Cae red señalada de emitir irregularmente certificados de conducción. Fiscalía ya tomó medidas cautelares

La Fiscalía General del Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 4 establecimientos de comercio, 36 vehículos y 1 inmueble que pertenecerían a una red delincuencial señalada de emitir irregularmente certificados de conducción.

Las propiedades, avaluadas preliminarmente en $ 2800 millones, están ubicadas en Puerto Asís, Mocoa, Villa Garzón y Valle del Guamuez (Putumayo). Los elementos de prueba indican que la organización ilegal afectada constituyó en el año 2013 una academia de conducción en ese departamento con un patrimonio que no superaba los $ 7 millones. Sin embargo, seis años más tarde reportaba activos por más de $ 1860 millones, representados en sedes en diferentes municipios.

En el curso de la investigación se logró establecer que la institución certificaba como aptas para conducir a personas que no realizaban los estudios respectivos ni asistían a las clases teóricas y prácticas. Asimismo, eran falsificadas las huellas digitales, se suplantaban identidades y se alteraban documentos públicos para facilitar la expedición de las licencias.

Por estos hechos, la Fiscalía logró la captura y judicialización de doce personas, quienes están vinculadas formalmente por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, acceso a sistema informativo y enriquecimiento ilícito de particulares.

El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que este operativo hace parte de la estrategia ‘Argenta’, que tiene el propósito “de impactar las finanzas del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia”.

Como parte de esta estrategia, esa entidad recientemente (21 de diciembre) ocupó 6016 predios urbanos y 1946 rurales; 927 establecimientos de comercio; 18.317 semovientes; 475 sociedades y 2859 vehículos, embarcaciones y aeronaves, avaluados en más de $ 30 billones, siendo uno de los operativos más grandes registrados en el año.

Según informó el propio Fiscal General, este logro se dio gracias al trabajo conjunto realizado por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y los equipos de Policía Judicial del CTI y de la Policía Nacional.

Asimismo, señaló en un comunicado que a las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de los recursos naturales se les han arrebatado activos que superan los tres billones de pesos. También, a las redes dedicadas al contrabando y a otros delitos económicos, propiedades avaluadas en más de dos billones de pesos.