Abogado que tramitó ilegalmente pensiones a 1.000 docentes irá a prisión

El abogado Carlos Eduardo Ochoa Moreno, fue condenado a 16 años de prisión, tras ser declarado responsable de los delitos de peculado por apropiación y estafa agravada.

La decisión estaría relacionada a la presunta dirección por parte del judicializado de un entramado de corrupción que tuvo lugar entre los años 2010 a 2014, con el que pretendía favorecer, de manera irregular, a 1.607 docentes de Cundinamarca.

Las pruebas aportadas permitieron evidenciar que la red ilegal se habría valido de documentación falsa con la cual los docentes podrían acceder a la pensión gracia, aún sin cumplir los requisitos exigidos por la ley como haber mantenido trabajo continuo por 20 años, tener más de 50 años de edad y no contar con pensión alguna u otro beneficio estatal, entre otros.

La Fiscalía General de la Nación logró demostrar que el abogado tramitó ilegalmente el reconocimiento y las reliquidaciones con documentos, historias laborables y certificados salariales espurios y estos mismos habrían sido utilizados para, posteriormente, sustentar las demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Según la investigación, esta situación habría provocado un detrimento patrimonial de $34.000 millones para el Estado en cabeza de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) por la estafa agravada y un peculado de $500 millones.

Dentro de la sentencia condenatoria, la juez encargada del caso, emitió una orden de captura en contra de Ochoa, obligándolo a cumplir la condena en un centro carcelario en Bogotá.

Además, el hombre fue inhabilitado para ejercer funciones públicas y la profesión de abogado por 188 meses, equivalentes a más de 15 años. Adicional a esto le fue impuesta una multa equivalente a 1.631 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) en 2014. Decisión que fue apelada por la defensa del condenado.

Este caso, cuya indagación viene adelantándose desde hace algunos años habría contado con la complicidad de dos funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, quien serían los encargados de avalar el pago de las jubilaciones mediante documentos y certificaciones falsas.

A través de correos electrónicos, los exfuncionarios del gobierno departamental conocían los nombres y datos de las personas a certificar.

Gracias a su labor dentro de la institución contaban con acceso al sistema de la Administración de Cundinamarca, lo que les permitía expedir los documentos.

Ambos implicados en este entramado aceptaron su responsabilidad por los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad de material en documento público y lograron llegar a un preacuerdo con la Fiscalía para rebajar sus condenas.