una cárcel de Estados Unidos en febrero.

La intención de Petro es que Mancuso actúe como mediador ante un eventual proceso de paz con el Clan del Golfo, el mayor cartel de la cocaína, y en las negociaciones en marcha con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que delinquen en el norte del país.

Sin embargo, la oposición critica la política de gestores de paz, pues considera que muchos no tienen mérito para ejercer esa función. En el caso de Mancuso, también rechazan sus denuncias contra el expresidente Uribe en las que vincula al político con la fundación de los escuadrones paramilitares y todo se trataría de una venganza por la extradición.

Una de las voces en contra fue la Representante a la Cámara Katherine Juvinao, quien hizo énfasis en que la declaraciones de Petro son selectivas cuando se trata de paramilitarismo. “El presidente Gustavo Petro describiendo a la perfección a los criminales de lesa humanidad que ahora decidió elevar a ‘gestores de paz’. Según Petro, si el paraco es apellido Uribe debe ser condenado; pero si es Don Berna, el Alemán o El Taladro deben ser aliados”.

No fue una medida bien recibida

Cabe destacar que aun desde el Gobierno Nacional existe preocupación por la decisión, incluyendo a la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien se centró en que de que algunos de los beneficiados se acogieron a la Ley de Justicia y Paz luego de desmovilizarse, pero continuaron delinquiendo, por lo que fueron expulsados por incumplimiento.

“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy gestores de paz a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, criticó la Defensora del Pueblo.

La funcionaria afirmó que para evitar adversidades es importante que la gestoría se desarrolle en el marco de un plan de trabajo muy preciso y público que pueda ser monitoreado, incluyendo el compromiso claro con la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas.

“Los gestores de paz deben reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están ayudando, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial: con la cabeza gacha ante la justicia y ante las víctimas. Ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz”, añadió Marín.

Ante las críticas, el presidente, Gustavo Petro Urrego, aclaró que la designación de los 18 exjefes paramilitares como gestores de paz no les daría beneficios jurídicos, como lo habían manifestado algunos detractores de la medida.

“Cuando decidimos escoger gestor de paz, para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la corte constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición; no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico”, dijo el mandatario, a través de su cuenta de X.

El Presidente explicó que la iniciativa no dará privilegios legales, sino que busca dar una ‘condición’ a quienes fueron determinantes en el paramilitarismo para ayudar a concluir el proceso de paz.

“En esto, la verdad y la reparación genuina de las víctimas es fundamental, dado que en el proceso institucional, se perdieron muchos inmuebles, y aún faltan espacios de verdad”, expresó añadiendo que ser gestor de paz “no es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel”, concluyó el Presidente de la República.