Así van los procesos judiciales por crímenes cometidos durante el paro nacional del 2021 en Cali

Hoy se cumple un año de haberse iniciado el Paro Nacional. En la mañana del miércoles 28 de abril de 2021 Cali se levantó con la noticia que la estatua de Sebastián de Belalcázar ya no estaba en su pedestal, pues había sido derribada por un grupo de indígenas misak. Ese episodio fue el comienzo de un poco más de dos meses de violentas protestas y bloqueos en todo el país.

Según la Fiscalía General de la Nación, durante el Paro Nacional en todo el país se registraron 29 homicidios, cifra que es diferente a la reportada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, que asegura que fueron 83 los homicidios relacionados directamente con las movilizaciones.

Según datos de la Fiscalía, 16 de los 29 homicidios cometidos, durante las protestas ocurrieron en Cali, mientras que en otros municipios del Valle se presentaron cinco. También revelaron que tres asesinatos tuvieron lugar en Cundinamarca y tres más en Bogotá. En Popayán e Ibagué se tiene reporte de un homicidio.

Entre las víctimas hay al menos un menor de edad, tres integrantes de la Policía Nacional, uno del CTI y un indígena.

Por estos homicidios se han desarrollado 19 imputaciones lo que, según la Fiscalía, representa un avance de esclarecimiento del 58,6 %.

Según Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali, “la Policía, a través de las Sijín, está recolectando el recaudo probatorio. Creo que Cali tiene el más alto índice de resultados en investigaciones y la efectividad está por encima del 80 %. Los casos no avanzan a la velocidad que uno quisiera porque hay que buscar personas, hacer reconocimientos en cámaras, tomar testimonios, dar el debido proceso y ofrecer el derecho de contradicción, sin embargo, considero que hay una muy buena efectividad”.

Así avanzan algunas investigaciones de hechos ocurridos en Cali.

El homicidio del patrullero de la Policía Carlos Andrés Rincón fue uno de los que más impacto tuvo en la ciudad.

Las investigaciones permitieron evidenciar que a las 8:30 p.m. del 3 de junio de 2021, el uniformado se movilizaba en su moto por la Avenida Ciudad de Cali con carrera 1, al oriente de la ciudad. En ese momento fue interceptado por un grupo de siete personas, quienes lo intimidaron con armas de fuego y, tras verificar que se trataba de un miembro de la Fuerza Pública, los sujetos lo llevaron contra su voluntad hacia el sitio conocido como Punto Cero. Allí la víctima fue golpeada, dejada en estado de indefensión y su cuerpo fue arrojado al río Cauca.

El cadáver del patrullero fue hallado cuatro días después, a la altura de la vereda Piles, en jurisdicción del municipio de Palmira.

Por este caso, la Fiscalía informó que fueron cuatro las personas que participaron en el asesinato y desaparición del patrullero. Los responsables habrían sido: John Michael Cardona, Cristian Andrés Cortés, Carolina Montaño y Daniel Alejandro Aguirre.

Con base en el material probatorio recaudado, el ente acusador les imputó cargos a los posibles involucrados, en calidad de coautores, por los delitos de tortura, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, partes o municiones; y desaparición forzada. Ninguno aceptó su responsabilidad.

En octubre del año pasado, un Juez de Cali revocó la medida de detención domiciliaria que había sido impuesta a Carolina Montaño y Cristian Andrés Cortés. El alto tribunal ordenó el traslado de Montaño al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, y de Cortés a la de Villahermosa, en Cali. Todavía no hay una condena.

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Yeison Fabián Muñoz, a quien lo acusan de participar en las agresiones que le causaron la muerte a un funcionario del CTI, en hechos ocurridos el 28 de mayo de 2021, en el sector La Luna, en Cali.

Según el ente acusador, la evidencia fílmica y el material de prueba obtenidos por la Policía, permitieron establecer que el servidor Fredy Bermúdez Ortiz, fue perseguido y atacado con armas contundentes y cortopunzantes por un grupo superior a 20 hombres. El funcionario fue alcanzado y lanzado al piso, donde quedó herido por la multiplicidad de agresiones que recibió con diferentes elementos.

Sin embargo, El País conoció que la defensa de Yeison Fabián Muñoz logró que la Fiscalía lo dejara en libertad la semana pasada, pues los abogados expusieron una serie de pruebas en las que se evidenciaría que el joven no sería el asesino del funcionario del CTI.

“Hay imágenes que tiene la Fiscalía en las que aparece un individuo golpeando en la cabeza al integrante del CTI. Son seis o siete patadas las que le proporciona. Sin embargo, es curioso que a ese personaje no lo detuvieron y, de acuerdo con Medicina Legal, la muerte del servidor público se produjo por broncoaspiración, es decir, que la víctima se ahogó con su propia sangre”, aclaró el abogado de Muñoz.

Lo que admite la defensa de Muñoz, es que su cliente sí golpeó en el pecho, en cuatro oportunidades, a la víctima, pero “de acuerdo con Medicina Legal, el occiso no tenía ninguna lesión cercana al pecho, pues todos los golpes se centraban en la cabeza, nariz y ojos. Inclusive, a un perito se le preguntó si las patadas que Yeison le propinó al funcionario le hubieran podido causar la muerte y dijo que no”.

Andrés Escobar, señalado de disparar contra civiles en Ciudad Jardín durante el Paro Nacional, había sido citado hace tres semanas a una audiencia de imputación de cargos por presunta usurpación a funciones públicas y amenazas agravadas.

La Fiscalía alcanzó a imputar los cargos, pero el Juzgado ni avaló ni rechazó la petición, ya que en lo que pareciera ser una maniobra dilatoria por parte de Escobar y su defensa, el abogado renunció durante la diligencia. Por este motivo, la audiencia fue suspendida y quedó para el lunes 16 de mayo de 2022.

No avanzan los casos de Kevin Agudelo y Nicolás Guerrero
La noche del 3 de mayo de 2021 fue una de las más violentas en el marco de las manifestaciones. Una incursión conjunta de funcionarios de la Policía Nacional y miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Goes) intervino en una velatón que se estaba desarrollando en Siloé, Comuna 20 de Cali.

En dicha intervención perdió la vida Kevin Agudelo, un joven futbolista de 22 años quien hace poco había terminado de estudiar electricidad en el Sena.

Lina Peláez, abogada que representa a la familia que Kevin, explicó que el caso está en la Fiscalía 94 y solo ha avanzado hasta la etapa de imputación. El coronel Édgar Vega, quien fuera comandante operativo de la Policía en Cali, y el comandante de operaciones especiales, el teniente Néstor Mancilla, están vinculados al proceso por el delito de homicidio en posición de garantes.

De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la posición de garante es “la situación en que se encuentra una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable”.

“La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento por lo que la representación de víctimas lo hará en la próxima audiencia, pues ha sido aplazada en varias oportunidades por excusas de la defensa del coronel Edgar Vega. Los elementos dilatorios de la defensa han sido excusas médicas e inasistencias, hechos que no han permitido que se termine la primera etapa, es decir, la imputación y la solicitud de la medida de aseguramiento”, explicó la abogada Lina Peláez, y agregó que la próxima audiencia será el 9 de mayo.

Otro de los casos que lleva la abogada Peláez es el de Nicolás Guerrero, un joven, también de 22 años, que murió luego de recibir un disparo en la cabeza en medio de las manifestaciones y bloqueos que se desarrollaron en la zona de Paso del Comercio, en inmediaciones de la 14 Calima, el 2 de mayo.

“Este caso no ha llegado todavía a la fase de imputación. Parte de las solicitudes a la Fiscalía es que se avance en ese proceso porque allí habría participación del Esmad”, sostuvo la abogada, y añadió que la familia de Nicolás se encuentra muy preocupada porque no hay celeridad y la investigación ha avanzado poco.

“No hay avances en el cotejo balístico y tampoco en otras pruebas periciales. No hemos tenido resultados contundentes luego de un año de iniciar esta investigación. Considero que en este momento ya se debería tener más claridad sobre la teoría del caso por parte de la Fiscalía”, finalizó Lina Peláez.

El proceso de Lucas Villa, quien fue asesinado durante un tiroteo en el viaducto de Pereira, no ha tenido mayores avances. De acuerdo con el fiscal Francisco Barbosa, en entrevista con Colprensa, en este caso se asignó un equipo multidisciplinario: fotógrafos, psicólogos, forenses, ingenieros, sistemas perfiladores y una fiscal delegada ante un tribunal para obtener materiales de prueba.

“Tuvimos dificultades por la alteración de la escena debido a la aglomeración de personas. Hubo fallas en las cámaras, no hubo recolección de balística ni en cuerpo ni en el lugar”, explicó el fiscal Barbosa.

Otro de los casos es el de Marcelo Agredo, de 17 años, quien fue asesinado el 28 de abril por un uniformado. El Policía Luis Piedrahita Hernández le propinó un disparo en la cabeza, luego de que la víctima le diera una patada. Un juez de garantías, en mayo de 2021, lo envió a la cárcel tras la imputación de la Fiscalía por homicidio.