"Caso de Santoyo indigna a la sociedad": Procurador Alejandro Ordóñez

El jefe del Ministerio Público dijo que las autoridades colombianas deben solicitar a Estados Unidos el material probatorio contra el exjefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe. Entre tanto, el Consejo de Estado calificó el caso de Santoyo como un hecho "lamentable".

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, manifestó que el caso del general (r) Mauricio Santoyo, quien se declaró culpable en Estados Unidos de colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia, es una vergüenza para el país. Ordóñez dijo que la confesión de Santoyo "indigna a la sociedad y nos hace reflexionar profundamente, porque las consecuencias de los actos son mayores en la medida en que mayores obligaciones e investidura tenemos".Además, el jefe del Ministerio Público pidió a las "instituciones nacionales obtener los insumos probatorios de los procesos en Estados Unidos" contra el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, para que se adelanten investigaciones en Colombia contra el oficial y las personas que le hayan colaborado en su actividad delictiva. Entre tanto, el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez Aranguren, calificó de lamentable el hecho de que el general retirado Mauricio Santoyo responda primero ante la justicia de Estados Unidos y no de Colombia.Explicó que la idea de la justicia transnacional es que los delincuentes primero rindan cuentas en el país donde delinquieron. "En nuestro país pasa lo contrario, van a los Estados Unidos y luego vienen por si acaso a cumplir penas aquí. Es un defecto estructural que tenemos que superar", señaló.Igualmente, aseguró que con el caso del general Santoyo es "el país el que queda muy mal" porque se trataba de un oficial de las primeras calidades y que ascendió a pesar de que había sido investigado."Tenía el honor de ser general de la República, el jefe de seguridad del primer mandatario de la República, eso dice muy mal de la situación que viven nuestras autoridades. Eso implica una reconstrucción moral de todo el país que hay que afrontar. La delincuencia a veces proviene de sectores poderosos, un general de la República es un sector que tiene poder, y que debería tener en el poder judicial una respuesta de control a sus conductas", señaló.Y es que, en criterio del magistrado Gómez, los colombianos apuestan y creen en las autoridades propias y el hecho que la justicia nacional no haya producido ningún resultado en casos como este, generan un resquebrajamiento en la sociedad."Necesitamos una justicia fuerte o vendrán de afuera a aplicarnos la justicia", dijo al cuestionar figuras como la extradición en la que se prioriza los delitos cometidos en el exterior."Es muy lamentable la extradición como primera dosis de respuesta frente a los delitos. No puede ser la extradición la primera respuesta, tiene que ser la justicia colombiana con sus códigos y sus penas y luego sí en el exterior", dijo.Proceso en el Consejo de Estado podría acelerarseActualmente, en el despacho del magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Germán Arenas Monsalve, cursa la demanda que la defensa del general Santoyo presentó a la sanción que la Procuraduría le profirió en 2003 por avalar que hombres a su cargo tramitaran ante las Empresas Públicas de Medellín cerca de 1.800 interceptaciones telefónicas ilegales con autorizaciones de fiscales falsas.Motivo de esa demanda, en el 2006 el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de esa sanción pero no su reintegro, y en 2007 Santoyo ascendió a general. Ese proceso que ha estado quieto, podría acelerarse según señaló el magistrado Gómez, debido a la trascendencia nacional que ha tenido.En este proceso difícilmente podrían ser acopiados como nuevas pruebas los hechos que el propio general Santoyo aceptó en los Estados Unidos, la colaboración con los paramilitares, ya que desde el punto de vista procesal se tendría que pedir el material a ese país y legalizarlo. En últimas dependería del magistrado ponente hacer este proceso.Ahora, lo que sí podría suceder, es que la suspensión de la sanción disciplinaria sea levantada o bien por los magistrados en el análisis del actual caso, o en el análisis del caso que se generaría si es demandado por cualquier ciudadano el acto administrativo que suspendió la sanción.