Cinco alcaldes aceptaron responsabilidad por red de corrupción que salpica a Mario Castaño

El fiscal Francisco Barbosa confirmó que en la tercera fase de investigación que se sigue contra la presunta red de corrupción liderada por el capturado senador Mario Castaño, 21 personas fueron judicializadas, entre las que se encuentran siete alcaldes, cuatro funcionarios públicos y 10 contratistas.

Dentro de las personas judicializadas, según el fiscal Barbosa, 13 aceptaron cargos, entre ellos los alcaldes de Piendamó y Suárez, Cauca; la Merced y Villamaría, Caldas; y Alcalá, Valle del Cauca.

De acuerdo con el material de prueba de la Fiscalía, Castaño, a través de algunos de sus presuntos colaboradores, lograba que entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones. A cambio, las administraciones municipales al parecer, beneficiaban y direccionaban la contratación a unos aspirantes específicos, quienes pagaban dádivas que, presuntamente, eran distribuidas entre los partícipes esta red criminal.

“Este grupo de personas destinaba recursos que alcanzaban entre 1.000 y 4.000 millones de pesos para hacer obras civiles como pavimentar calles, alcantarillados, parques”, dijo el fiscal Barbosa.

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En el caso de la alcaldesa de Alcalá, Gloria Raigoza, la evidencia indica que se presentaron actos ilícitos en el municipio en la celebración de tres contratos, que ascendieron a 4.702 millones de pesos.

Entre estos, se destacan las irregularidades presentadas en el contrato para la construcción de obras de estabilización de taludes en el sector conocido como Bélgica que tuvo un costo de 4.533 millones de pesos. "Lo firmado estuvo amparado bajo el decreto de calamidad pública en diciembre del año pasado", indicó la Fiscalía. 

Asimismo, se investiga la compra de una ambulancia por un valor cercano a los 215 millones de pesos y un contrato para estudios de riesgo y diseños de obras de estabilización de terrenos por valor de 18 millones.

Es por esto que un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos a la alcaldesa de Alcalá, Gloria Raigoza. Los cargos fueron aceptados por la mandataria, quien recibió medida de aseguramiento domiciliaria.