Así está quedando el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno Petro

En un documento de trece páginas, dado a conocer la semana pasada, el Consejo de Política Criminal le dio luz verde al proyecto de ley con el que el Gobierno de Gustavo Petro busca desmantelar a las bandas narcotraficantes que se vinculen a la llamada Paz Total.

Esa iniciativa es clave para los propósitos del Ejecutivo, pues les otorga rebajas de penas carcelarias que irían de seis a ocho años, con un componente de sentencia restaurativa, y establece que quienes se sometan puedan quedarse hasta con el 6 % de las fortunas ilegales que amasaron durante su actividad ilegal.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que esta propuesta, que será presentada al Congreso de la República en los próximos días, recoge casi la totalidad de las observaciones que hizo el Consejo de Política Criminal y todas las que hizo la Fiscalía General.

“El proyecto queda mucho más nutrido y estará a disposición del Congreso. Son todas recomendaciones muy atinadas, que enriquecen un proyecto de ley que es importante, ya que tiene la finalidad de ir llevándonos a una Paz Total”, dijo el funcionario.

Además, con la llegada de este concepto -que en todo caso no es vinculante-, el Gobierno podrá radicar la iniciativa y comenzar a darle trámite para formalizar los procesos de acercamiento que ya se tienen con varias de estas organizaciones delictivas, entre ellas el Clan del Golfo.

Lea además: Las graves denuncias del Director de la UNP luego del atentado que sufrió esta semana

En todo caso, si bien se le da el aval a la norma, establece unas críticas que coinciden con las hechas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y la procuradora general, Margarita Cabello. Una de ellas, y de fondo, está relacionada con las penas.

“Se alienta, por otro lado, a que se establezca una precisión de la responsabilidad penal individual, y es que, si bien el proyecto se enfoca en una sujeción colectiva de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, en el articulado se hace referencia, por ejemplo, a que “son obligaciones colectivas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto para acceder al tratamiento penal”, lo cual llevaría a pensar en una responsabilidad penal de la estructura y no de la responsabilidad de personas naturales”, se lee en el concepto del Consejo de Política Criminal.

Otro de los reparos que pidió que sean corregidos durante el debate legislativo es que se dé más claridad sobre cómo operar cuando las sujeciones o desmantelamientos sean parciales.

“Se avizoró una falta de previsión cuando de sujeciones parciales se trata. En efecto, el proyecto de ley parte del supuesto de una sujeción integral de las estructuras y el cumplimiento completo de las obligaciones previstas en los artículos 10 y 11 por parte de todos sus miembros. Sin embargo, no se hace referencia al escenario donde exista una parte del grupo que no desee someterse o que incumpla con las obligaciones de acceso. Tampoco se dice si ello conlleva a un incumplimiento por parte de todo el grupo, que trae como consecuencia impedir el acceso a este mecanismo por quienes sí cumplan”, se agrega en el documento que ya está en poder del ministro Osuna.

También hace observaciones en torno a que no se establece a qué estructuras de crimen de alto impacto se quiere llegar y a que los derechos de las víctimas se ven limitados.

Otro punto de discusión es la falta de claridad sobre la aplicación del principio de oportunidad, por lo que el Consejo de Política Criminal pide una revisión a ese recurso frente al delito de concierto para delinquir agravado, porque podría resultar contrario en casos como la tortura y el genocidio.

“No se aborda la posibilidad de reponer o apelar la aplicación del principio de oportunidad a los integrantes de las estructuras organizadas armadas de crimen de alto impacto, mas si se tiene en cuenta que esta figura, la del principio de oportunidad, se torna basilar en el tratamiento que se busca brindar a los integrantes de estas organizaciones”, fue la crítica consignada en el documento.

Además, se advirtió sobre el planteamiento de los artículos 28 y 42 del proyecto, porque se podría dar una extralimitación de las competencias de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Por eso, si se aprueba como está la norma, sería contrario al Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc.

A todo esto se suma una advertencia puntual: se debe aclarar si los integrantes de estas estructuras armadas de alto impacto serán objeto o no de extradición en caso de que lleguen a ser requeridos por otros Estados.

Finalmente, el Consejo “alienta a que se revise la posibilidad de eliminar a la Policía Nacional de su participación en la adecuación de pabellones especiales en los establecimientos de reclusión, por cuanto no son una autoridad penitenciaria ni tienen competencias en la materia”.