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Capturada red de tráfico de libretas militares. Coroneles activos del Ejército harían parte de la organización
Según las investigaciones adelantadas por la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía, los integrandes de la red perfilaban jóvenes con un perfil económico alto.
En las últimas horas fueron capturadas 14 personas, entre ellas dos coroneles activos del Ejército, quienes al parecer hacían parte de una red de tráfico de libretas militares.
De forma exclusiva Semana conoció que entre los detenidos se encuentra el coronel Augusto Herbert Ruiz, quien ya había sido evaluado para general y cuyo ascenso fue frenado mientras se desarrolla la investigación, según fuentes cercanas al proceso. El último cargo de Ruiz fue como comandante de la Segunda División del Ejército en Bucaramanga.
El otro coronel activo capturado fue identificado como Javier Andrés Barrero Chavarro, quien estaba en fase de entrenamiento en la base militar de Tolemaida.
La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía, que lideró la investigación, señaló que la red venía delinquiendo, al parecer, desde hace más de cinco años. Durante este tiempo al parecer se tramitaron más de 11.600 registros de definición militar y más de 10.700 libretas militares para jóvenes con perfiles económicos altos.
Todo indica que en las unidades donde se encontraban los presuntos integrantes de la red detallaban a los jóvenes que llegaban bien vestidos y que además eran estudiantes de colegios privados con un perfil económico alto, a quienes les ofrecían sacarles la libreta militar sin necesidad de prestar el servicio militar y liberarse de los engorrosos trámites y papeleos a cambio de pagar sumas entre los $2 millones y 38 millones.
De acuerdo con la investigación judicial, luego de que recibían el dinero, los mienbros de la red manipulaban el sistema de la plataforma Fenix de reclutamiento y allí cargaban los datos y documentación para que los jóvenes que les habían pagado, obtuvieran la libreta militar de segunda categoría.
La investigación, que completó 10 meses en esta segunda fase, arrojó que, al parecer, los coroneles, en su calidad de oficiales superiores, aprovechaban sus cargos para obtener la información de los jóvenes que buscaban resolver su situación militar sin prestar el servicio.
De acuerdo con la información que reposa en el expediente de las autoridades judiciales, por cuenta de las maniobras presuntamente ilegales de la red de tráfico de libretas, el Ejército habría dejado de recibir más de $ 22.000 millones en los cinco años que aparentemente funcionó la organización.
Al conocer el daño patrimonial al Estado, las autoridades judiciales también iniciaron un proceso de extinción de dominio contra algunos integrantes de la red, a quienes les decomisaron 41 bienes, entre apartamentos, vehículos y sociedades que hasta el momento no han podido justificar. Estas propiedades estarían avaluadas por un monto cercano a los $ 14.000 millones.
En contra de la organización las autoridades tienen más de 500 mil horas de audio; 150 elementos de prueba de las fases 1 y 2 cuentan con evidencia digital, búsqueda selectiva en bases de datos, auditorías, mensajes de texto, comunicaciones internas dentro de la organización, entre otras pruebas.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Semana, la red de tráfico de libretas habría logrado vulnerar los 32 controles internos que tiene el área de reclutamiento en el sistema en donde cargaba los datos de los jóvenes que pagaban por la libreta. La impresión de este documento se hacía en un sitio clandestino ubicado en la ciudad de Medellín.
Dentro de los capturados también se encuentra un teniente activo, quien en la actualidad se desempeñaba como el asesor jurídico del Ejército en el departamento de Boyacá. Los capturados deberán responder por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir, uso abusivo del sistema informativo y falsedad en documento público.
Las capturas se registraron en Florencia (Caquetá), Medellín (Antioquia), Bogotá (Cundinamarca), Tunja y Samacá (Boyacá), Cali y Palmira (Valle), Valledupar (César) y Villavicencio (Meta). Los detenidos son presentados ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definir su situación jurídica.
