Bandas delictivas estarían montando falsos retenes en las vías del país para exigir altas sumas de dinero a los conductores

En los últimos días ha ido aumentando los casos de denuncia por retenes ilegales que ha sufrido la ciudadanía, quienes mencionan que conducir se ha vuelto una preocupación, especialmente para quienes han comprado un vehículo de segunda o que en algún momento pasaron por un proceso de embargo.

Algunos ciudadanos mencionan que se han sentido perseguidos por empresas de cobranza que articulan con complicidad de algunos funcionarios públicos, en la que estos retenes ilegales muchas veces terminan pidiendo grandes sumas de dinero para evitar la inmovilización de su medio de transporte.

Estos casos se han registrado en las vías que conducen de Bogotá a Medellín, Villavicencio, Boyacá y Cali, entre otras, en las que se vienen presentando retenes en que personas con el uniforme de la Policía Nacional, en compañía de un civil, detienen a algunos conductores para luego señalar que el carro que tienen aparece en un listado de bienes a embargar. Luego de esto, obligan al conductor a bajarse, entregar la propiedad, que según ellos, existe una orden de impedir que siga rodando.

Por lo que, algunas personas sienten presión y entregan el vehículo, firman unos documentos, y al final cuando se ponen a leer los papeles detenidamente, se percatan de que todo se trababa de un montaje porque en realidad su vehículo no debería de ser inmovilizado, y ya para ese entonces es difícil encontrar a los responsables.

Otro caso es que, si la persona se niega entregar el automóvil, ofrecen la opción de dar algo de dinero para dejarlos pasar, todo esto bajo cuerda. Uno de los denunciantes consultados por la revista Semana, relata que su camioneta de alta gama está avaluada en 380 millones de pesos y la compró en 300 porque era de segunda, pero “cuando me dijeron que si no quería que me la quitaran tenía que darles 20 millones de pesos, yo llamé a mi familia para que me ayudaran a reunir el dinero”.

Además, si los presuntos policías no mencionan que tiene orden de embargo, dicen que el vehículo en el que se movilizan aparece reportado como hurtado. Con esto extorsionan a las personas, amenazándolos de que si no quieren perder el vehículo deben de hacer lo que ellos les indiquen.

El pasado sábado, 6 de abril, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, logró la captura de dos oficiales de la Policía que habían parado a unos ciudadanos a quienes extorsionaron por la suma de 10 millones de pesos. Les quitaron los celulares y solo podían usarlos nada más para pedir a sus amigos que consiguieran la plata, y así se les devolvería los dispositivos solo hasta que se realizara el desembolso.

Sin embargo, este par de uniformados no contaron que mientras el conductor le seguía la corriente, se comunicaba con la Fiscalía para denunciar este hecho. Así fue como los uniformados fueron capturados en fragancia en el momento en el que recibían el dinero de la extorsión. Debido a eso se les decomisaron la moto de la Policía, las pistolas y los teléfonos celulares.

Ante estos hechos, los embargos que tienen algunos ciudadanos se está prestando para que delincuentes puedan llevar a cabo estas diferentes modalidades de robo y extorsión. Las autoridades investigativas han identificado lo siguiente: se venden un carro a un valor mucho más bajo que el comercial, le advierten al comprador que está en un proceso jurídico, que posiblemente terminará en embargo, pero que eso está proyectado a que suceda en diez años.

Ante esta situación, investigadores privados de Private Investigation Technology S. A. S., PTC, fuente consulta por Semana, aseguran que empresas como Captucol utilizan la modalidad de seguimiento con el objetivo de revisar las placas desde las avenidas más transitadas y así identificar alguna que esté en procesos jurídicos. Empiezan seguimiento de días para tener conocimientos por dónde se mueven y así luego ir con las autoridades competentes y abordarlos. “No siempre tienen la información actualizada y se termina intimidando a personas a las que no tienen que embargarles nada”, explicó Jeison Villamil, director de PTC.

Jairo Aranza, gerente de Captucol, confesó al medio citado que el seguimiento que se hace en medio del servicio que presta a entidades financieras con el fin de la devolución del vehículo, para que el cliente los entregue voluntariamente o sean recuperados mediante un proceso judicial.

“Claro que tenemos motorizados o personas en carros que se encargan de recoger los vehículos que la Policía ha inmovilizado”. Sin embargo, se contradice al decir que son ellos los que alertan a las autoridades de dónde están los vehículos, “cuando los vemos, llamamos inmediatamente al 123 para que nos envíen un cuadrante. Nosotros estamos ubicados en las principales vías”.

A su vez, agregó que las retenciones ilegales “son un tema viejo y complicado en la Policía Nacional porque muchos hacían inmovilizaciones con embargo y no con orden de captura, y claro que se iban capturas irregulares. Seguramente nosotros caímos en eso, pero le estoy hablando de hace unos cinco años”.

Ante esto, el directivo de Captucol dejó claro a la revista Semana que esta entidad no realiza retenes, ya que eso solo es labor de la Policía y resaltó que hoy en día son extremadamente cuidadosos en los procedimientos. Por eso, invita a la ciudadanía a denunciar si se considera víctima de un proceso irregular.

Cabe entonces resaltar que, los únicos que tienen la capacidad para retener un vehículo en calidad de embargo son la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional mediante orden de un juez de la República; quien lo haga de manera diferente, estaría violando el debido proceso.

Fuentes de la Fiscalía, de manera extraoficial, le confirmaron a Semana que se está adelantando una línea de investigación para determinar si hay una confabulación entre delincuentes y autoridades para quitar los vehículos en proceso de embargo y revenderlos, dado que tienen acceso al sistema y pueden identificar en las vías a quién parar y a quién no.