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Clan del Golfo se adjudicó el ataque contra helicóptero que transportaba a comisión de la Procuraduría en Tierralta, Córdoba
El comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, confirmó que mediante la revisión técnica del helicóptero, los indicios apuntaron que el Clan del Golfo es el responsable de este ataque armado.
De acuerdo con información del Ejército Nacional, el Clan del Golfo se adjudicó el ataque a bala contra el helicóptero que transportaba a la comisión de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en Tierralta, Córdoba.
El comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, confirmó que mediante la revisión técnica del helicóptero, los indicios apuntaron que el Clan del Golfo es el responsable de este ataque armado, esto debido al material recopilado, es decir, la ubicación del incidente, el tipo de disparo y otros elementos.
“El sector en donde fue impactado el helicóptero es un corredor del narcotráfico y, teniendo en cuenta que es un corredor del narcotráfico, activamos la inteligencia técnica. Por inteligencia técnica se pudo establecer ya que el Clan del Golfo se adjudica el hecho. Situación que una vez fue conocida por parte del comando de la Séptima División, se entregaron las pruebas a la Fiscalía General de la Nación”, confirmó el general Ospina.
Cabe mencionar que luego de los hechos conocidos en el municipio de Tierralta, donde presuntos militares del Ejército intimidaron a la comunidad, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que llamarán a interrogatorio a 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de la Décimo Primera Brigada del Batallón de Infantería Número 83
Precisamente, en las labores de investigación por este caso, el fiscal criticó fuertemente al Gobierno y el Ejército por el ataque al helicóptero que llevaba 20 funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y otras entidades. En su argumento, la justicia no tiene garantías en el país.
“Rechazamos el ataque porque lo que denota es que no existen garantías de investigación en Colombia, que el Ejército Nacional no le da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General de la Nación”, expresó.
Barbosa aseguró que, además de estos hechos y los acontecimientos sucedidos en Tuluá, donde atacaron al edificio de juzgados penales, es muy grave que el gobierno de Petro se está paramilitarizando.
“Un estado de derecho donde la rama judicial del poder público no puede ejercer sus funciones es un estado de derecho fracturado (...) Los actos urgentes se van a adelantar a pesar de los obstáculos que quieran poner diferentes sectores” indicó.
Finalmente, el fiscal general dijo que, tras la situación, se enviará, junto a la procuradora Margarita Cabello, un documento directamente a presidente Gustavo Petro “manifestándole esa preocupación, de que miembros no solamente de la Procuraduría, sino de la Fiscalía, como Rama Judicial del poder público, no puedan cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional”.
Es tan preocupante la situación en esta zona del país donde ocurrieron los hechos que el fiscal Barbosa aseguró que allí “opera una subestructura criminal del Clan del Golfo, que es la Javier Yepes Cantero, y al día de hoy tenemos 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus miembros y comandantes en esa zona del país. Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zonas rurales para sacar a los criminales de las zonas, no para atemorizar a la ciudadanía”.
¿Qué responden el presidente y las Fuerzas Militares?
“Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la Fuerza Pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo Ejército quien debe presentar públicamente, al lado del Gobierno, su propia investigación en estos hechos”, expresó.
Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, señaló que se dio la instrucción a la inspección del Comando General de la Fuerzas Militares de enviar una comisión de alto nivel para verificar la situación y se puso en conocimiento de las autoridades competentes.
*Con información de Colprensa.
