Alerta de la Defensoría: ya van 29 asesinatos de personas de la comunidad Lgtbiq+ este año

En medio de las múltiples formas de violencia que existen en el país, hay una sobre la que no se suele hablar con tanta frecuencia y que en muchos casos es tolerada o incluso justificada con base en los prejuicios.

De acuerdo con un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, la población Lgtbiq+ es una de las más discriminadas y amenazadas del país. 87 asesinatos de sus miembros se registraron en 2022 y 29 en lo que va corrido de este año.

La Defensoría la califica como violencia por prejuicio, pues se considera que existe una forma ‘normal’ o ‘correcta’ de comportarse como ser humano y todo lo que no encaje dentro de ello debe ser invisibilizado, ocultado o incluso puede ser objeto de agresión.

“El asocio a lo anormal, lo inmoral, el pecado, el delito, la enfermedad, ubica en una supuesta superioridad jerárquica de poder a quien comete y justifica, bajo estos argumentos, actos de prejuicio. Por ello, invisibilizar, aniquilar, eliminar y excluir se convierten en la respuesta social hacia eso que percibimos que hace daño y está contra todo orden de normalidad, configurando violencia por prejuicio contra esta población”, dice el informe.

Según el documento, esta violencia puede provenir de muchas partes. Para comenzar, de las propias familias.

“En parejas heterosexuales, cuando uno de sus hijos se asume como persona gay, lesbiana, bisexual o trans, o se tiene alguna sospecha al respecto, muchas veces los padres tramitan esa relación desde la violencia, buscando imprimir practicas correctivas. Dado a la estructura patriarcal que tienen los hogares colombianos, se detonan unos casos de violencia intrafamiliar bastante fuertes”, asegura Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo.

Una forma usual de violencia es la expulsión del hogar de las personas que expresan su orientación sexual, lo que lleva a que muchas terminen en las calles. En otros casos, las víctimas no se atreven a denunciar por temor a perder la protección de ese hogar.

“En aquellos casos en los que la agresión proviene de otros familiares, madres, padres, abuelas, abuelos, entre otros, denunciar este tipo de violencias lleva, en la experiencia de la delegada, a la pérdida de redes de apoyo y situaciones de desprotección que generan que muchas de estas víctimas no denuncien y se vean sometidas a ambientes prejuiciosos, con amenazas, control, obsesión y violencia económica”, agrega el informe.

Violencia contra los líderes

El informe advierte también sobre la violencia que se ejerce contra las personas que tienen algún tipo de liderazgo entre la población Lgtbiq+.

En este caso, lo que buscan los agresores es evitar que personas que se reconocen como de esta comunidad ejerzan algún tipo de liderazgo o busquen hacer incidencia y movilización en favor de los derechos de esta población.

“Los riesgos que experimentan estos liderazgos van desde el temor por reconocerse y manifestar su orientación sexual, identidades y expresiones de género, hasta el miedo a la exposición pública, las dinámicas de complicidad social de la violencia por prejuicio, la revictimización y el descredito de la acción de las entidades encargadas de la atención, investigación y protección, lo cual limita la denuncia de estos hechos”, dice el informe.

Según la Defensoría, durante el 2022 la entidad acompañó 31 casos de amenazas contra personas Lgtbiq+ que ejercían algún tipo de liderazgo, 16 de los cuales se dirigieron en contra de personas transgénero.

En Colombia existe un importante número de organizaciones defensoras de los derechos de esta población, y es que en el Congreso, a través de los fallos de la Corte Constitucional se han obtenido logros legislativos y para garantizar la defensa de sus derechos, debido a que la situación de violencia contra esta comunidad no es mucho mejor que en los demás países del continente.

Según Caribe Afirmativo, Colombia es el tercer país de más casos de homicidios y feminicidios a personas Lgtbiq+ después de Brasil y de México, y un poco antes que Honduras.

“La Fiscalía nos respondió a un derecho de petición que en todas sus unidades se recibieron un total de 3.645 denuncias de amenazas de vida contra estas personas en 2022, lo que da un aproximado de que en este país al día se amenazan 10 personas”, expresó.

Los departamentos con mayor número de agresiones contra esta población según la Defensoría en 2022 son: Antioquia, Bogotá, Cauca, Caldas, Magdalena, Santander, Bolívar, Nariño, Norte de Santander y Valle.

Violencia institucional

Finalmente, advierte la Defensoría sobre una forma de violencia que preocupa, que es la que ejercen las propias instituciones.

“En la mayoría de los casos, la respuesta institucional consiste en alejarse de su rol como tercero imparcial, para situarse al lado del agresor y disminuir aún más a esta población, ya sea humillando, descalificando, culpabilizando, jerarquizando o naturalizando la violencia por prejuicio, desconociendo sus competencias relacionadas con la protección integral de esta población y la aplicabilidad del enfoque de género y de orientaciones sexuales e identidades de género”, señala.

Sobre este aspecto, además de la revictimización en que incurren algunos funcionarios a causa de sus propios prejuicios hacia esta población, se suma la falta de políticas institucionales que permitan superar estas barreras de acceso a la protección.

“La escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia por prejuicio, así como la falta de contratación de equipos institucionales y profesionales especializados enfocados en la atención de los derechos de esta población, la falta de sistemas de información sensibles al género y la escasa implementación de la política pública por parte de las entidades nacionales y territoriales, ha generado un escenario de mayor vulnerabilidad de derechos de estas personas”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Castañeda agregó: “El Estado tiene que asumir su tarea con seriedad y no puede quedarse de brazos cruzados por lo que hacen las organizaciones sociales. Algunos documentamos los casos, acompañamos a las víctimas con atención psicosocial y jurídica, otros ofrecen formación, educación y acceso a empleo. Lo ideal es que el Estado asuma esta tarea porque se trata de ciudadanos”.